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Son las 4:00 p.m. de un miércoles cualquiera en Bogotá. Decenas de personas bajan de la estación de Transmilenio Calle 19 para sus lugares de trabajo, estudio o vivienda. Quienes transitan por la avenida Caracas con calle 22 pasan abrumados, no solo por el trajín de la ciudad, también por el ambiente del sector.
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Hace un sol veraniego y el reflejo de los rayos rebota en la piel de ocho mujeres que están en diferentes puntos de la acera en búsqueda de clientes. Pareciese que llevan un buen rato esperando, pues el sudor brota de sus frentes y se alcanza a notar en una la incomodidad de aguantar una larga jornada en tacones. La escasez de prendas y los encajes bordados que llevan puestos llaman la atención. Sin embargo, se desconoce si lo hacen por gusto, necesidad u obligación.
Cientos pasan temerosos. Muchos se dejan ganar por la curiosidad y giran sus cabezas para apreciar a aquellas que han superado el pudor y muestran la lozanía de sus cuerpos sin restricciones. Para unos está mal visto y hasta se santiguan a su paso; otros reconocen que se sienten intrigados, y también están los que, en cuestión de minutos, contratan los servicios de quienes están dispuestas a dar placer a cambio de algunos billetes.
Como ellas, de acuerdo con la caracterización realizada en 2017 por el Distrito, ordenada por la Corte Constitucional en 2016, para la formulación de una política pública para el trabajo sexual en la capital, existen cerca de 7.000 personas, en su mayoría mujeres, que ofrecen actividades erótico-sexuales-afectivas en un intercambio monetario.
Aunque las cifras están desactualizadas y corresponden al panorama de hace más de cinco años, los datos arrojaron que el 80,8 % de ellas lo hacían en establecimientos y el 19,2 % en las calles. Su promedio de edad se ubicaba entre los 18 y 25 años, y una de cada tres era extranjera. En su mayoría (96,8 %) eran mujeres cisgénero y el 42 % provenían de ciudades diferentes a la capital.
La mitad de las consultadas no terminaron la educación básica y el 76,9 % de ellas no querían volver a los entornos educativos, debido a la estigmatización. El 86 % contaban con un ingreso mensual que oscilaba entre los $601.000 y $1’200.000, recursos que conseguían teniendo en promedio tres o cuatro clientes al día y, a pesar de ello, el 48,9 % afirmó haber dejado de comer por falta de dinero en algunas ocasiones.
Estas métricas son las más actualizadas a la fecha, aunque según Diana Parra Romero, subsecretaria de Cuidado y Políticas de Igualdad de la Secretaría de la Mujer, el año pasado se realizó una actualización de la caracterización, y las nuevas cifras se conocerán el próximo 8 de marzo.
No obstante, lo cierto es que las conversaciones en torno al trabajo sexual, la prostitución o “la putería” se han quedado en la clandestinidad y siguen siendo un tabú en la sociedad colombiana. Aún se debate si, por ley, se deben regular o no las condiciones de quienes ejercen este tipo de actividades que, de acuerdo con historiadores, corresponden a uno de los oficios más antiguos del mundo.
Tema que se ha puesto sobre la mesa con la llegada del presidente Gustavo Petro y su gobierno. Incluso la vicepresidenta Francia Márquez, el pasado 7 de marzo, dejó clara su postura a favor de la regulación del trabajo sexual, detallando que “sus derechos laborales deben ser reconocidos, para protegerlas de abusos”.
Pronunciamiento que celebran desde la Asociación Sindical de Trabajadores Sexuales (Astrasex), primer sindicato que agrupa todas las modalidades del trabajo sexual, incluyendo webcamers, scort y trabajadoras sexuales en sitio, quienes -según afirman- se cansaron de que hablaran por ellas y ahora buscan que el Estado les garantice condiciones laborales dignas.
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“Soy prostituta, puta y trabajadora sexual, porque desde las tres me enuncio. He ejercido todas las modalidades del oficio y ahora, como presidenta de Astrasex, luchamos desde la militancia para que se reconozca que el trabajo sexual también es trabajo y se garanticen las condiciones para ejercerlo”, afirma Carolina Calle, quien igual es directora de Calle 7 Colombia, organización de base comunitaria para la promoción y defensa de los derechos de trabajadores sexuales y sus familias.
Esta discusión ha estado en medio de la controversia que suscita la idea de otorgar un estado profesional a la prostitución. Tarea que se ha postergado por años, a pesar de que a la fecha existe una normativa que pide regular estas actividades. Así lo exigió la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-629 de 2010, en la cual se reconocieron derechos a las y los trabajadores sexuales y se ordenó al Ministerio de Trabajo “elaborar una propuesta de regulación que proteja a todos aquellos que ejercen la prostitución legalmente”.
Petición a la que se suman la Sentencia T-594 de 2016 y la Sentencia de Unificación SU-062 de 2019, en las cuales se ratifica la necesidad de una regulación en el marco de la autonomía de las entidades territoriales. De hecho, y tal como expone la abogada Matilda González, coordinadora del área legal de la Red Comunitaria Trans, incluso la misma Corte Constitucional ordenó al Congreso de la República regular los derechos de las trabajadoras sexuales y de las modelos webcam laboralmente. Sin embargo, todavía no se ha hecho.
“En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó revisar los marcos legislativos que pudieran estigmatizar o criminalizar a las trabajadoras sexuales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos les dijo a los Estados miembros que era su obligación formalizar los trabajos informales como los de las recicladoras y las trabajadoras sexuales, y el proceso garantizar sus derechos sindicales. En nada se ha avanzado”, puntualiza González.
No obstante, más allá de las posiciones moralistas, ¿por qué es tan difícil su formalización? De acuerdo con varios expertos, como la subsecretaria Parra y el abogado constitucionalista Diego Otero, para otorgarle un marco laboral digno al trabajo sexual se tendría, por ejemplo, que reconocer que la labor es una actividad de alto riesgo, que podría incluso llegar a ser equiparada con las Fuerzas Militares, debido a que se pone en riesgo la integridad corporal, y también por las afectaciones y disonancias cognitivas del oficio.
Esto conllevaría a que tendrían que jubilarse de manera anticipada a comparación de otras profesiones, al igual que los militares, cuyas pensiones son otorgadas tras cumplir 25 o 30 años de servicio. En otras palabras, implicaría que el Estado tendría que cubrir parte de esos gastos.
Pero existe un gran vacío jurídico en cuanto a la figura del contratante y las obligaciones a cumplir. En el derecho laboral se estipula quién contrata los servicios y las responsabilidades del cargo. En el caso del trabajo sexual estas categorías no son sencillas de llenar, pues no se trata de un único empleador, sino de varios.
En el segundo aspecto el debate es aún más amplio: la respuesta más sencilla sería que el deber de quienes ejercen estas actividades sería “brindar placer”; pero, ¿cómo se define un concepto tan amplio?, y, ¿qué pasa si el cliente afirma que no quedó satisfecho?
Frente a estas preguntas, algunos consideran que los dueños de los prostíbulos tendrían que ser los contratistas, pero esto podría entrar en otras prácticas tipificadas como delitos como la explotación sexual, el proxenetismo e incluso la trata de menores.
Planteamiento al que el abogado Otero le suma otra discusión en el marco de los derechos humanos: “De acuerdo con los tratados internacionales, los seres humanos estamos fuera del comercio y, por ello, es clave cuestionar el modelo de sociedad patriarcal que conlleva a creer que las mujeres son objetos para el placer. Pero, a su vez, hay que cuestionar si quienes se identifican como trabajadoras sexuales lo hacen en realidad a partir de una decisión libre y no como consecuencia de las condiciones particulares en las que todas se han visto involucradas”.
Otro asunto al que hay que prestarle atención en la capital es que en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, en el cual se define la forma en la que se usa el suelo, se desdibujaron las llamadas “zonas de tolerancia”, lo que desde la Red Comunitaria Trans, por ejemplo, califican como un avance para la ampliación del mercado, pero a su vez las deja desprotegidas, a falta de especificidades, como dónde pueden ejercer.
Falta aún mucho por definir en el camino para formalizar las actividades sexuales como trabajo. Sin embargo, en lo que coinciden todos los consultados es en que, de hacerlo, se debe partir de la autonomía, pero también se deben ofrecer alternativas para quienes no solo quieren dedicarse a ello o quienes, en definitiva, quieren salir del mundo de la prostitución.
Bogotá y su Política Pública de Actividades Sexuales Pagas -ASP-
Desde el 2019 el Distrito cuenta con una política pública que responde a una orden de la Corte Constitucional emitida en el 2016. Cabe señalar, algunos colectivos critican la idea de Actividades Sexuales Pagas –ASP-, pues lo consideran un “eufemismo para no reconocer el trabajo sexual”.
De acuerdo con Clara López, directora de Derechos y Diseño de Políticas de la Secretaría de la Mujer, esta se ubica en una posición intermedia dentro del ordenamiento jurídico colombiano, debido a que el trabajo sexual no está reglamentado por ley.
“Nuestro abordaje va más allá de las medidas higiénico-sanitarias, tenemos una postura garantista de derechos que reconoce al trabajo sexual (ejercido desde la autonomía) como una actividad y buscamos mejorar las condiciones que quienes lo hacen en medio de la vulnerabilidad”, detalla la funcionaria.
A la fecha en Casa de Todas, ubicada en la calle 24 # 19 A – 36, ofrecen a las mujeres trabajadoras sexuales acompañamiento psicosocial, asesoría educativa y ocupacional, atención socio-jurídica y representación judicial y social de manera gratuita.
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Por Cristian Camilo Perico Mariño
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