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La Personería de Bogotá puso lupa a una supuesta falta de previsión contractual por parte de la Secretaría de Integración Social, que hoy estaría provocando el cierre de varios jardines que operan bajo su dirección.
Ante ello, el organismo de control anunció la constitución de una veeduría para conocer de cerca las razones de los cierres, que tendrían origen en la recién terminada ley de garantías que –por cuenta de las elecciones parlamentarias y presidenciales– contempla restricciones para que los funcionarios públicos no influyan en los resultados a través de sus presupuestos, nombramientos, entrega de obras o presiones.
Según la personera Carmen Teresa Castañeda, la vigilancia se centra, en particular, en el cierre de los centros que atienden a niños en condición de discapacidad: los Crecer, de los cuales hay 17 en la ciudad, donde acuden menores con discapacidades cognitivas, es decir mentales. Por otro lado, están los Avanzar, de los que sólo hay tres, a los que llegan quienes presentan discapacidades múltiples, entre las que se incluyen las cognitivas y físicas.
(Lea: El lío con los centros para niños con discapacidad)
“Ordenamos una veeduría y ya vemos hemos revisado algunos temas de contratación. El año pasado se presentó la misma situación y este año, muchos funcionarios de la administración perdieron la noción de la entrada en vigencia de la ley de garantías y se han paralizado muchos procesos contractuales. Vamos a revisar y a dar las recomendaciones del caso, porque por los defectos del Distrito no se pueden afectar los derechos fundamentales de los niños”, aseguró la funcionaria.
En respuesta, este jueves la secretaria de Integración Social, Cristina Vélez, argumentó que se trabaja para garantizar una contratación transparente y eficiente para los jardines cofinanciados, que hoy cubren el 15 % de todos los cupos en la ciudad.
“Celebramos el llamado y desde la Secretaría estamos trabajando por garantizar una contratación transparente y eficiente. Esperamos que este proceso de contratación pueda garantizar una mejor atención para los niños y buscamos también poderle dar respuesta a todos los requerimientos que haga la personera”, declaró Vélez.
En el caso particular de los centros que atienden a niños en condición de discapacidad, la queja se conoció en mayo pasado. El lío radicaba en que, tradicionalmente, el Distrito contrataba a los centros Avanzar de manera directa, bajo la figura de convenio de asociación. Sin embargo, el Gobierno Nacional reguló este tipo de contratos en 2016, por lo que ahora se deben realizar otros procesos y las organizaciones deben aportar recursos, algo que antes no se exigía.
La Secretaría de Integración Social tuvo que replantear entonces los contratos para volver a obtener los servicios, pero este año hubo un inconveniente más. Como el contrato anterior se terminó en abril y no se adelantó el proceso antes de la Ley de Garantías, ahora tuvieron que esperar a que pasaran las elecciones presidenciales para adelantar los requerimientos y reabrir los centros.
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Por -Redacción Bogotá - bogota@elespectador.com
