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El atentado al precandidato Miguel Uribe en Bogotá, el pasado 7 de junio dejó preocupaciones en el gobierno distrital sobre las garantías de seguridad para las personalidades políticas de la capital, como concejales y otros actores que a menudo realizan actos públicos.
Si bien, la capital no pasa su mejor en esta materia, con un repunte notable de los homicidios en el último año (solo en Fontibón, en donde ocurrió el atentado, se evidenció un aumento del 80 % en este indicador delictivo), el caso Uribe motivó una reacción inmediata con el despliegue de un paquete de medidas para prevenir futuros ataques.
En ese orden de ideas, tras una reunión del alcalde Carlos Fernando Galán, con el secretario de Seguridad, César Restrepo, se tomó la determinación de reforzar el esquema de seguridad de los 44 concejales que actualmente tiene la ciudad. Aunque la medida deberá contar con el respaldo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y por ende del Gobierno Nacional, el Distrito afirmó que hará un esfuerzo para proteger a los cabildantes.
Asimismo, entre las medidas para reforzar la seguridad desde el Distrito, resalta como componente la reducción en la intensidad del discurso político de todos los actores, sean de la orilla que sean.
En ese sentido, el alcalde y sus funcionarios pidieron discutir las diferencias políticas en un tono de respeto del otro y de sus ideas, con el fin de evitar escaladas violentas como las que pudieron haber derivado en el atentado del candidato.
No obstante, más allá de esta petición, que parece haber sido bien recibida por el Concejo de Bogotá, lo cierto es que hay varias preguntas por resolver respecto al refuerzo en los esquemas de seguridad de los concejales.
En primer lugar, porque dicha ampliación ya había sido incluida en los presupuestos distritales, con la asignación de una partida de $7.000 millones para la adquisición de 35 camionetas y la contratación de personal de seguridad. Sin embargo, la medida fue criticada por cabildantes, al considerarse un gasto excesivo e, incluso, un ciudadano interpuso una acción popular para cancelar esa designación presupuestaria que actualmente está siendo analizada por el Tribunal Superior de Cundinamarca.
Pero, además, no solo la seguridad de los concejales está en vilo por cuenta de la limitada capacidad de protección. Los líderes sociales de la ciudad también son, a menudo, blanco de ataques violentos por cuenta de su labor política en el territorio. Solo en 2024, fueron asesinados en la capital del país seis líderes sociales, misma cifra que en 2023, de acuerdo con los datos de Indepaz.
Varios líderes con amenazas han denunciado demoras en la asignación de sus esquemas de seguridad, pese a que tener órdenes judiciales para su priorización. Entre las excusas más frecuentes para las demoras, los líderes señalan falta de disponibilidad de personal y vehículos en la UNP.
En vista de lo anterior, todavía resulta una incógnita la forma o los mecanismos que utilizará el Distrito para fortalecer las condiciones de seguridad de todos los actores políticos, sobre todo a un año de las elecciones presidenciales y parlamentarias.
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Por Redacción Bogotá
