Lo que viene: los cambios que auguran mejores días para el bienestar animal

Aun con varias falencias que urgen corregir, Bogotá es un ejemplo a seguir en el tema de atención de animales maltratados: la constitución de un instituto dedicado íntegramente a esta misionalidad; la creciente empatía y solidaridad con el dolor y el sufrimiento de los animales, así como el aumento de las denuncias ciudadanas y de redes de cuidado ciudadanas, por fuera de la institucionalidad, son un bálsamo que augura mejores días para cientos de especies víctimas de la crueldad, el olvido y la impunidad.

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Con el cambio de paradigma en la atención de animales en la ciudad, que pasó de un centro de zoonosis, (que a grandes rasgos funcionaba como perrera y centro de sacrificio) a un Instituto que vela por la protección de los animales, con un enfoque más humanitario, la ciudad ha mostrado un avance importante, tanto a nivel técnico como cultural.

Sin embargo, en muchas partes de la ciudad todavía es paisaje ver animales famélicos, heridos o abandonados a su suerte, deambulando en busca de un bocado, un techo o una caricia. Y es precisamente la imagen de una ciudad protectora con los más vulnerables, en donde ninguna vida prime más que otra, el ideal al que se busca llegar.

El camino para una mejor atención

IDPYBA

Para empezar, el órgano rector de la protección animal en la capital del país, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), ha tenido críticas de varios sectores por falencias en la atención, en su organización e incuso en temas de contratación.

Empezando el año, el 2 de enero, Cosmo, un perro que huyó de su hogar por los estallidos de la pólvora en las celebraciones de fin de año (práctica que genera sufrimiento en cientos de especies), fue atropellado en su intento de buscar refugio. Luego del accidente, fue trasladado al Idpyba, en donde le practicaron la eutanasia cuatro horas después de ser ingresado.

Esta situación desató una ola de cuestionamientos hacia la entidad y sus protocolos. Entre las principales dudas planteadas estaban: ¿por qué se tomó la decisión de sacrificar al animal?, ¿qué pasó con su microchip?, ¿cuál es el protocolo establecido por el Instituto para la aplicación de eutanasias?, ¿por qué no se intentó contactar al dueño antes de proceder?, entre otras incógnitas. El caso escaló y derivó en la renuncia de Mariana Martín, quien fungió como directora durante nueve meses.

El caso abrió la puerta para indagar varios líos que en buena parte permanecían en la sombra. ¿Funcionan los microchips para identificar animales? En 2017 se implementó el sistema Ciudadano de 4 patas, cuyo objetivo principal era registrar y tener un censo de animales de compañía en la ciudad, a través de michochips subdérmicos, implantados en perros y gatos, que tenían un número único, a manera de documento de identidad del animal. El chip, asociado a los datos del cuidador, permitiría ubicar a la familia del animal en caso de emergencia.

Además de los chips, se creó una plataforma digital en la que las personas encargadas podían registrar los datos de sus animales, Y para garantizar la efectividad del sistema, se dotaría a veterinarias, CAIS y autoridades distritales con lectores de radiofrecuencia, capaces de escanear los chips rápidamente. Sin embargo, el caso de Cosmó dejó en evidencia las fallas en el sistema, pues a pesar de que el perro tenía chip, su cuidador nunca fue contactado, porque los datos estaban desactualizados.

Además, los costos y la eficiencia de la estrateia también han sido cuestionados. La senadora Andrea Padilla denunció que el Instituto adquirió 254 lectores de microchips, entre el 2016 y el 2021, con un valor de más de $99 millones. De estos, solo 38 están en funcionamiento actualmente y el resto permanece almacenado. Por otro lado, los protocolos de eutanasia también están en tela de juicio, teniendo en cuenta que en este caso solo pasaron cuatro horas desde el accidente hasta su muerte, razón por la cual múltiples voces han exigido una revisión exhaustiva de los protocolos.

Además, se han señalado fallas en las esterilizaciones que realiza la Subdirección de Atención a la Fauna para tener un control poblacional. Según el Instituto, en 2024 se realizaron 29.946 esterilizaciones a perros y gatos, cifra menor si se tiene en cuenta que la meta establecida en el Plan de Desarrollo de Galán proyecta realizar 300.000 esterilizaciones durante el cuatrienio. “Quedaron $927 millones de las esterilizaciones sin ejecutar. Se habían proyectado $4.900 millones para invertir. Eso lo que quiere decir es que no se sabe qué está pasando con esa plata (...) con ese dinero pudieron esterilizar a muchos más”, dijo Padilla en entrevista con este medio.

Por otro lado, las adopciones, el núcleo de la labor del Instituto, han disminuido en los últimos años: en 2018 se reportaron 947; en 2019 la cifra creció a 1.147, y a partir de 2020 (con 864 casos) se registró una reducción paulatina: en 2021 cayó a 671; en 2022 a 597; en 2023 llegó a 638, el año pasado se registró la cifra más baja de los últimos años con 508.

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Hogares de paso

En Bogotá una gran parte de la labor del cuidado y el bienestar animal recae en la labor que la sociedad civil realiza a través de hogares de paso y las labores de rescate, que cientos de personas realizan por su cuenta y riesgo y con sus propios recursos. De acuerdo con la senadora Padilla, solamente en Bogotá hay alrededor de 400 hogares de pasos registrados.

“La mayoría de estos hogares de paso son liderados pos mujeres cabezas de familia de estratos 1 y 2, que pueden llegar a tener en sus casas hasta 60 o 70 animales sin el apoyo del Estado, en muchos casos, consiguiendo el alimento con lo que se desecha en las plazas de mercado y apelando a la solidaridad de otras personas interesadas en la protección de los animales”, recalca la senadora.

Gracias a estas labores, la ciudad no tiene un problema aún más grande de animales desamparados. Sin embargo, sin el apoyo de la institucionalidad, es difícil que estas iniciativas se extiendan a largo plazo y tengan una continuidad. “Esto pasa por la voluntad política y una buena dirección de las entidades, no sé entiende cómo, siguiendo un mismo objetivo, no hay una articulación real”, agregó la congresista.

Para Julio César Piedra, presidente de la Corporación Nacional de Protección y Bienestar Animal (CONAPYBA), el activismo debe dar un paso más allá y volverse una actividad sostenible. “No podemos seguir pensando que los compañeros y compañeras que se la juegan por los animales tengan que sostenerse a punta de rifas y donaciones. Por eso es importante que las organizaciones animalistas puedan licitar. Tenemos que buscar recursos a través de convenios con el sector privado y el sector público. Personas que llevan 10 o 20 años en el activismo están cansadas de que los animales no formen parte de la agenda, de que el presupuesto sea escaso o casi simbólico en muchos casos, y al final, estas personas resultan haciendo la labor que le compete al Estado”.

El cambio legislativo, la clave para seguir avanzando

El 25 de febrero pasado se aprobó por unanimidad la Ley Ángel (Ley 407 de 2024), que busca fortalecer la lucha contra el maltrato animal. La ley, que puede ser la herramienta normativa más importante en el país para la protección de los animales, y que está a la vanguardia en América Latina, está basada en tres componentes: penal, policivo y pedagógico.

Por un lado, en el componente penal, el aumento de las penas es clave. Actualmente la ley 1774 proponía penas de uno a tres años, con la ley, “logramos que aumente de 32 a 56 meses, cuando se le cause la muerte a un animal, y de 20 a 42 cuando se le causen lesiones graves. Este tiempo puede aumentar hasta 98 meses cuando hay agravantes como el acto sexual”, señaló la senadora Padilla, autora del proyecto.

Además, se logró un aumento en las multas, cuyo valor mínimo irá de 15 a 30 salarios mínimos cuando se causen lesiones graves a un animal, y de 30 a 60, cuando se le cause la muerte. “También se crea el agravante de producir y difundir material pornográfico con animales y el de violentar a un animal en el contexto de una actividad económica, por ejemplo, un criadero de animales para fines comerciales”.

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En materia policiva, hay una dispocisión nueva que resulta fundamental para garanizar mejores atenciones en casos de maltrato doméstico: habilitar a la Policía para que ingrse a un domicilio cuando hay certeza con evidencia de que un animal está siendo violentado. Y por otro lado, se logró la creación de la Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal.

Y en materia pedagógica hay dos elementos fundamentales, por un lado, la posibilidad de que una persona sancionada por maltrato leve pueda cumplir su sanción con un curso pedagógico de protección y respeto a los animales, y por otro lado, la obligación de que jueces, fiscales, personeros municipales e inspectores de Policía tengan que estar permanente actualizada en materia normativa.

Así las cosas, la implementación de esta ley, sumada a otras dos que están en trámite en el congreso, resulta fundamental para seguir avanzando en la garantía de los derechos de los más vulnerables. Una de estas iniciativas, que ya pasó el primer debate en la Comisión Primera del Senado, es el proyecto de ley que busca que la práctica de la zoofilia sea reconocida como delito. El proyecto, liderado por la senadora Esmeralda Hernández, también busca tipificar la realización, difusión y promoción de actos sexuales con animales.

“El delito de maltrato animal tiene un elemento que se llama circunstancias de agravación punitiva: penas más fuertes para alguien que cometa una agresión contra un animal con esas circunstancias adicionales de agravación, como actos sexuales con animales, por ejemplo. Es decir, que no estamos hablando de que la zoofilia sea un delito autónomo, sino una circunstancia de agravación. ¿Qué ha significado esto? Unos niveles de impunidad y de subregistros en las denuncias altísimos”, señala la senadora Hernández.

Además de esta importante iniciativa, el pasado 18 de febrero se aprobó, en último debate, la Ley Lorenzo, o Ley 049 de 2023, un paso importante para asegurar condiciones de vida dignas de más de 6.000 caninos que actualmente son usados para labores de vigilancia. En 2022, el video de un perro llamado Lorenzo, siendo arrastrado y maltratado por un vigilante en las puertas del centro comercial Andino, fue el detonante para que desde el congreso se edificase una ley que reglamentara el uso de caninos en vigilancia privada.

La Superintendencia registra 108 empresas en el país que tienen autorizado el uso de medio canino para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, de las cuales el 68,5% se encuentran en la ciudad de Bogotá. Uno de los puntos que cambiaron en la Ley fue el artículo 6, que posibilitaba a las entidades públicas que usan perros de vigilancia, a dar más puntos a empresas de vigilancia que no usan perros, reconfigurando el negocio, pues más del 30 % de entidades públicas usan perros de vigilancia.

Con este panorama por delante, los meses venideros serán definitivos para implementar las leyes aprobadas y propiciar la discusión política necesaria para que el proyecto que busca tipificar la zoofilia también sea una realidad. Sin embargo, además del componente legislativo, el elemento social y cultural es fundamental: las estrategias de pedagogía en instituciones educativas y del Estado, en medios de comunicación y en puntos neurálgicos de violencia contra los animales, como localidades donde aún se practican peleas de gallos o los índices de abandono y negligencia son altos, por ejemplo, resultan cruciales.

Al ser la violencia un componente heredado y cultural, sin ese cambio, sin la insistencia de colectivos activistas y de las instituciones encargadas, los animales seguirán siendo vistos como un objeto y como seres destinados a satisfacer los instintos más bajos y egoístas de miles de personas que, precisamente, crecieron y fueron criados con la lógica de sumisión, servidumbre y explotación con la que los animales han sido vistos a través de la historia, lógica que nos corresponde combatir y redefinir.

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