:format(jpeg)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elespectador/d5b8cc42-52a7-45f4-8d4e-227d2f4caf79.jpg)
:format(jpeg)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elespectador/4IQ2OSTLRRGXNIIIHS64GDYQRA.jpeg)
Entidades como la ANDI, ANIF, Cámara de Comercio de Bogotá, Fedesarrolllo y ProBogotá Región, realizaron un pliego de propuestas para contener la propagación del coronavirus sin que se tenga que acudir a nuevas cuarentenas sectorizadas.
Se trata del Observatorio para el seguimiento de la Atención de la Emergencia y Reactivación Económica de Bogotá, en el que se exponen puntos sobre la pandemia del COVID-19 y cómo la estrategia de confinamiento para enfrentarlo ha generado la mayor pérdida de empresas y empleo formal en los últimos 10 años, pues al cierre de 2020 Bogotá registró una disminución en el total de empresas activas del 12 %, lo que equivale a 53.291 empresas menos frente al 2019.
Lea: Claudia López: “Estimamos que el segundo pico durará hasta el 28 de enero”
Sigue a El Espectador en WhatsAppSegún los empresarios, esto repercutiría en la calidad de vida y el bienestar de los bogotanos al verse afectados por la falta de empleo y de oportunidades de crecimiento de sus negocios. Por esta razón, dicen que las nuevas restricciones restringirían el comercio y las actividades económicas de localidades que ya habían sido fuertemente afectadas en el 2020.
Por ejemplo, Ciudad Bolívar tuvo una contracción en sus empresas del 15 %, Rafael Uribe Uribe del 14 % y Bosa del 13 %, siendo las localidades más afectadas y que nuevamente entrarán en cuarentena.
Ante esto, los empresarios consideran que se puede optar por medidas diferentes a las que hasta el momento se han tomado, partiendo de una premisa: el rastreo tiene que ser prioridad.
Identificar y proteger a los más vulnerables
Su primera propuesta se enfoca en identificar, ubicar y visitar en su casa a las personas mayores de 70 años que padezcan comorbilidades como hipertensión, diabetes, EPOC y obesidad. A partir de ahí, caracterizar social y económicamente estas personas en aspectos como núcleo familiar de convivientes, dependencia económica y condiciones de vivienda, entre otros.
Una vez hecho esto, se propone realizar un cerco socio-epidemiológico a estos núcleos familiares e incluirles un gestor de riesgo (por lo menos a los más críticos), que le sirva de enlace permanente con el sector salud y que se encargue de coordinar y vigilar la atención de la EPS con la que está afiliado, además de definir, según condición del paciente, la entrega de un kit de supervivencia que incluya tapabocas, termómetro, oxímetro y un botón rojo o de emergencia en su celular para reportar emergencias y asistencia telefónica las 24 horas.
En los casos extremos y ante la imposibilidad de guardar las medidas de protección y aislamiento, trasladar la persona a una institución de baja complejidad donde se le pueda garantizar su aislamiento y protección en donde tenga apoyo psicosocial que incluya la posibilidad de conectarse vía virtual con sus familiares.
Corredores aéreos y terrestres hacia ciudades con baja ocupación de UCI
Más allá de las estrategias encaminadas a la reducción de la ocupación de UCI, como han sido el aislamiento y el aplazamiento de intervenciones no vitales,
Además de las estrategias de las estrategias con el fin de reducir la ocupación de las UCI de la ciudad, según ellos se deberían establecer mecanismos para el traslado de pacientes que requieren UCI hacia ciudades que presentan alta disponibilidad de camas en estas unidades. Por ejemplo, al 14 de enero de 2021, el municipio de Zipaquirá reportaba una disponibilidad del 50%, mientras que Cartagena y Barranquilla tenían una disponibilidad de 38 y 39%.
Eliminación de restricciones para los que ya se contagiaron
El documento advierte que, según el Estudio Nacional de Seroprevalencia, liderado por el Instituto Nacional de Salud, hacia noviembre de 2020 el 30% de la población de Bogotá ya tenía anticuerpos contra el SARS-CoV-2, lo que generaría una especie de inmunidad temporal contra el virus. Por tanto, las futuras restricciones no deberían incluirlos a ellos y sería necesario la implementación de estrategias de testeo de anticuerpos en el ámbito empresarial y la exclusión de restricciones para esta población, sin que ello implicara un relajamiento en los protocolos de bioseguridad.
Mejorar la atención de los trabajadores informales
Partiendo de que la actividad económica informal en Bogotá es del 42,2 %, el texto sugiere implementar estrategias con el fin de garantizar la protección de esta población frente al COVID-19. Entre ellas se encuentra el acceso al tapabocas de forma universal y gratuita acompañado de campañas pedagógicas, identificar los puntos de alta concentración de la actividad informal y diseñar de forma concertada protocolos especiales para estos lugares.
Las propuestas tendrán que ser revisadas por el Distrito, teniendo en cuenta que Bogotá tiene hasta el momento el 94 % de sus UCI ocupadas y que deberá enfrentar una cuarentena total el próximo fin de semana, así como la ampliación del toque de queda nocturno hasta el 28 de enero.