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De ser hallado responsable en el nuevo juicio que le adelantará la Contraloría Distrital al exalcalde Gustavo Petro, ni ganándose hoy 30 veces el Baloto tendría cómo pagar sus deudas con el Estado. Debe la multa de $410 millones que le impuso la Superintendencia de Industria por cambiar el esquema de recolección de basuras y $217.000 millones por el detrimento que sufrió el Distrito al no incrementar la tarifa de Transmilenio. Ahora se enfrentará a un nuevo juicio, esta vez por un posible detrimento que sufrió la administración en 2014, de casi $800.000 millones, tras la recompra que hizo la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) del 32 % de las acciones de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), dueña de los principales gasoducctos en el país. (LEA: La telaraña tras la recompra de la Transportadora de Gas Internacional (TGI))
El origen de este nuevo juicio fiscal contra el exmandatario se resume así: en 2011, la Alcaldía vendió el 32 % de las acciones que tenía la EEB en la TGI, en US$400 millones ($1,2 billones actuales). En 2014, con Gustavo Petro como alcalde, la EEB recompró el mismo paquete de acciones en US$840 millones ($2,5 billones). Es decir, pagó más del doble en sólo tres años. Por esta transacción, el ente de control abrió una investigación en la que involucró a casi 20 personas, entre ellas los presidentes de la EEB, los miembros de la junta directiva y los exalcaldes que participaron en las negociaciones. (LEA: "Investigación por recompra de Transportadora de Gas Internacional es una tontería”: exalcalde Petro)
La semana pasada, luego de analizar las evidencias, la Contraloría tomó una decisión: llevar a juicio fiscal sólo al exalcalde Gustavo Petro y Sandra Fonseca, expresidenta de la EEB, por considerar que fueron los únicos responsables de fijar el elevado precio de la transacción de recompra que terminó generando el detrimento. Para llegar a esa conclusión, el ente de control hizo un análisis del negocio, revisando las actas de la junta directiva, los estudios de valoración de las acciones y las normas contables. (LEA: Demandan millonario negocio de la Empresa de Energía de Bogotá)
La recompra
Cumplidos tres años después de que EEB vendió el 32 % de las acciones que tenía en TGI, el fondo de inversión que las había adquirido anunció que las iba a vender. Fue cuando la junta directiva de la Empresa de Energía concluyó que era clave recomprarlas, para tener el control total de la compañía y evitar que un tercero se quedara con el activo. Además, asegurando este negocio, podían levantar una cláusula que restringía algunas decisiones y obligaba, por ejemplo, a retener el 50 % de los dividendos.
En medio de las reuniones, el alcalde Petro pidió a la junta que, para garantizar la confidencialidad de la negociación, les diera a él y a la presidenta de la empresa, Sandra Fonseca, plenos poderes para liderar el proceso. La junta accedió sin muchos reparos. Fue entonces cuando contrataron a la firma Sumatoria para que hiciera una valoración de la empresa, con el fin de hacer una oferta al socio minoritario.
El 28 de febrero de ese año, la firma dio a conocer una primera valoración, que arrojó un precio de US$842 millones como valor máximo a pagar por el paquete accionario. Luego, el 18 de marzo presentó un segundo informe, en el que estableció que la EEB podía hacer una oferta formal que no fuera inferior a los US$690 millones y no superara los US$1.100 millones.
Con este rango de precios, finalmente el alcalde y la presidenta de la EEB decidieron ofrecer US$880 millones por el 32 % de las acciones de TGI. En abril de 2014, la Empresa de Energía anunció que el socio minoritario había aceptado la oferta. Luego se adelantó un proceso en el que participaron empresas de Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Islas Caimán y Luxemburgo.
Un mal negocio
La gran diferencia entre lo que recibió en 2011 la EEB por la venta de ese paquete accionario y lo que tuvo que pagar tres años después para recomprarlo, que alcanzó los US$440 millones, llamó la atención de la Contraloría Distrital, que abrió el año pasado la indagación preliminar. La semana pasada terminó en el llamado a juicio fiscal del exalcalde Petro.
Entre las razones de la Contraloría para tomar la decisión está que los argumentos para justificar la recompra de las acciones de TGI, como retomar el control de la compañía, evitar que un tercero llegara a la empresa y poder levantar la cláusula que los obligaba a mantener el 50 % de los dividendos en caja, no eran suficientes. “La Empresa de Energía siempre tuvo el control operativo, administrativo, financiero. En cuanto a la eliminación de la restricción de repartir sólo el 50 % de los dividendos de la compañía, no era razón suficiente para justificar la operación, puesto que es natural en las empresas en crecimiento como TGI acumular caja para apalancar deuda y financiar inversiones que permitan su crecimiento”.
Pero quizás uno de los reparos más grandes del ente de control está en la forma como la firma Sumatoria hizo el avalúo de la empresa transportadora de gas y lo que finalmente ofrecieron el alcalde Petro y Fonseca por las acciones. A pesar de que la firma explicó su metodología para poner precio a las acciones, para la Contraloría no se aplicó la fórmula correcta, lo que terminó por aumentar el valor de las acciones y, de paso, llevó a que la administración hiciera una oferta muy alta, a pesar de haber sido un proceso cerrado, en el que la EEB tuvo la primera opción.
Es por esto que, luego de hacer sus propios cálculos, de acuerdo con la Contraloría, en esta recompra la EEB sufrió un posible detrimento de US$366 millones. Sin embargo, “como el Distrito es dueño del 76,3 % de las acciones de la Empresa de Energía, el daño a las finanzas asciende a US$279 millones, cifra que se le imputará a quienes fijaron y decidieron el precio y efectuaron la recompra”.
Según la Contraloría, esa recompra fue una operación “antieconómica, ineficaz, ineficiente, innecesaria e inoportuna, de allí que la evaluación de la conducta de quienes tuvieron en sus manos el poder de decidir y fijar el precio se encuentra revestida de un actuar negligente e impropio del gestor fiscal, que debe cuidar los recursos públicos”.
Y señala “la conducta gravemente culposa atribuible a los investigados, quienes colaboraron, facilitaron, ejecutaron y toleraron el proceso de readquisición del paquete accionario minoritario, apartándose de sus responsabilidades como administradores de la EEB del concepto de buen hombre de negocios, pues no emplearon la diligencia requerida para el negocio que se les encomendó”.
Se hizo con rigor
Ante las apreciaciones de la Contraloría, la firma Sumatoria, que fue la encargada de la valoración de las acciones de TGI, hizo varias precisiones. Aclaró que el único objeto de su contrato era fijar un rango de valor para que la Empresa de Energía definiera el valor a ofertar, y que no era de su competencia participar en el proceso de compra. Sobre la metodología, cuestionada por el ente de control, la firma señaló que el método fue riguroso y estricto y “partió de una lectura correcta de la realidad del mercado potencial de compradores y de la coyuntura macroeconómica”.
Para respaldar los resultados de su valoración, la firma resaltó que el año pasado la EEB contrató una nueva valoración de TGI, la cual arrojó que su precio a diciembre del año pasado mostraba un valor patrimonial que estaba entre US$1,8 billones y US$3,1 billones, dependiendo de la tasa de descuento a ser empleada por el potencial comprador.
“Estos valores implican un retorno sobre la compra de TGI en 2014 que está entre el 26,2 % y el 54,4 % anual en dólares, resultado que no podría ser más lejano a un detrimento patrimonial”. Destacó que desde el momento de la transacción a la fecha, la acción de la EEB se ha valorizado en más de 30 %. “En conclusión, lo que hay es una creación de valor, lo opuesto a un detrimento patrimonial. El incremento del patrimonio público asociado a la transacción es entre US$300 millones y U$700 millones, según los rangos de valor establecidos para la compañía”.
La imputación de responsabilidad fiscal contra Gustavo Petro y Sandra Fonseca no implica que los exfuncionarios sean responsables del presunto detrimento a la ciudad. Tendrán la oportunidad de defenderse en un proceso en el que, al final, el ente de control lo determinará.