La agresión contra el representante estudiantil Kevin Arriguí, ocurrida el pasado 29 de julio en la Universidad Nacional, abrió un debate sobre la seguridad dentro del campus y las tensiones políticas que atraviesan distintos sectores de la comunidad universitaria. Mientras la investigación para identificar a los responsables del ataque avanza, estudiantes que han sido señalados públicamente de participar en los hechos aseguran que no tuvieron ninguna relación con la agresión y denuncian que ahora enfrentan amenazas y hostigamientos.
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Alejandro Bulla y Ana María Sánchez, representantes estudiantiles ante el Consejo de Sede Bogotá, rechazaron las acusaciones que han circulado en redes sociales y que los vinculan con el caso.
Ambos sostienen que no estuvieron presentes en el momento en que Arriguí fue atacado y anunciaron que evalúan emprender acciones legales contra quienes los han señalado como responsables o incitadores.Los representantes estudiantiles aseguran que la agresión contra Arriguí es injustificable y que esperan que la investigación judicial permita establecer quiénes participaron en los hechos. “Lo que pasó el miércoles rompe por completo el tejido social que hemos intentado construir en la universidad. No tiene ningún sentido ni justificación”, dice Sánchez.
Sin embargo, consideran que el caso no puede analizarse de manera aislada, pues ocurrió en medio de un ambiente de confrontación que, según afirman, venía escalando desde hace varios meses dentro de la universidad.
Sánchez señaló que las diferencias con Arriguí no comenzaron con los hechos del pasado miércoles. Según relató, ambas representaciones estudiantiles sostuvieron desacuerdos políticos durante los últimos meses que derivaron en cuestionamientos por presuntas violencias basadas en género y posteriores acciones jurídicas impulsadas por el representante estudiantil. La dirigente señaló que esos episodios profundizaron las tensiones entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Coinciden en que existían antecedentes de hostigamientos, amenazas y conflictos políticos que habían sido puestos en conocimiento de distintas instancias universitarias. Sánchez aseguró que ella y otros representantes estudiantiles reportaron reiteradamente situaciones de acoso, perfilamientos y ataques físicos y digitales, además de otros episodios de agresión, sin que percibieran respuestas suficientes para contener la escalada de tensión.
“Desde el primer momento la universidad tuvo conocimiento de estas cosas y siempre sentimos que nunca de verdad se lo tomaron tan en serio”, aseguró Sánchez.
Las afirmaciones coinciden parcialmente con lo manifestado por el propio Arriguí en días recientes, cuando aseguró que había advertido sobre situaciones de hostigamiento antes del ataque y que algunas de sus denuncias no tuvieron una respuesta oportuna.
Para Sánchez, el problema trasciende las diferencias entre grupos estudiantiles y evidencia una situación más amplia relacionada con la convivencia y la seguridad dentro de la sede Bogotá. “El campus ha dejado de ser un espacio seguro”, afirmó al referirse a los efectos que, según dice, han tenido los señalamientos, las amenazas y los conflictos políticos sobre distintos liderazgos estudiantiles.
La representante sostiene que, tras la agresión contra Arriguí y las publicaciones que posteriormente los vincularon con el caso, tanto ella como otros estudiantes han recibido mensajes intimidatorios y amenazas directas.
“Nos empezaron a decir asesinos, destripadores, que era nuestra culpa. Eso nos pone en riesgo y en la mira”.
Los elementos que piden incorporar a la investigación
Por su parte, Bulla afirmó que existen elementos de contexto sobre lo ocurrido la noche del ataque que, en su criterio, deben ser analizados por las autoridades. Entre ellos mencionó imágenes y videos que, según asegura, mostrarían a Arriguí participando en acciones relacionadas con el retiro de pancartas instaladas por integrantes de Sindicato de la Universidad.
El representante también señaló que ese material incluiría imágenes del representante encapuchado y portando un arma blanca, aspectos cuya autenticidad y contexto deberán ser determinados por la Fiscalía dentro de la investigación.
No obstante, tanto Bulla como Sánchez insistieron en que esos elementos no justifican la agresión sufrida por Arriguí ni modifican la necesidad de esclarecer judicialmente quiénes fueron los responsables del ataque. Ambos señalaron que tampoco tienen información que permita identificar a las personas que lo agredieron.
“Lo de Kevin es lamentable, pero también pensamos que es algo que, por el tinte violento que ya tenía la discusión, nos pudo pasar a cualquiera.”
Por su parte, el rector José Ismael Peña informó que la institución puso a disposición de la Fiscalía los elementos recopilados tras los hechos y manifestó su confianza en que las autoridades identifiquen a los responsables.
Entre las medidas adoptadas se encuentra la activación de la ruta institucional de atención, protección y acompañamiento para integrantes de la comunidad universitaria que consideren estar en riesgo, así como el fortalecimiento de los canales de denuncia a través de la Vicerrectoría de la Sede Bogotá, el Programa de Protección y Convivencia y las autoridades competentes.
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Por Redacción Bogotá
