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El Gobierno Nacional tomó una decisión que genera preocupación en algunos sectores de la capital: parte de las transferencias de la sobretasa al ACPM de Bogotá y de las transferencias para las obras como la Primera Línea del Metro y la nueva Calle 13 las direccionará al Fondo Milagro. Ahora, ¿qué pasará con las obras que contaban con esos recursos?
De momento, la alcaldía asegura que la financiación del Metro y la Calle 13 está garantizada y que los ajustes acordados con la Nación no comprometen su ejecución. Sin embargo, el panorama es diferente para el mantenimiento vial, donde la Secretaría Distrital de Hacienda confirmó una reducción de ingresos, que deberá compensarse con otras fuentes.
En conversación con este diario, la exministra de Transporte María Fernanda Rojas Mantilla advirtió que el principal riesgo está en la contratación de los tramos pendientes de la Calle 13.
Metro de Bogotá: ¿están garantizados los recursos?
El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la Primera Línea del Metro no tendrá problemas de financiación por la reprogramación de vigencias futuras acordada entre el Distrito y el anterior Gobierno Nacional. “Los recursos de la Línea 1 del Metro de Bogotá están asegurados”, afirmó el mandatario, quien señaló que el presidente Abelardo de la Espriella se comprometió a mantener los aportes pactados.
La Secretaría Distrital de Hacienda explicó a este diario que los ajustes corresponden a una reprogramación previamente acordada, no a una reducción de las obligaciones financieras de la Nación. “En la práctica, se trata de ajustar el flujo de los recursos al momento en que efectivamente serán requeridos, de acuerdo con los cronogramas de obra”, precisó.
Según la entidad, el Distrito cuenta con herramientas presupuestales, entre ellas las vigencias futuras, para garantizar los pagos conforme avance la construcción. Por ello, descartó retrasos o modificaciones en el cronograma derivados de esta medida. Rojas coincidió en que el acuerdo original no comprometía el proyecto. Recordó que la participación de la Nación, equivalente al 67,8 % de su financiación, se mantiene y que las necesidades de caja se cubrieron mediante aportes distritales y créditos. “El proyecto tuvo flujo de caja garantizado para que no se afectara su evolución”, explicó.
La exministra destacó que, como parte de los acuerdos, Bogotá obtuvo respaldo nacional para adquirir 269 buses eléctricos, mediante vigencias futuras por COP 938.000 millones. No obstante, señaló que persisten interrogantes sobre los anuncios recientes del Ministerio de Hacienda, particularmente frente a los COP 313.000 millones mencionados para atender necesidades del sector energético.
“El ministro de Hacienda no ha sido claro. No es claro si simplemente van a usar esa caja que se liberó, lo cual no afectaría para nada al proyecto”, señaló.
Para Rojas, falta establecer si el Gobierno utilizará recursos temporalmente disponibles o contempla nuevas modificaciones en las vigencias futuras. También planteó dudas sobre una eventual utilización de aportes previstos para la Segunda Línea del Metro, aunque no existe información que permita confirmar esa posibilidad.
Calle 13: la preocupación está en los cuatro tramos pendientes
Aunque el Distrito sostiene que la Nueva Calle 13 tampoco sufrirá afectaciones, la exministra considera que este corredor enfrenta un escenario más complejo. El proyecto está dividido en seis tramos. Dos fueron adjudicados en 2023: uno presenta un avance aproximado del 50 %, mientras el otro ha tenido dificultades para iniciar sus obras principales. Los cuatro restantes, cuyo costo conjunto supera los COP 2,3 billones, siguen pendientes tras tres procesos de licitación fallidos.
A esto se suma el anuncio de destinar COP 437.000 millones inicialmente previstos para el corredor a la atención de la crisis energética. Según Rojas, la decisión podría impedir una nueva licitación durante 2026. “Al ya no contar con esos recursos, pues 2026 no va a tener licitación de esos otros cuatro tramos. Por bien que les vaya, lo harían en 2027”, sostuvo.
La exministra advirtió que la diferencia en los tiempos de contratación podría afectar los beneficios de movilidad esperados, pues unas obras avanzarían mientras otras permanecerían sin adjudicar. Su análisis contrasta con la posición de Hacienda, que insiste en que la reprogramación no modifica los compromisos financieros. Sin embargo, la entidad no precisó cuándo podrían contratarse los segmentos pendientes ni cómo se garantizarán los recursos para hacerlo.
Sobretasa al ACPM: menos recursos para intervenir las vías de Bogotá
A diferencia de las vigencias futuras del Metro y la Calle 13, la redistribución de la sobretasa al ACPM ya tiene efectos concretos sobre las cuentas distritales. El Decreto Legislativo 1382 de 2026 estableció una destinación temporal de estos ingresos para atender a los territorios afectados por el terremoto, a través del Fondo Milagro. La distribución ordinaria deberá restablecerse el 1 de enero de 2028.
La decisión fue denunciada por el concejal Jairo Avellaneda, quien cuestionó que el Gobierno Nacional retire recursos de Bogotá sin que, hasta el momento de su pronunciamiento, el alcalde Carlos Fernando Galán hubiera explicado públicamente las consecuencias financieras.
“Esto es gravísimo. No estamos hablando de una simple redistribución en abstracto. El Gobierno Nacional está retirando recursos que le corresponden a Bogotá para llevarlos al Fondo Milagro, y la ciudad todavía no sabe cuánto representa esa decisión en pesos”, manifestó el cabildante el 27 de octubre.
Avellaneda pidió conocer cuánto dejaría de recibir la capital, qué inversiones podrían verse afectadas y cómo se cubriría el faltante. Aunque reconoció la necesidad de apoyar a las regiones afectadas, insistió en que esa solidaridad no puede dejar sin respuestas a Bogotá.
En respuesta a este diario, la Secretaría Distrital de Hacienda confirmó que la medida afecta directamente los recursos con los que la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) financia sus intervenciones. Para 2026 fue necesario suspender COP 1.414 millones. En 2027, la entidad dejará de recibir COP 17.465 millones, por lo que su asignación pasará de COP 34.931 millones a COP 17.466 millones.
Para compensar la reducción, Hacienda informó que el Distrito asignó COP 23.919 millones adicionales provenientes de cargas urbanísticas. “El Distrito ha realizado un esfuerzo presupuestal para mitigar el impacto, asignando COP 23.919 millones adicionales de cargas urbanísticas, con el propósito de compensar la pérdida de esta fuente y preservar la capacidad de intervención de la UMV”, señaló la entidad.
Aunque la administración asegura haber dispuesto recursos para sostener el mantenimiento vial, no precisó qué intervenciones recibirán esos fondos ni si deberán modificarse los cronogramas de 2027.
El reclamo por la autonomía de Bogotá
La denuncia de Avellaneda también puso sobre la mesa la autonomía territorial. El concejal cuestionó que Galán, quien durante el Gobierno Petro defendió públicamente la capacidad de las regiones para administrar sus recursos, no hubiera fijado una posición frente al decreto.
“¿Dónde está el alcalde Galán que confrontaba a Petro por la autonomía territorial? Hoy el Gobierno de Abelardo de la Espriella expide un decreto para quitarle a Bogotá una parte de los recursos del ACPM y llevarlos al Fondo Milagro, y no conocemos una sola posición del alcalde”, señaló.
El reclamo se relaciona con el artículo 287 de la Constitución, que reconoce la autonomía de las entidades territoriales para gestionar sus intereses y administrar sus recursos, dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.
La exministra Rojas compartió la preocupación por el traslado de ingresos destinados a necesidades viales locales y advirtió que Bogotá deberá buscar recursos para cubrir el faltante. “Esto es seguir abriendo el hueco para las necesidades de movilidad de Bogotá”, afirmó.
Rojas agregó que la capital ya enfrenta presiones financieras por el déficit del sistema de transporte público, que, según sus declaraciones, supera los $3 billones. A su juicio, retirar una fuente de financiación vial aumenta la carga sobre el presupuesto distrital.
Ahora, el reto para Bogotá será garantizar que estos ajustes presupuestales no se traduzcan en retrasos para las obras. Aunque el Distrito asegura tener los recursos necesarios, quedan preguntas por resolver: cuándo se contratarán los tramos pendientes de la Calle 13 y qué intervenciones viales podrán ejecutarse con el nuevo presupuesto.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•03 de noviembre de 2026 – 13:30Quién sabe, si el peligroso Abelardo y su amiguito de aventuras grotescas el tal Suarez, no quieren a Bogotá como han dicho en diversas entrevistas que no la quieren, hay qué averiguar si este Gánster está detrás de está daño a Bogotá y cómo Galán es un subalterno sin dignidad, quién sabe porque así está pasando con el Regiotram de Occidente que Petro y el gobernador de Cundinamarca dejaron los recursos a lo mejor se los están apropiando
