Las fallas de seguridad en la Gobernación de Cundinamarca que costarían $624 millones

En pocos días se cumplen seis meses del asesinato de Luis Carlos Castillo Amaya, el funcionario de la Gobernación de Cundinamarca que fue baleado en plena plazoleta de la entidad por un sicario que lo confundió con un excomandante de las Auc. No obstante, el dolor y la indignación por lo ocurrido sigue presente en su familia, que no deja de preguntarse cómo un pistolero pudo burlar los controles de seguridad y atacar a un empleado en el interior de un ente gubernamental.

>>>Lea: Funcionario de la Gobernación de Cundinamarca habría sido asesinado por error: Fiscalía

Por todo esto, advirtiendo las presuntas irregularidades que derivaron en el fatal desenlace, hoy piden una reparación directa del Estado y de la empresa a cargo de la seguridad de la Gobernación, en la que se incluye una indemnización cercana a los $624 millones; una ceremonia en honor a Castillo, en la que admitan las fallas y ofrezcan disculpas públicas, y que se apliquen todos los protocolos para que un hecho de este calibre no se repita.

Si bien hoy están a la espera de lograr una conciliación y son conscientes de que ningún monto o acción les devolverá a su padre, los hermanos Luis Carlos y María Carolina Castillo Pérez insisten en reclamar justicia por lo que ocurrió el pasado 30 de agosto, cuando su padre —de 65 años, quien laboraba en la Secretaría de Hacienda departamental— fue sorprendido por un sicario que le propinó tres impactos de bala.

Visiblemente afectado, mientras observa con melancolía las fotografías de su padre, Luis Castillo detalla lo insólito del caso y da cuenta de las afectaciones psicológicas y morales por la pérdida de quien describe como un hombre alegre, que siempre los motivó a “mantener la cabeza en alto, ser fuertes y seguir adelante pese a las adversidades”.

El responsable del crimen fue Amaury García Berrocal, alias Niche, quien admitió que se equivocó de objetivo, pues el ataque iba dirigido contra Luis Eduardo Cifuentes, de 58 años, conocido con el alias del Águilamientras fue comandante de las Autodefensas en Cundinamarca y que para entonces fungía como asesor de paz en el departamento.

A través de un escrito dirigido a los hermanos Castillo Pérez y al que tuvo acceso El Espectador, el asesino a sueldo relató cómo planeó el homicidio y puso en evidencia las fallas de seguridad en la Gobernación. Cuenta que un día antes ingresó al edificio para verificar la presencia delÁguila, a quien mataría, porque al parecer “estaba delinquiendo en el Bajo Cauca a través de su hijo”.

>>>Lea: ¿A qué iba “El Águila” a la Gobernación de Cundinamarca?

Detalló que entró sin problemas, por la puerta principal, sin que nadie lo requisara. “Sí me solicitaron un registro de mis datos y pasé mi documento, como las demás personas. Luego pasé por una máquina detectora de metales”. Agregó que una vez en la plazoleta estuvo merodeando a la búsqueda de su objetivo, “sin que nadie me requiriera”.

Al día siguiente entró de nuevo al complejo gubernamental, pero esta vez portando el arma, que guardó en su cintura y envolvió en papel aluminio para no ser detectada. Tenía información de que el Águila iba a estar en la zona de comidas.

“Los filtros fueron fáciles de burlar, porque no hay casi medidas de seguridad. Nunca me registraron. Además no había casi policías ni guardias de seguridad. Nunca me preguntaron qué hacia ni a qué lugar me dirigía. El arma nunca fue detectada, porque nadie me requisó. El detector de metales no la registró, pues nunca pitó cuando pase por la entrada principal”, manifestó Niche.

En el texto de conciliación, los hijos de Luis Carlos Castillo advierten que el crimen se perpetró pese a que ese día hacían presencia en el edificio el gobernador Jorge Rey y los diferentes diputados de la Asamblea departamental, lo que implica que se encontraban activos todos los esquemas de seguridad y los uniformados de la Policía encargados de la protección de dichos funcionarios.

Indican también que, una vez cometido el homicidio, Niche arrojó el revólver en una caneca de basura y emprendió la huida, que estuvo a punto de concretar, de no ser porque un funcionario, que no tenía ninguna relación con el cuerpo de vigilancia, atendió las voces de auxilio y aprehendió al sicario justo antes de que saltara una reja.

>>>Lea: A la cárcel, asesino de funcionario de la Gobernación de Cundinamarca

Todas estas aparentes irregularidades y omisiones, ratificadas por el sicario, dieron origen a la solicitud de reparación directa, pues para la familia Castillo, la Gobernación, la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca (responsable de administrar las áreas comunes y privadas del complejo), la Policía y la empresa de vigilancia son responsables de lo ocurrido.

Y van más allá. Los Castillo insisten en que la tragedia que hoy vive su familia es resultado de la política de “puertas abiertas”, promovida por la actual administración que, si bien está pensada para romper barreras frente al diálogo de la comunidad con el gobierno departamental, no se aplicó correctamente y derivó en el homicidio de su padre.

“Ahora uno sí ve que hay control en el ingreso y vigilancia biométrica, algo con lo que no contaba el complejo administrativo. Incluso, hubo cambio de cámaras, todo posterior al crimen”, sostuvo Castillo, que reprocha también que la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos haya dicho el día del crimen que “los protocolos de seguridad e ingreso de particulares funcionaron de manera óptima”, dijo el hijo de la víctima.

En respuesta a quienes los puedan llegar a cuestionar por pedir una reparación económica, ellos sostienen que ningún monto les devolverá a su padre y que lo buscan es que se declare responsabilidad por un hecho que no hubiera ocurrido si se hubiese cumplido con el protocolo mínimo de seguridad en la entidad gubernamental. “El dinero no reparará mi sufrimiento. Lo que queremos es dejar una huella, porque esto nunca debió haber pasado”, precisó Castillo.

Para el próximo 7 de marzo se tiene previsto que la Procuraduría celebre la audiencia de conciliación entre las víctimas y la Gobernación. Si bien la familia Castillo Pérez está dispuesta a llegar a un acuerdo, advierten a la fecha no han recibido ninguna comunicación que los lleve a pensar que se podrá resolver el pleito antes de que escale a un despacho judicial.

jgonzalez@elespectador.com

En pocos días se cumplen seis meses del asesinato de Luis Carlos Castillo Amaya, el funcionario de la Gobernación de Cundinamarca que fue baleado en plena plazoleta de la entidad por un sicario que lo confundió con un excomandante de las Auc. No obstante, el dolor y la indignación por lo ocurrido sigue presente en su familia, que no deja de preguntarse cómo un pistolero pudo burlar los controles de seguridad y atacar a un empleado en el interior de un ente gubernamental.

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Por todo esto, advirtiendo las presuntas irregularidades que derivaron en el fatal desenlace, hoy piden una reparación directa del Estado y de la empresa a cargo de la seguridad de la Gobernación, en la que se incluye una indemnización cercana a los $624 millones; una ceremonia en honor a Castillo, en la que admitan las fallas y ofrezcan disculpas públicas, y que se apliquen todos los protocolos para que un hecho de este calibre no se repita.

Si bien hoy están a la espera de lograr una conciliación y son conscientes de que ningún monto o acción les devolverá a su padre, los hermanos Luis Carlos y María Carolina Castillo Pérez insisten en reclamar justicia por lo que ocurrió el pasado 30 de agosto, cuando su padre —de 65 años, quien laboraba en la Secretaría de Hacienda departamental— fue sorprendido por un sicario que le propinó tres impactos de bala.

Visiblemente afectado, mientras observa con melancolía las fotografías de su padre, Luis Castillo detalla lo insólito del caso y da cuenta de las afectaciones psicológicas y morales por la pérdida de quien describe como un hombre alegre, que siempre los motivó a “mantener la cabeza en alto, ser fuertes y seguir adelante pese a las adversidades”.

El responsable del crimen fue Amaury García Berrocal, alias Niche, quien admitió que se equivocó de objetivo, pues el ataque iba dirigido contra Luis Eduardo Cifuentes, de 58 años, conocido con el alias del Águilamientras fue comandante de las Autodefensas en Cundinamarca y que para entonces fungía como asesor de paz en el departamento.

A través de un escrito dirigido a los hermanos Castillo Pérez y al que tuvo acceso El Espectador, el asesino a sueldo relató cómo planeó el homicidio y puso en evidencia las fallas de seguridad en la Gobernación. Cuenta que un día antes ingresó al edificio para verificar la presencia delÁguila, a quien mataría, porque al parecer “estaba delinquiendo en el Bajo Cauca a través de su hijo”.

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Detalló que entró sin problemas, por la puerta principal, sin que nadie lo requisara. “Sí me solicitaron un registro de mis datos y pasé mi documento, como las demás personas. Luego pasé por una máquina detectora de metales”. Agregó que una vez en la plazoleta estuvo merodeando a la búsqueda de su objetivo, “sin que nadie me requiriera”.

Al día siguiente entró de nuevo al complejo gubernamental, pero esta vez portando el arma, que guardó en su cintura y envolvió en papel aluminio para no ser detectada. Tenía información de que el Águila iba a estar en la zona de comidas.

“Los filtros fueron fáciles de burlar, porque no hay casi medidas de seguridad. Nunca me registraron. Además no había casi policías ni guardias de seguridad. Nunca me preguntaron qué hacia ni a qué lugar me dirigía. El arma nunca fue detectada, porque nadie me requisó. El detector de metales no la registró, pues nunca pitó cuando pase por la entrada principal”, manifestó Niche.

En el texto de conciliación, los hijos de Luis Carlos Castillo advierten que el crimen se perpetró pese a que ese día hacían presencia en el edificio el gobernador Jorge Rey y los diferentes diputados de la Asamblea departamental, lo que implica que se encontraban activos todos los esquemas de seguridad y los uniformados de la Policía encargados de la protección de dichos funcionarios.

Indican también que, una vez cometido el homicidio, Niche arrojó el revólver en una caneca de basura y emprendió la huida, que estuvo a punto de concretar, de no ser porque un funcionario, que no tenía ninguna relación con el cuerpo de vigilancia, atendió las voces de auxilio y aprehendió al sicario justo antes de que saltara una reja.

>>>Lea: A la cárcel, asesino de funcionario de la Gobernación de Cundinamarca

Todas estas aparentes irregularidades y omisiones, ratificadas por el sicario, dieron origen a la solicitud de reparación directa, pues para la familia Castillo, la Gobernación, la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca (responsable de administrar las áreas comunes y privadas del complejo), la Policía y la empresa de vigilancia son responsables de lo ocurrido.

Y van más allá. Los Castillo insisten en que la tragedia que hoy vive su familia es resultado de la política de “puertas abiertas”, promovida por la actual administración que, si bien está pensada para romper barreras frente al diálogo de la comunidad con el gobierno departamental, no se aplicó correctamente y derivó en el homicidio de su padre.

“Ahora uno sí ve que hay control en el ingreso y vigilancia biométrica, algo con lo que no contaba el complejo administrativo. Incluso, hubo cambio de cámaras, todo posterior al crimen”, sostuvo Castillo, que reprocha también que la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos haya dicho el día del crimen que “los protocolos de seguridad e ingreso de particulares funcionaron de manera óptima”, dijo el hijo de la víctima.

En respuesta a quienes los puedan llegar a cuestionar por pedir una reparación económica, ellos sostienen que ningún monto les devolverá a su padre y que lo buscan es que se declare responsabilidad por un hecho que no hubiera ocurrido si se hubiese cumplido con el protocolo mínimo de seguridad en la entidad gubernamental. “El dinero no reparará mi sufrimiento. Lo que queremos es dejar una huella, porque esto nunca debió haber pasado”, precisó Castillo.

Para el próximo 7 de marzo se tiene previsto que la Procuraduría celebre la audiencia de conciliación entre las víctimas y la Gobernación. Si bien la familia Castillo Pérez está dispuesta a llegar a un acuerdo, advierten a la fecha no han recibido ninguna comunicación que los lleve a pensar que se podrá resolver el pleito antes de que escale a un despacho judicial.

jgonzalez@elespectador.com