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La Contraloría Distrital abrió juicio fiscal por el polémico negocio de la recompra del 32 % de las acciones de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), en el que la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), luego de venderlas en 2011 en US$400 millones, las recompró en 2014 por US$880 millones. El contralor Juan Carlos Granados tiene dudas sobre el proceso e incluso habla de posible detrimento para la ciudad. La investigación apenas comienza y para avanzar en ella tendrá que desenredar un negocio en el que participaron empresas de Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Islas Caimán y Luxemburgo. (LEA: ¿Vale la pena vender parte de la Empresa de Energía de Bogotá?)
Entre los llamados a rendir cuentas están el exalcalde Gustavo Petro, quien presidía para entonces la junta directiva de la EEB; Sandra Fonseca y Mónica de Greiff, expresidentas de la Empresa de Energía; el exgerente del Acueducto, Alberto Merlano, y el exgerente de la ETB, Saúl Kattan. La polémica no es nueva y los llamados a rendir cuentas ya se han defendido diciendo que fue un gran negocio, porque la EEB recuperó una empresa en crecimiento, que es la principal transportadora de gas del país (con el 48 % del mercado local y 4.000 km de tubería). A pesar de esto, persisten las dudas sobre los detalles de la transacción.
Venta y recompra
En marzo de 2011, en medio del escándalo del “carrusel de la contratación”, la administración de Samuel Moreno impulsó la venta del 32 % de las acciones que la EEB tenía en TGI Colombia, a la sociedad CITI Venture Capital Internacional (CVCI), con sede en Nueva York. El negocio fue por US$400 millones. El argumento: la necesidad de capitalizar la empresa. (LEA: ETB y EEB, empresas que pesan en el bolsillo)
Aunque se hubiera esperado una venta directa, para el negocio, CVCI creó en Luxemburgo la sociedad Inversiones en Energía Latinoamérica (IEL), que a su vez creó en España (en febrero de 2011) la empresa Inversiones en Energía Latinoamérica Holding (IELH). Fue a través de esta última que se cerró el negocio. Efectivamente, tras la venta, TGI hizo inversiones por US$750 millones, duplicando su capacidad de transporte de gas. (LEA: TGI vende el 31,9% al fondo Citi Venture)
Dos años después, en noviembre de 2013, CVCI anunció la venta de sus acciones en TGI, para concentrar esfuerzos en la puja por la compra de Isagén. Ante el anuncio, la junta directiva de la Empresa de Energía (presidida por el exalcalde Gustavo Petro) aprobó la recompra. En abril de 2014 anunciaron que CVCI había aceptado una oferta por US$880 millones. (LEA: las razones por las que Citi Venture capital se va de la transportadora de gas TGI)
Al conocer detalles del trámite, de nuevo llama la atención el proceso: esta vez fue la EEB la que optó por crear una empresa en el extranjero para adelantar el trato con CVCI. La transacción fue la siguiente: la Empresa de Energía ordenó a TGI Colombia crear en Madrid una sociedad que denominaron TGI España (sin activos). Mientras tanto, la propia EEB se encargó de gestionar créditos con sus filiales por US$880 millones para la recompra.
El dinero se recaudó de la siguiente manera: la EEB prestó US$400 millones; TGI Colombia, US$129 millones; EEB Perú Holdings LTD (constituida en Islas Caimán), US$38 millones, y el último préstamo del que se tiene registro lo otorgó Gas Natural de Lima y Callao (Perú), por US$50 millones. Las transacciones se aprobaron en tres semanas. El dinero reunido lo consignaron a las cuentas de TGI España para que, en vez de comprar las acciones, comprara la empresa Inversiones en Energía Latinoamérica Holding, que tenía el dominio accionario. (LEA: EEB se hace al 31,92% de Transportadora de Gas)
El 1°de julio de 2014 se celebró el acuerdo entre Juan Pablo Pallordet (vendedor) y Sandra Fonseca, entonces presidenta de la EEB (compradora). Sin embargo, la escritura que legalizó el negocio la firmaron, el 2 de julio del 2014, Miguel Ángel Melero y Beatriz Díez, representantes de la empresa de Luxemburgo y TGI España. El pasado 11 de mayo, mediante escritura pública en Bogotá, TGI Colombia absorbió mediante fusión la sociedad Inversiones en Energía Latino América Holding, con lo que las acciones quedaron de nuevo bajo dominio de la EEB. (LEA: Energía de Bogotá finaliza adquisición del 31.92% de Transporadora de Gas)
Toda esta maraña está en la mira de la Contraloría, que cuestiona las transacciones que se hicieron fuera del país. “Las circunstancias serían de oportunidad tributaria, en la medida en que para el 2014 la ganancia ocasional era del 30 % y estamos hablando de que estos particulares tuvieron una ganancia de US$480 millones. Si se le aplica la ganancia ocasional, serían US$120 millones lo que dejó de recibir el país”, dijo el contralor Juan Carlos Granados.
“La Empresa de Energía vale $23 billones y se puede establecer que más de $10 billones están en el exterior, lo que genera una complejidad a la hora de vigilarlos, porque o son extranjeros o están en el extranjeros o contratados con legislación foránea. Pero no hemos perdido de vista que el origen de todas estas transacciones es el bolsillo de los bogotanos y por eso estamos legitimados para perseguir estos recursos y estas transacciones para determinar que los negocios que se hagan sean en interés de los bogotanos y en ningún caso se pueda causar detrimento en esas finanzas”, agregó Granados.
Otros procesos
La recompra no está solo en la mira de la Contraloría. Hace un año, el abogado Alberto Rey denunció penalmente a los miembros de la junta directiva de TGI, tanto a los que autorizaron la venta (administración de Samuel Moreno), como a los que autorizaron la recompra (alcaldía de Gustavo Petro). Entre las críticas del abogado está la decisión de vender las acciones, en vez de solicitar un crédito. (LEA: Demandan millonario negocio de la Empresa de Energía de Bogotá)
“Si la EEB sabía que la empresa tenía gran proyección y tenía dinero, ¿por qué no prestó en su momento los recursos para hacer las inversiones que multiplicaron el valor de la compañía? Es curioso, ya que para recomprar la EEB sí pudo prestarle US$400 millones a una empresa de papel, constituida en España. En todo esto, alguien se benefició a costillas del Distrito y eso es lo que ahora la Fiscalía debería averiguar”, pregunta en su demanda.
A pesar de esto, los que conocieron el negocio insisten en que fue una buena inversión. Ricardo Roa Barragán, expresidente de TGI y expresidente de la Empresa de Energía, en su momento explicó que si bien estuvo al margen de la recompra, lo que fue claro es que en 2011, TGI tenía unos resultados muy inferiores a los que tiene actualmente, ya que ha crecido y se ha consolidado como una empresa fuerte y con gran futuro. “Con esa capitalización se pudieron hacer inversiones que ampliaron su capacidad de transporte y actualmente es una empresa que pasó de transportar 420 millones de pies cúbicos de gas diarios a 730 millones”. (LEA: "Mi nombramiento en la EEB es técnico, no político")
Sobre el juicio fiscal, el exalcalde Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de Twitter y cuestionó que se investigue la recompra y no la venta del patrimonio público. Además, criticó la militancia política del contralor Juan Carlos Granados (Cambio Radical), al considerar que sus jefes políticos tienen intereses en el sector eléctrico y que se mueva el tema justo cuando se habla de poner en venta el 20 % de la Empresa de Energía de Bogotá (dueña de TGI).
En un cruce de mensajes con El Espectador, el exmandatario indicó que el valor que pagó la EEB por la recompra se hizo basado en un estudio de la firma Sumatoria, el cual es cuestionado por el propio contralor. “Si Sumatoria sobrevaloró dolosamente el precio de acción, ¿le preguntaron a esa empresa sobre la validez de su estudio?”. Y agregó que nadie ha tenido en cuenta que la acción y el valor de EEB se duplicaron en la bolsa. “¿Eso es dolo y corrupción? Lo primero es escuchar la posición de Sumatoria sobre la sindicación del contralor y que entrevisten a Sandra Fonseca, a quienes se les acusa de dolo en la recompra. Después de eso daré mis propias entrevistas”, dijo Petro.
A pesar su defensa, vale recordar que luego de la recompra el concejal Antonio Sanguino reveló un estudio que decía que el precio de las acciones de TGI no superaba los US$663 millones (US$217 millones menos de lo se pagó). Por ahora, el caso está en manos de los entes de control. Desenredar la telaraña detrás del negocio será un reto para establecer si la ciudad perdió o no con la recompra.