“Me duele el hacinamiento e inseguridad”: presidente Tribunal Superior de Bogotá

Al magistrado, Julián Hernando Rodríguez Pinzón lo eligieron en febrero como presidente del Tribunal Superior de Bogotá. Es abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en derecho penal, master en DD. HH. y más de 20 años de trayectoria en la Rama Judicial. Llegó a Bogotá en 2018, tras pedir traslado desde el Tribunal de Bucaramanga al de Bogotá. Hoy, está a la cabeza del Tribunal más grande del país, representando a 88 magistrados. En entrevista con El Espectador resaltó la congestión de la justicia, así como su preocupación por el hacinamiento en estaciones de Policía, la inseguridad en la ciudad, y la necesidad de fortalecer las Casas de Justicia. Todo esto se lo dijo también el 21 de abril al alcalde, Carlos Fernando Galán, y el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Invitó al alcalde ¿de qué hablaron?

Sí, le envié una carta institucional diciéndole que quería retomar ese diálogo de cuando era vicepresidente. Al ser Tribunal de Bogotá tenemos interacción con la Alcaldía. Entonces, fue una reunión para estrechar lazos y expresar las inquietudes de esta presidencia.

¿Cuáles son esas preocupaciones?

En primer lugar, las condiciones de las personas privadas de la libertad. Ahí existe un problema de inconstitucionalidad declarado por la Corte, por la cantidad de condenados y no condenados que están en las inspecciones (de policía) y a ellos hay que buscarles una solución. Claro, eso no depende ni del alcalde, ni de mí, pero sí podemos articular esfuerzos con el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Judicatura, para buscar alguna solución y estamos viendo voluntades para lograr esos cometidos.

La inseguridad, también...

Sí, así como la necesidad de reforzar las Casas de Justicia, en el sentido que haya una Comisaría de Familia en cada localidad, eventualmente con un juez civil, uno de control de garantías y un defensor de la Defensoría del Pueblo.

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¿Está congestionado el Tribunal?

A diciembre de 2024 había 580.000 procesos. Teniendo en cuenta que para ese año se evacuaron 450 mil, pero llegaron 436 mil, estamos casi igual. Eso es una situación grave. Por especialidades, la sala civil recibe el 32,09 % de todos los procesos del país; la laboral, el 26.89 %; Familia, el 21.59 %, y Penal, 15.40 %. Son proporciones muy grandes frente a la demanda de justicia, no solo de Bogotá, sino de Colombia, porque como es la capital, está centralizada mucha de la problemática nacional.

¿Y cómo darle solución?

Con el alcalde hablamos sobre la congestión y, en especial, de la necesidad de incrementar, por ahora, la respuesta de la justicia de familia, sin creación de cargos, porque eso no le corresponde ni al alcalde ni a esta presidencia, sino al Consejo de la Judicatura. Obvio, según al presupuesto, porque no puedo desconocer que han hecho una buena labor frente a esa demanda de justicia.

¿Cómo ayudarían las Casas de Justicia a descongestionar los despachos si su misión es orientar?

No, no tendrían esa capacidad. Simplemente se tiene en cuenta como unos programas de reacción o de respuesta al ciudadano. El año pasado hablábamos de una unidad ambulante de Medicina Legal que, obviamente, toca perfeccionarlo y no se ha logrado concretar. De igual manera, que haya, lo que comenté anteriormente, una Comisaría de Familia y una oficina de la Defensoría del Pueblo. Que en casos, por ejemplo, de delitos contra la libertad y formación sexual, haya una psicóloga o un transporte para la víctima. Es decir, que todas las entidades den una respuesta para que el ciudadano no se sienta solo. Pero yo no tengo poder de presupuesto, ni de decisión, simplemente trato de articular todas estas circunstancias con las personas que sí tienen ese poder y del alcalde encontré toda la colaboración y la receptividad posible frente a todas esas ideas.

Si hay represamiento, ¿cómo están garantizando justicia a una ciudadanía que, por ejemplo, reprocha la libertad de sospechosos?

Tenemos la asesoría de prensa, para poder reflejar lo que estamos haciendo. Lo que sí no se puede hacer es decirle a los jueces cómo fallar. Cada uno está sometido al imperio de la ley. La mayoría fueron nombrados por concurso y tienen la capacidad suficiente. Ya las intimidades de cada proceso es imposible entrar a determinar qué sucede. Para eso está, y se ha insistido desde la Judicatura, las instancias normales, en las que se deben solucionar esas situaciones. Pero tenga la seguridad de que todos los jueces y magistrados estamos comprometidos en responder, en nuestras capacidades, a la demanda ciudadana.

En el corto plazo, ¿cómo resolver ese represamiento de procesos?

En cuanto a los jueces de conocimiento, se mirará, presupuestalmente, cómo puede el Consejo colaborar con más cargos. El resto ya son cuestiones que se escapan a nuestro control como las reformas al Código de Procedimiento Penal que, incluso, ya se sometió a consideración del Congreso. Igualmente, se presentó un proyecto de reforma al Código de Infancia y Adolescencia, para reforzar, desde una justicia terapéutica y restaurativa, un mecanismo alternativo para la solución de conflictos.

¿Cómo recibió el alcalde sus preocupaciones?

En total sintonía, porque nos duele Bogotá y nos seguiremos reuniendo para concretar lo que podamos hacer en el límite de nuestras competencias.

¿Qué es lo que más duele de Bogotá?

Llevo siete años y me duele el problema del hacinamiento; de la percepción que se tiene de inseguridad; la demanda de justicia aumentándose, y la respuesta que estamos tratando de hacer. Bogotá tiene muchos problemas, pero es una ciudad que es rica para vivir y ofrece muchas oportunidades.

El grave problema de hacinamiento en Bogotá

Según datos de la Personería de Bogotá con corte al 16 de abril, las estaciones de Policía de Bogotá y la URI de Puente Aranda albergan 3.006 personas privadas de la libertad, cuando su capacidad es para 1.227. Es decir, el hacinamiento es del 144,99%. En la Estación de Policía de Kennedy, por ejemplo, permanecen 436 personas, cuando su capacidad máxima es para 60 personas, con una sobreocupación del 627%. En Bosa el hacinamiento es del 543%; en Usme, del 320%; en Ciudad Bolívar, del 287%; en San Cristóbal, del 283%, y en La Candelaria, de 237%.

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De igual manera, en estos centros transitorios permanecen 647 condenados, que deberían estar en penitenciarias y 23 personas con medida de prisión domiciliaria. Además de 2.336 imputados. “Más de 400 uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes deben cumplir labores de custodia, lo que debilita la disponibilidad de personal para el servicio de vigilancia en la ciudad”, reclamó la Personería.

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