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Para un líder de una organización campesina de Sumapaz, que prefiere ocultar su nombre, el anuncio de reforzar la presencia militar en la zona deja una pregunta que a su juicio sigue inconclusa: ¿qué amenaza concreta busca atender la medida y por qué se plantea aumentar el despliegue en un territorio donde el Ejército ya tiene una presencia permanente?
Su inquietud no parte de un rechazo per se a la Fuerza Pública. Está relacionada con la memoria de operaciones militares que, según los testimonios recogidos por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, estuvieron acompañadas de señalamientos contra la población, detenciones arbitrarias, desplazamientos y asesinatos presentados como bajas en combate. En consecuencia, para las organizaciones campesinas, la discusión sobre seguridad no puede desligarse de esa historia ni de las garantías para quienes habitan la localidad.
Una presencia militar que ya hace parte del territorio
En Sumapaz opera el Batallón de Alta Montaña, además de bases y puestos de control de la Fuerza Pública. El líder consultado señala que la presencia militar ha sido constante y que, en su percepción, el territorio cuenta con una vigilancia amplia. Por eso, dice, la comunidad no entiende qué cambiaría con un nuevo despliegue ni cuál es la información de seguridad que sustenta la propuesta.
El dirigente también recuerda que, hasta hace unas tres semanas, funcionaba un puesto en el que se revisaban documentos y se preguntaba a los habitantes por sus recorridos. Según su relato, ese punto fue retirado sin que la comunidad recibiera una explicación clara. La inquietud no se limita a la existencia de controles, sino a la forma en que pueden afectar la vida cotidiana y, en particular, a los líderes sociales y campesinos.
En el pasado "esos mecanismos sirvieron para perfilar a integrantes de organizaciones comunitarias y alimentar procesos judiciales que considera infundados". Sin embargo, su lectura actual es que las incursiones de grupos armados son esporádicas y que su presencia en la zona es marginal, de ahí el interrogante de la razón de plantear un mayor despliegue.
Las prevenciones tienen fundamento. La Comisión de la Verdad también registró preocupaciones de las comunidades por la presencia de actores armados y los controles militares. En su informe de 2022 sobre Sumapaz, recogió denuncias de organizaciones campesinas acerca de puestos permanentes en la parte alta de la localidad y de procedimientos de empadronamiento que despertaban temores de persecución o de nuevos señalamientos. El documento permite entender que la discusión sobre la presencia militar no es nueva y que las comunidades han pedido explicaciones sobre sus alcances y efectos desde hace años.
La memoria de las operaciones militares
“A los viejos les decían: ‘Ustedes de día se ponen la ruana y el azadón y en la noche cogen el fusil’”, cuenta el entrevistado haciendo referencia a la frase que se usó durante años para refefirse a los habitantes de la localidad y la provincia del Sumapaz y que incidió en los procesos de estigmatización que temen tener que repetir.
La localidad y la provincia del Sumapaz fueron escenario de operaciones militares de gran escala desde comienzos de los años noventa. Una de ellas fue la Operación Colombia, en 1990, cuyo objetivo era Casa Verde, el principal campamento de las Farc en el Meta el cual tuvo efectos sobre la población campesina y estuvo acompañada de señalamientos contra sus habitantes por sus supuestos vínculos con la guerrilla.
En el informe Estigmatización y violencia política en Sumapaz, publicado en 2022, la Comisión de la Verdad recoge testimonios de habitantes que recuerdan cómo integrantes de la Fuerza Pública asociaban la vida campesina con la actividad insurgente. Uno de los relatos documentados describe el señalamiento de que los habitantes trabajaban durante el día y tomaban las armas en la noche. Esa asociación entre campesinado y guerrilla contribuyó a convertir a la población civil en objeto de sospecha.
El documento también registra detenciones de dirigentes de organizaciones sociales, integrantes de juntas de acción comunal, representantes de la Unión Patriótica y líderes sindicales. sociales. La entidad relacionó esos episodios con distintos momentos de la confrontación, como la mencionada Operación Colombia y el Plan Patriota, la ofensiva militar implementada del 2002 al 2006, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
En la transición de finales de los años 90 y comienzos de los 2000, la confrontación se intensificó y se realizó la instalación del Batallón de Alta Montaña en el sector del Alto de las Águilas, en jurisdicción del municipio de Cabrera. La Comisión analiza, entre otras, la Operación Aniquilador II (de retoma del páramo de Sumapaz en el año 2000) y las acciones desarrolladas durante el Plan Patriota y la Operación Libertad (2003). En ese periodo, el informe identificó desplazamientos colectivos, persecución contra organizaciones campesinas y violencia contra personas señaladas de colaborar o simpatizar con la guerrilla.
Uno de los hallazgos más graves del documento es la identificación de acciones coordinadas entre integrantes del Ejército y estructuras paramilitares para atacar a civiles considerados cercanos a las FARC. La Comisión señala que las comunidades campesinas, las organizaciones sociales y sindicales e integrantes de la Unión Patriótica estuvieron entre los sectores afectados. En el informe también se describen estigmatización, montajes judiciales, torturas, intimidaciones, violencia sexual, saqueos y apropiación ilegal de bienes.
La entidad documentó, además, casos de ejecuciones extrajudiciales en los que campesinos fueron asesinados y presentados como integrantes de la guerrilla muertos en combate. Entre ellos está el de Víctor Hilarión, un arriero señalado por el Ejército de transportar paquetes para las FARC, cuyo cuerpo fue presentado como el de un comandante guerrillero. El informe también recoge los casos de Heriberto Morales, Wilder y Javier Delgado, asesinados cuando realizaban labores en una finca cerca del páramo de Sumapaz.
La Comisión no presenta estos hechos como episodios aislados de una confrontación entre dos actores armados. Su análisis muestra cómo la estigmatización convirtió a sectores de la población civil en objetivos de persecución y debilitó las organizaciones que durante años habían articulado la vida política y comunitaria de la región. El documento recuerda que la imagen de Sumapaz como “zona roja” o territorio guerrillero alimentó una lectura según la cual sus habitantes podían ser tratados como parte del enemigo.
“Hay mucha gente prevenida por toda la historia del territorio con agentes armados, entre los que se encuentra el ejército. No estamos diciendo con esto que necesariamente va a volver a pasar lo que ya vivimos, pero sí necesitamos diálogo y garantías de no repetición” resume el líder territorial, quien también recuerda varios de esos episodios.
La seguridad también pasa por las garantías para la población
La discusión, en todo caso, no consiste en desconocer las obligaciones del Estado frente a la seguridad de Sumapaz. La localidad ha tenido una importancia estratégica por su ubicación y por su relación histórica con corredores de movilidad de las antiguas Farc. La pregunta que plantean las organizaciones campesinas es cómo responder a los riesgos sin repetir prácticas que terminaron afectando a la población civil y debilitando sus formas de organización.
Por eso, el líder insiste en que la comunidad necesita conocer qué información tienen las autoridades sobre las amenazas que justifican la propuesta. Asegura que las organizaciones campesinas y las juntas de acción comunal no han sido convocadas para discutirla ni han recibido una explicación sobre el alcance de las medidas anunciadas. La falta de información, dice, aumenta la incertidumbre y deja a los habitantes por fuera de una decisión que tendría efectos directos en su territorio.
La petición de las organizaciones, entonces, es que cualquier decisión sobre seguridad parta de un diálogo con quienes viven en Sumapaz. Piden que las autoridades expliquen cuál es el diagnóstico, qué cambios se contemplan frente a la presencia militar que ya existe y cuáles serán las garantías para evitar abusos. También reclaman una estrategia que no se limite al despliegue de tropas y que incluya a las instituciones civiles responsables de atender las necesidades de la población rural.
Para el campesinado de Sumapaz, la discusión no puede reducirse a cuántos uniformados llegan al territorio. La seguridad también depende de que sus habitantes puedan trabajar, movilizarse y organizarse sin ser señalados por vivir en una zona históricamente asociada con la insurgencia. Antes de aumentar la presencia militar, las comunidades piden que el Estado explique qué problema busca resolver y escuche a quienes han vivido las consecuencias de las respuestas anteriores.
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