La tragedia ocurrida en la tarde del jueves 15 de enero en la avenida carrera 68 con calle 72, en Engativá, no solo dejó tres personas muertas —dos adultos mayores ajenos a los hechos y un presunto delincuente—, sino que abrió un complejo debate jurídico sobre los límites de la legítima defensa y las consecuencias penales de la justicia por mano propia.
El caso
Todo comenzó con un robo. Según las cámaras de seguridad del sector y el relato que el propio conductor entregó a la Policía, dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron mientras iba en su camioneta con su familia y lo obligaron a entregar joyas y su celular. Tras el hurto, los asaltantes emprendieron la huida, y fue entonces cuando la víctima decidió seguirlos, una decisión que minutos después terminaría en tragedia.
Esa decisión marcó el punto de quiebre del caso.
Durante la persecución, se produjo un choque en cadena que involucró varios vehículos. La motocicleta de los asaltantes terminó impactando contra un automóvil en el que viajaban Clara Lucía León y Santiago Rodríguez, ambos de 68 años, quienes se dirigían a una cita médica. Él murió en el lugar y ella falleció horas después en un centro asistencial. Uno de los presuntos ladrones también perdió la vida.
¿Fue legítima defensa?
Rafael Quintero, abogado penalista, explicó a El Espectador que la legítima defensa tiene límites muy precisos en el derecho penal colombiano y que no toda reacción frente a un delito encaja dentro de esta figura.
Según el experto, para que exista legítima defensa, la agresión debe ser real, actual e inminente, y la respuesta debe darse en ese mismo momento, como un acto necesario para proteger la vida o la integridad personal. “La defensa tiene que ser inmediata. No puede darse cuando el peligro ya pasó, eso es clave”, señala.
En este caso, de acuerdo con el análisis jurídico, la agresión habría terminado una vez consumado el robo y los delincuentes huyeron con las pertenencias. Desde ese punto, el riesgo directo para la víctima desaparece y cualquier acción posterior deja de ser defensa para convertirse en persecución.
“El problema radica en que ya no se trataba de repeler un ataque, sino de una reacción posterior. Ahí la conducta puede interpretarse como una forma de venganza”, explicó Quintero. El Código Penal, agregó, es claro en que la defensa debe ser indispensable y no puede confundirse con una retaliación.
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El posible delito: homicidio preterintencional
Aunque no hay indicios de que el conductor tuviera la intención de matar, la ley contempla una figura conocida como homicidio preterintencional. Esta se presenta cuando una persona actúa con la intención de causar un daño menor —por ejemplo, detener o lesionar—, pero por imprudencia o exceso termina provocando un resultado mucho más grave, como la muerte.
Bajo este escenario, el conductor podría responder penalmente no solo por la muerte del presunto delincuente, sino también por la de los dos adultos mayores que fallecieron como consecuencia del choque, pese a no tener relación alguna con el robo.
La investigación deberá establecer si la persecución fue determinante en el siniestro y si la conducta del conductor creó un riesgo que desencadenó el desenlace fatal.
Un caso que reabre un debate incómodo
Más allá de los detalles judiciales, el caso volvió a poner sobre la mesa una discusión incómoda pero necesaria: hasta dónde puede llegar una víctima después de un robo y cuáles son las consecuencias de intentar hacer justicia por mano propia en medio de la inseguridad que atraviesa la ciudad.
Mientras avanza el proceso, el conductor continúa vinculado a la investigación y deberá responder ante la justicia. El caso deja una advertencia clara: incluso cuando hay un delito previo, las decisiones tomadas después pueden tener consecuencias penales graves e irreversibles.
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Por Redacción Bogotá
