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De nuevo se pone sobre la mesa la propuesta de militarizar a Bogotá, por su situación de seguridad. En esta oportunidad el promotor es el representante a la Cámara Jaime Uscátegui (Centro Democrático), quien ya recibió el aval para recoger firmas necesarias, que le permitan convocar a un cabildo abierto y discutir la iniciativa con las autoridades y la ciudadanía.
El congresista tendrá seis meses para reunir al menos 32.000 rúbricas válidas para convocar el encuentro, al cual el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estaría obligado a asistir, para escuchar a la ciudadanía y responder de manera institucional sobre la propuesta. El objetivo es que sean los propios ciudadanos quienes se pronuncien sobre uno de los temas más sensibles para la capital: la seguridad en las calles.
Aunque la idea de militarizar la capital genera polémica, el congresista defiende su propuesta asegurando que “no se trata de una medida extrema ni de una suspensión de derechos”. Según él, lo que propone es la figura de la asistencia militar, contemplada en el artículo 170 del Código de Policía (Ley 1801 de 2016), que permite el apoyo temporal y excepcional de las Fuerzas Militares cuando la capacidad de la Policía Nacional resulta insuficiente.
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“El debate no es autoritarismo. Defender la seguridad es cumplir la ley y proteger la libertad de los ciudadanos”, ha señalado Uscátegui, quien insiste en que este mecanismo ya fue avalado por la Corte Constitucional y que, de aplicarse, debe mantenerse bajo control civil y con pleno respeto a los derechos humanos.
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¿Quién toma la decisión final?
Aunque el cabildo permitiría abrir la discusión en el escenario distrital, la decisión de implementar la asistencia militar no recae directamente ni en el Concejo de Bogotá ni en el alcalde. De acuerdo con la legislación vigente, la autorización final corresponde al presidente de la República, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
El alcalde, por su parte, puede solicitar la asistencia militar si considera que las condiciones de seguridad lo ameritan, pero es el Gobierno Nacional el que evalúa la situación y define si se aplica la medida y bajo qué condiciones.
Lo que viene ahora
El comité promotor continuará con la recolección de firmas en distintos puntos de la ciudad hasta alcanzar el umbral requerido. Una vez concluido ese proceso, la Registraduría deberá verificar los apoyos y, si se cumplen los requisitos legales, el Concejo de Bogotá tendrá que fijar la fecha del cabildo abierto.
Mientras tanto, la iniciativa ya abrió un intenso debate en la opinión pública. Para algunos ciudadanos, se trata de una respuesta necesaria frente a la inseguridad; para otros, plantea una discusión delicada sobre el uso de la fuerza militar en contextos urbanos. Lo cierto es que, con el aval de la Registraduría, la propuesta dejó de ser una idea individual y pasó formalmente al terreno de la participación ciudadana.
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Por Redacción Bogotá
