La Navidad es la época más esperada por todos los comerciantes, pues representa el mayor pico de ventas del año, en particular del 16 al 24 de diciembre, cuando gran parte de la ciudad aprovecha las jornadas de Bogotá Despierta para comprar sus aguinaldos. Según datos de Fenalco Bogotá, para el sector de la juguetería, por ejemplo, esta temporada representa el 70 % de sus ventas. Según la Encuesta Mensual de Comercio, los negocios esperan un crecimiento del 34 %.
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“Lo que más se regala en las fiestas de fin de año es vestuario y calzado (27 %), juguetes (16 %), tecnología (14 %), chocolates, licores o anchetas (14 %) y viajes (10 %). Entonces estamos viendo que la ciudad por varias semanas vive una gran fiesta comercial”, detalló Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá. Pero paralelo a estos datos, hay un sector que poco aparece en las estadísticas y mueve parte de la economía en esta época: los vendedores informales.
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El meollo es que este mes se multiplican, al punto de que en algunos sectores de la ciudad hay más comerciantes en las calles y los andenes que en los locales. Sin mayor orden y dejando poco margen a los clientes para caminar, su presencia agudiza no solo las tensiones con los comerciantes formales, sino con el Distrito, que ha intensificado los operativos de recuperación del espacio público. ¿Por qué parece un tema sin solución? ¿Cómo se armoniza el derecho de quienes tienen un local con el derecho al trabajo de los vendedores informales?
Siga que sí hay
San Victorino es uno de los ejemplos donde los comerciantes informales se multiplican en la época decembrina, al ser una de las zonas comerciales más reconocidas del centro de Bogotá, por su oferta textil, juguetes, piñatería, productos escolares y más. Por eso, ante una rigurosa falta de control, caminar por sus calles es todo un reto no solo por la cantidad de personas y puestos de grandes dimensiones, sino por la sensación de inseguridad, que obliga llevar el bolso al frente, y los malos olores por las basuras.
Esa falta de control la ratificó una reciente sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tras una acción popular, que radicaron en 2023, los magistrados concluyeron que aunque la Alcaldía de Santa Fe, el DADEP y el IPES han adelantado acciones para imponer control (sensibilización y operativos), fueron “insuficientes y tardías” para enfrentar un fenómeno estructural.
“Se limitaron a ejecutar operativos temporales y a disponer la presencia de gestores de convivencia, medidas claramente insuficientes frente a la magnitud y persistencia del fenómeno”, acotaron. Leydi Betancourt Arce, directora ejecutiva de Asosanvictorino, cuenta que llegan cerca de 5.000 vendedores informales en diciembre, sumándose a los 20.000 que ya están en centros comerciales y madrugones.
“Las riñas generalmente son entre aquellos informales que están todo el año y los que llegan, por así decirlo, a las malas a buscar su puesto para hacer su diciembre. Tú ves apenas 20 o 30 gestores organizando; eso es insuficiente. Y cuando intentamos intervenir nos dicen: ‘Manden de la puerta para adentro’. Incluso me amenazaron”.
La Alcaldía de Santa Fe destaca los operativos de espacio público que ha realizado este mes, como el del 1.° de diciembre, cuando retiraron siete toneladas de residuos mixtos, incluyendo mallas, arcos metálicos y carretas abandonadas; el del 5 de diciembre, cuando se incautaron 380 kg de pólvora y sellaron un comercio por incumplir las medidas de seguridad y el del Día de las Velitas, cuando retiraron inmobiliario de vendedores informales.
“Seguimos fortaleciendo el orden, la movilidad peatonal y el buen uso del espacio público”, recalcaron. Sin embargo, para Laura Bogotá, vendedora informal de camisetas y buzos que lleva siete años en San Victorino, los operativos suelen ser arbitrarios. “La zozobra diaria es que venga un policía y te quite todo en lo que has invertido; así me pasó. Debo pasar a un CAI a recoger incluso lo que me quitaron. Uno sabe que afecta el espacio público, pero si nos organizaran sería mejor. Hay gente que tiene seis puestos, los arrienden o venden y nadie dice nada”.
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En esto coincide otra vendedora, quien pidió la reserva de su nombre, aseguró que lleva más de 60 años trabajando en la calle y está de acuerdo con un plan para organizarlos, “pero que nos den el puesto que nos merecemos. Claro, hay gente que obra mal, porque tiene hasta 10 puestos, pero este sector es mi vida. Toda mi familia está acá”. Metros más adelante, otra vendedora informal de helados y papel regalo la respalda. “Chévere que hubiera orden y nos dieran carné, pero aquí hay mucha corrupción”.
Conciliar
La gran presencia de vendedores informales en la capital no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una compleja interacción de factores estructurales, económicos y sociales. De ahí que el rebusque se convierta en la única alternativa inmediata para generar un ingreso, ante la incapacidad del mercado laboral formal para absorber toda la fuerza de trabajo de la que dispone la capital. Ejemplo de ello son las tasas de desempleo en Bogotá que, de acuerdo con el DANE, si bien este año cayó a 8,2 %, entre junio y agosto, continúa habiendo una porción significativa de la población sin un puesto de trabajo formal (34 %).
Eso sí, cabe destacar que este último panorama disminuyó en 0,6 % frente al año anterior. Sumado a estos rezagos, agudizados por la pandemia, están también otros factores determinantes como tener un bajo nivel educativo, exigido cuando se trata de tener mayores cualificaciones para un empleo formal. Reconocer este contexto es lo que ha llevado a la Corte Constitucional a amparar su derecho al trabajo y resaltar que son sujetos de especial protección constitucional, advirtiendo que, antes de recuperar el espacio público, se les debe ofrecer alternativas de reubicación o de trabajo iguales o mejores para que su mínimo vital no sea afectado.
Así lo ratificó la reciente sentencia del Tribunal de Cundinamarca, que asevera que la recuperación del espacio público en San Victorino debe articularse con alternativas reales de reubicación o formalización económica, respetando el principio de confianza legítima de los vendedores informales. Por ello, ordenó que la Alcaldía de Santa Fe, en máximo seis meses, debe realizar un registro detallado de los vendedores informales.
Esto para que, junto al IPES y el DADEP, en menos de dos meses, procedan a carnetizar a todas las personas incluidas en el Registro Único de Vendedores Informales y así poder adoptar medidas efectivas orientadas a la creación de alternativas concretas, eficientes y sostenibles de trabajo formal para ellos.
Desde el IPES defienden que esa conciliación entre el derecho al trabajo y la recuperación del espacio público se basa en resultados como los beneficios que han recibido 1.172 personas que han aceptado pasar a la formalidad, ubicándose en carpas, casetas, puntos comerciales, puntos de encuentro, quioscos y semiestacionarios. “Hoy tenemos 356 módulos de puntos comerciales para adjudicarlos y 305 quioscos disponibles, entre otras”, dice Catalina Arciniegas, directora de la entidad.
Por su parte, Leydi Betancourt Arce, de Asosanvictorino, resalta que se necesita un censo real de los vendedores informales, para identificar aquellos vulnerables. “Como gremio nunca hemos pedido que los saquen, porque no queremos entrar a ese choque directo. Hay personas que sí ejercen su actividad comercial de manera genuina, que lo necesitan, mientras que otros encontraron un negocio y se lucran de otras personas”.
El Plan Distrital de Desarrollo tiene la meta clara de asegurar el aprovechamiento del espacio público mediante el control de las zonas con alta concentración de vendedores informales. Calles que, en esta época, parecen más descontroladas. De ahí que el éxito de dicho objetivo dependa, como lo han mencionado los tribunales, de identificar y ofrecer alternativas de reubicación, asegurando que la acción de la autoridad no desconozca su situación de vulnerabilidad.
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Por María Angélica García Puerto
