Mientras en el municipio de Soacha algunos ya descansaban y otros aprovechaban para trabajar, más de 400 familias del barrio Villa Alejandra, comuna I, pasaron la noche con incertidumbre. No sabían si ese sería el último día en que iban a dormir en sus casas. El jueves 14 de mayo, estaba programado un desalojo.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
Por videollamada, uno de sus abogados, Hárold Pierr Rengifo, les explicó la noche anterior las instancias jurídicas que podía tomar para frenar ese proceso. Aun así, María Denis Rodríguez, una de las afectadas, cuenta que pasó la noche en vela. “Esto nos quita la paz, nos enferma, estamos bajo presión. Yo, por lo menos, anoche no dormí por esa zozobra de no saber qué iba a pasar”.
Lea más: La incertidumbre de 96 familias en Bosa ad portas de perder su casa
El pleito involucra a la empresa Proespacio Limitada, quien reclama la tenencia del terreno, y a las familias que llevan décadas viviendo en este sector. ¿Qué salida hay para estos hogares? Este es otro caso que ejemplifica cómo Soacha creció en asentamientos informales y la deuda que persiste aun años después para legalizarlos.
El sueño de tener una casa
La Comuna I de Soacha fue construida ladrillo a ladrillo, así como las más de 170 casas de este sector que abarca unos 6 mil metros cuadrados. Allí viven madres cabeza de hogar, adultos mayores, conductores de buses, comerciantes y familias trabajadoras. Las calles empinadas no están pavimentadas; el agua llega día de por medio y sobresalen algunos gallos, perros y hasta un loro, entre las casas de dos o tres pisos que han ido elevándose.
Todos sus habitantes tienen un punto en común: llegaron hace más de 10 años porque escucharon o les recomendaron la venta de predios y compraron bajo confianza con la ilusión de cumplir el sueño de tener casa propia. Así lo recuerda Yolanda Gil Cárdenas. “Yo tenía un asadero y por los clientes que tenía me enteré de que estaban vendiendo unos lotes. Compramos y empezamos a construir como todos: el primer piso en tierra, con latas y techado con zinc. Había una manguera y en la madrugada recogíamos agua. Hasta que con picas y palas abrimos las tuberías. Todo ha sido construido por nosotros”.
Rubí Sierra, otra vecina, todavía guarda los documentos del terreno de 40 m² que hace 17 años compró por COP 6 millones. No tiene las escrituras, pero sí un contrato de compraventa y recibos de pago del impuesto predial que paga por COP 97 mil. “Aquí nadie sabía que esto era una invasión. Nos dio confianza porque un amigo ya había comprado y había más casas. Todo el proceso fue legal y firmado ante notaría”, argumenta.
Como Rubí, la señora Frankelina Sanabria, de 55 años, afirmó que tampoco se siente invasora. Desde 2018 adquirió su predio de 40 m² por COP 25 millones. “Con todo nuestro trabajo de recoger chatarra, ahorramos y lo compramos. Como mi esposo es maestro, fuimos construyendo. Yo pagué mi lote y no soy invasora. Confiamos en la promesa de compraventa. No quiero perder mi casa porque es todo para mi familia”, señaló a este diario con la voz entrecortada.
Cuadras más abajo, está Parmenio Villanueva, de 81 años. Hace 15 años pagó por su predio COP 18 millones. Firmó también una promesa de compraventa y bajo la palabra de que iba a recibir su escritura a los 2 años posteriores. “¿Por qué nadie nos dijo que no podíamos comprar acá? ¿Por qué no nos advirtieron? Yo compré con la ilusión de tener una casa y es lo único que tengo”, reclamó.
La orden de desalojo
El 27 de abril, la inspectora de Policía, Luz Paola Melo, comunicó vía correo a la Empresa Proespacio Limitada y a los abogados de las familias, Hárold Pierr y César Agusto de Jesús, que el 14 de mayo a las 9:00 a. m., se iba a realizar el desalojo. En diálogo con este diario, el abogado César de Jesús explicó que la génesis del caso se remonta al 2011, cuando la Proespacio interpuso una querella ante la inspección de Policía alegando la tenencia del terreno y, por ende, la perturbación de la posesión, por las familias que lo estaban ocupando. No obstante, le fueron negadas sus pretensiones.
Le puede interesar: ¿Dónde está Yulixa? Su rastro se perdió en un centro de estética ilegal
Tras la apelación, el caso se elevó a la Alcaldía de Soacha y en 2015 falló a favor de la empresa. Sin embargo, según el abogado, la sentencia no afecta a las personas que hoy día viven en este barrio. “Esta empresa iba a realizar un desarrollo urbanístico, pero incumplió el contrato con las dueñas del terreno. No hicieron nada y dejaron el lote abandonado. Pero ahora volvieron a reclamar esa tenencia. Ni siquiera son los dueños”, detalla el abogado.
Durante ese día, el tercer intento de desalojo no se desarrolló y la inspectora acogió las oposiciones de los abogados, alegando que allí había familias vulnerables y que iba a conocer más del caso antes de ir a terreno. “Ella puede archivar el expediente”, pidió el profesional en derecho, César de Jesús.
¿Qué solución hay?
Mientras María Denis, Yolanda, Rubí, Frankelina y Parmenio aún tienen la incertidumbre por esa orden de desalojo, vecinos como Mery Gutiérrez, la familia Cadena y 23 familias más ya obtuvieron las escrituras de su casa, gracias al derecho de pertenencia.
Según el Ministerio de Justicia, esta figura se obtiene cuando un juez civil legaliza la titularidad de un bien cuando una persona se ha comportado como dueño por cerca de 10 años, pagando cuentas e impuestos. Es este mecanismo el que, de acuerdo con el abogado de las familias, sería el gran salvavidas para estos hogares.
Aunque buscamos a la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Soacha para conocer cómo están acompañando este proceso, al término de esta publicación no hubo respuesta.
En paralelo, dicha Secretaría adelanta desde abril un censo de las familias de la Comuna I con el fin de recolectar documentación para dar inicio a la actuación administrativa de legalización urbanística del barrio.
Y es que Soacha ha experimentado un crecimiento poblacional y urbanístico significativo, con impactos visibles en la expansión informal del suelo urbano. El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), es la hoja de ruta de la administración distrital que busca contener esta expansión desordenada, fomentando un crecimiento más denso y sostenible. Aun más, cuando la proyección habitacional del DANE para 2035 estima que será de 1.372.828 habitantes.
Conozca más: Las 19 “caras” de Bogotá: entre valorar la democracia y el deseo de un líder autoritario
El destino de al menos 400 familias en Villa Alejandra se debate entre expedientes. Mientras está en pausa la orden de desalojo, las miradas de vecinos se posan en el proceso de pertenencia que ya salvó a 25 familias del sector y en el censo que adelanta la Alcaldía para la legalización del barrio. Ellos no quieren perder su único techo.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por María Angélica García Puerto
