Los líos con lo que cientos de bomberos de Cundinamarca asumirán el fenómeno de La Niña

La emergencia que vivió Cundinamarca a principio de año, a raíz de los incendios forestales, como consecuencia del fenómeno de El Niño, tuvo como protagonistas a cientos de bomberos que dedicaron días y noches a extinguir las voraces llamas que de a poco se tragaban cerros y bosques. Fueron casi 500 incendios los que se atendieron en el departamento solo en los primeros tres meses del 2024, conflagraciones que afectaron 2.000 hectáreas, en su mayoría de bosque nativo. Si no hubiera sido por su dedicación, incluso enfrentándose a los vacíos de operación que sufren los cuerpos de bomberos de varios municipios, las consecuencias habrían sido mucho peores.

La emergencia que vivió Cundinamarca a principio de año, a raíz de los incendios forestales, como consecuencia del fenómeno de El Niño, tuvo como protagonistas a cientos de bomberos que dedicaron días y noches a extinguir las voraces llamas que de a poco se tragaban cerros y bosques. Fueron casi 500 incendios los que se atendieron en el departamento solo en los primeros tres meses del 2024, conflagraciones que afectaron 2.000 hectáreas, en su mayoría de bosque nativo. Si no hubiera sido por su dedicación, incluso enfrentándose a los vacíos de operación que sufren los cuerpos de bomberos de varios municipios, las consecuencias habrían sido mucho peores.

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Ahora, estos mismos socorristas se alistan para la otra cara de la moneda: un anunciado invierno que, si bien se espera con ansia para subsanar la crisis hídrica, vale recordar que lamentablemente en los últimos años ha llegado cargado de tragedias. Pese a ello, aún siguen sin solución los problemas de operación que insistentemente vienen denunciando los representantes de la institución. Municipios sin socorristas o con capacidades técnicas limitadas, mandatarios locales que no cumplen su obligación de preservar convenios con la institución y contratos que se firman por cumplir, pero sin impacto real, son algunos de los problemas que enfrentan varios cuerpos de bomberos del departamento.

Los vacíos

La situación escaló y, frente a la época de transición entre el fenómeno de El Niño y la entrada de La Niña, llamó la atención de la Procuraduría, entidad que, el 2 de abril, “convocó a 53 alcaldes de los municipios de Cundinamarca a una mesa de trabajo para analizar cuál ha sido la estrategia de las administraciones para garantizar la gestión del riesgo contra incendios y atención de emergencias, para afrontar los efectos del fenómeno de El Niño y la transición al fenómeno de La Niña”.

Tras la reunión se evidenciaron vacíos que pueden derivar en graves fallas al atender una emergencia. Por un lado, de acuerdo con Álvaro Farfán, delegado de Bomberos de Cundinamarca, solo 81 de los 116 municipios del departamento tienen cuerpos de bomberos activos, de los cuales apenas tres son de carácter oficial: Girardot, Soacha y Cajicá; el resto son voluntarios. A estos se suman 35 municipios donde, en caso de una emergencia, no hay quién la atienda y quedan a merced de sus vecinos.

Y aunque con 81 cuerpos de bomberos parece que existiera una buena cobertura, el panorama administrativo para muchos de ellos es complejo. Por ejemplo, hay municipios donde, pese a tener organismo de socorro, las alcaldías siguen sin elaborar convenios que, al menos, garanticen una modesta operación. Y hay otros que, a pesar de existir convenios, son intermitentes y por pocos meses. Ambas situaciones no solo ponen en riesgo a los municipios, ya que las emergencias no tienen fecha, sino que impiden que estén preparados para ejercer su labor.

Para completar, algunos convenios son por cifras irrisorias, con las que algunas administraciones pretenden financiar los servicios de los cuerpos de bomberos “por menos de $25 millones. Algo que atenta contra el sentido común, pues una institución que presta un servicio de esa envergadura no puede sostenerse con ese presupuesto”, señala Farfán. Esto es lo que comúnmente se conoce como “contratos de papel”, pues, si bien están firmados, no ofrecen la capacidad logística para atender emergencias.

“El discurso siempre es que no hay plata, pero los municipios tienen la facultad de establecer los recursos para financiar la labor bomberil. La misma ley permite que cada municipio pueda crear su sobretasa de bomberos mediante un acuerdo municipal. Lo que pasa es que muchos municipios, por ejemplo, hacen los recaudos exclusivamente del comercio, cuando son municipios con 10 tiendas. En cambio, se puede hacer la aplicabilidad en el tema predial, en la telefonía celular o en las contrataciones”, indica.

La representante Alexandra Vásquez se sumó a la preocupación que tienen muchos sobre el fortalecimiento de los bomberos del departamento. “Hacemos un llamado al Ministerio del Interior. En Cundinamarca hay 81 cuerpos de bomberos, 3 oficiales no más, 78 voluntarios; 67 activos, y 14 inactivos. Somos uno de los departamentos que resultan más afectados por las emergencias: si hace calor nos incendiamos, si llueve nos inundamos. Pero solo se asignan 20 millones al año para un cuerpo oficial de bomberos. ¿Qué acciones está haciendo el Ministerio del Interior de cara a enfrentar la crisis climática sin fortalecer el equipo de bomberos?”

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La Niña

La atención de las emergencias derivadas del fenómeno de El Niño implicó, además de los retos relacionados con la atención de emergencias, esfuerzos logísticos adicionales propiciados por la negligencia de varias administraciones locales, pues más del 60 % de municipios no había solucionado la contratación de los cuerpos de bomberos. “La atención se hizo y, de manera solidaria, atendimos las emergencias, porque muchos casos excedían la capacidad operativa a la mano”, agrega el capitán.

“Sabemos que estamos ante la llegada de un posible fenómeno de La Niña que, según han dicho los organismos especializados, se caracterizará por un aumento importante en las lluvias y todas las emergencias que de allí se desprenden: crecientes súbitas, avenidas torrenciales, deslizamientos, inundaciones, afectaciones por tormentas eléctricas y granizadas, entre otras. Para ello, nos hemos venido preparando y aumentando nuestras capacidades logísticas, pero es imperante que las administraciones locales también hagan su parte”, advierte Farfán.

Y es que la preparación debe partir de los municipios. Los concejos municipales de gestión de riesgo deben establecer el panorama de emergencias y desastres que pueden ocurrir en cada jurisdicción, para elaborar planes de respuesta asertivos, los cuales, además de adelantarse a los hechos, llegado el momento de una emergencia, propicien una mejor atención.

Para enfrentar la temporada hay 1.600 socorristas departamentales prestos a atender las emergencias. Además, en caso de que la capacidad de respuesta de un municipio se vea desbordada, se atienden con planes de complementariedad con Defensa Civil, Cruz Roja, el grupo especializado de la Policía Ponalsar, unidades especializadas del Ejército y el batallón de desastres, que entran a apoyar. Además, para la atención de esta temporada de lluvias, los bomberos tendrán disponibles elementos para el rescate acuático, con los que antes no contaban y para suplir esa necesidad debían acudir a los bomberos de Bogotá.

Con los años, por el efecto del cambio climático, la incidencia de El Niño y La Niña ha sido mayor. El espacio que cada vez más se les diezma a los ríos, la deforestación o la urbanización de zonas prohibidas contribuye a que en épocas de lluvias se presenten grandes inundaciones o deslizamientos, como el que ocurrió en el municipio de Quetame, donde murieron 14 personas. En ese sentido, previendo que con los años la situación tiende a agravarse, también es fundamental el trabajo pedagógico con la ciudadanía sobre cómo actuar ante una emergencia, especialmente en aquellos municipios con altos índices de riesgo, como algunos del occidente del departamento que tienen el cuerpo de bomberos más cercano a una hora de camino.

La negligencia o la falta de conocimiento de algunos mandatarios locales frente a sus obligaciones con los cuerpos de bomberos se han vuelto una constante, que las autoridades y los entes de control quieren frenar. Por ahora, los correctivos están en curso y, tras la reunión del 2 de abril, parece que el panorama está mejorando. Resta esperar a que empiecen las lluvias para saber si las recomendaciones se acataron o si, de nuevo, pese a las advertencias, algunas administraciones siguen ignorando sus obligaciones.

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