Los desafíos que vienen con TM por la Av. 68
La construcción de la troncal de Transmilenio ya fue adjudicada y se convertirá en una prueba de fuego para la alcaldesa Claudia López, quien tendrá que demostrar su capacidad administrativa y anticorrupción para que las obras lleguen a buen puerto.
-Redacción Bogotá - bogota@elespectador.com
Independientemente del debate por la construcción de la troncal de Transmilenio (TM) por la avenida 68 y los reproches a la alcaldesa Claudia López por no haber abortado el proceso para cumplir lo que prometió en campaña, hoy, que la obra no tiene reversa, las prioridades de la administración tendrán que cambiar. No solo por la envergadura de un proyecto que costará $3,2 billones, sino porque implicará grandes retos que pondrán a prueba la capacidad administrativa y anticorrupción de la mandataria, quien al adjudicar asumió la obligación de llevar la obra a buen puerto.
Si bien la justificación para seguir adelante siempre será el “escaso margen de maniobra, dado que el exalcalde Enrique Peñalosa dejó el proyecto en una etapa sin retorno”, lo cierto es que la construcción será una prueba de fuego para López, pues ya no solo debe sortear el malestar de quienes se resisten a la expansión de TM (que seguro acudirán a la justicia para tratar de frenar el proyecto), sino los desafíos en infraestructura, movilidad y transparencia.
(Le puede interesar: Transmilenio por la Av. 68, garantía para el éxito del metro)
Otro desafío es que, al ser la 68 una arteria que atraviesa de sur a norte casi todo Bogotá y se cruza con los principales corredores de salida de la ciudad, algunos con sistema troncal, se proyectan grandes obras en las intersecciones. Y si a eso se suma la construcción del metro, se vislumbra un posible colapso en la movilidad, lo cual implica un milimétrico plan de tráfico para menguar los efectos.
Además, está la vigilancia de los recursos, pues, si bien todos los contratistas cumplieron los requisitos, a algunos los rondan fantasmas de contratos pasados. Conconcreto, empresa que construirá los tramos 5 y 8, por ejemplo, fue investigada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mientras el Consorcio LHS, a cargo del tramo 6, tiene nexos con la dinastía Solarte, que tiene empresas mencionadas en el escándalo de Odebrecht y uno de sus directivos condenado. Ante esto, la bandera anticorrupción será clave para garantizar que todo se ejecute sin irregularidades.
Otro asunto que podría verse como una oportunidad será tener que dejar todo listo para que la troncal opere en 2025, incluyendo la adquisición de buses, con lo que podrá demostrar su compromiso ambiental para dar paso a energías limpias.
Más allá de los detalles relacionados con la obra, que la alcaldesa ha calificado como una imposición de la pasada administración, está el efecto colateral en los planes de López. Por un lado, le imponen sincronizar la nueva troncal con su proyecto de movilidad, que estaría basado en modos férreos, como lo dijo en campaña, y además la obligan a pensar en cómo buscar dinero para cumplir su mayor promesa de campaña: extender el metro hasta Suba y Engativá, pues para su financiación contaba con los recursos que liberaría al desistir de la troncal de la avenida 68.
En resumen, la construcción de la nueva troncal pondrá a prueba la capacidad de la nueva administración, examen que, seguramente, podría tener efectos a futuro en el capital político que hoy forja Claudia López.
Las dudas que deben resolverle a la Procuraduría
Para frenar la licitación de la troncal de Transmilenio por la avenida 68, los detractores tenían puestas las esperanzas en la orden de un juez o una solicitud concreta de la Procuraduría, pero ninguna llegó a tiempo. Lo más cercano fue un oficio que el ente de control envió el pasado jueves al IDU (horas antes de la adjudicación), en el cual pidió aclarar dudas relacionadas con la adquisición de predios, los patios disponibles y los trayectos que deben recorrer los buses vacíos.El oficio se hizo público después de que la concejal María Fernanda Rojas, de la Alianza Verde, entregara un documento con observaciones, entre ellas una duda sobre la aprobación de los estudios previos por parte de un funcionario capturado en el allanamiento que realizó la Fiscalía al IDU el pasado noviembre. Las preguntas están por resolver.
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Independientemente del debate por la construcción de la troncal de Transmilenio (TM) por la avenida 68 y los reproches a la alcaldesa Claudia López por no haber abortado el proceso para cumplir lo que prometió en campaña, hoy, que la obra no tiene reversa, las prioridades de la administración tendrán que cambiar. No solo por la envergadura de un proyecto que costará $3,2 billones, sino porque implicará grandes retos que pondrán a prueba la capacidad administrativa y anticorrupción de la mandataria, quien al adjudicar asumió la obligación de llevar la obra a buen puerto.
Si bien la justificación para seguir adelante siempre será el “escaso margen de maniobra, dado que el exalcalde Enrique Peñalosa dejó el proyecto en una etapa sin retorno”, lo cierto es que la construcción será una prueba de fuego para López, pues ya no solo debe sortear el malestar de quienes se resisten a la expansión de TM (que seguro acudirán a la justicia para tratar de frenar el proyecto), sino los desafíos en infraestructura, movilidad y transparencia.
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Otro desafío es que, al ser la 68 una arteria que atraviesa de sur a norte casi todo Bogotá y se cruza con los principales corredores de salida de la ciudad, algunos con sistema troncal, se proyectan grandes obras en las intersecciones. Y si a eso se suma la construcción del metro, se vislumbra un posible colapso en la movilidad, lo cual implica un milimétrico plan de tráfico para menguar los efectos.
Además, está la vigilancia de los recursos, pues, si bien todos los contratistas cumplieron los requisitos, a algunos los rondan fantasmas de contratos pasados. Conconcreto, empresa que construirá los tramos 5 y 8, por ejemplo, fue investigada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mientras el Consorcio LHS, a cargo del tramo 6, tiene nexos con la dinastía Solarte, que tiene empresas mencionadas en el escándalo de Odebrecht y uno de sus directivos condenado. Ante esto, la bandera anticorrupción será clave para garantizar que todo se ejecute sin irregularidades.
Otro asunto que podría verse como una oportunidad será tener que dejar todo listo para que la troncal opere en 2025, incluyendo la adquisición de buses, con lo que podrá demostrar su compromiso ambiental para dar paso a energías limpias.
Más allá de los detalles relacionados con la obra, que la alcaldesa ha calificado como una imposición de la pasada administración, está el efecto colateral en los planes de López. Por un lado, le imponen sincronizar la nueva troncal con su proyecto de movilidad, que estaría basado en modos férreos, como lo dijo en campaña, y además la obligan a pensar en cómo buscar dinero para cumplir su mayor promesa de campaña: extender el metro hasta Suba y Engativá, pues para su financiación contaba con los recursos que liberaría al desistir de la troncal de la avenida 68.
En resumen, la construcción de la nueva troncal pondrá a prueba la capacidad de la nueva administración, examen que, seguramente, podría tener efectos a futuro en el capital político que hoy forja Claudia López.
Las dudas que deben resolverle a la Procuraduría
Para frenar la licitación de la troncal de Transmilenio por la avenida 68, los detractores tenían puestas las esperanzas en la orden de un juez o una solicitud concreta de la Procuraduría, pero ninguna llegó a tiempo. Lo más cercano fue un oficio que el ente de control envió el pasado jueves al IDU (horas antes de la adjudicación), en el cual pidió aclarar dudas relacionadas con la adquisición de predios, los patios disponibles y los trayectos que deben recorrer los buses vacíos.El oficio se hizo público después de que la concejal María Fernanda Rojas, de la Alianza Verde, entregara un documento con observaciones, entre ellas una duda sobre la aprobación de los estudios previos por parte de un funcionario capturado en el allanamiento que realizó la Fiscalía al IDU el pasado noviembre. Las preguntas están por resolver.
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