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Durante su primera rueda de prensa como ministra de Ambiente y Desarrollo sostenible, la nueva jefe de la cartera, Lena Estrada, anunció la ampliación de la etapa de consulta pública del proyecto de resolución que definirá los lineamientos ambientales a seguir en la sabana de Bogotá. El plazo se extendió hasta el próximo 28 de abril.
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“Vamos a abrir más los plazos para que la resolución esté disponible en la página web, pero para que durante ese tiempo nosotros también podamos continuar con las mesas de trabajo, con asambleas, para que todas las instituciones que no se han sentido acogidas puedan participar efectivamente. Hay que decir que nosotros hemos realizado las invitaciones a todas las instituciones y que sí ha habido representación de todas las instituciones”, afirmó la ministra entrante.
En ese sentido, la resolución, que estaba hasta el 14 de marzo, extendió el plazo 45 días más, y ahora irá hasta el 28 de abril, tal y como sugirió en días pasados la Procuraduría.
Durante su intervención, la ministra Estrada aprovechó para invitar al alcalde Carlos Fernando Galán para que los lineamientos que definirán el futuro ambiental de la sabana se construyan de forma conjunta y participativa entre el Distrito, la Nación y los municipios en donde las medidas tendrán incidencia. “Señor alcalde puede venir aquí para que nos sentemos a dialogar sobre el tema y le extiendo la invitación para que eso sea lo antes posible”, resaltó Estrada.
Así las cosas, durante el tiempo extra que brinda la ampliación de la etapa de consulta pública, la ciudadanía, las autoridades territoriales y otros sectores interesados, podrán enviar sus comentarios, propuestas y observaciones respecto al proyecto de resolución publicado por la cartera de Ambiente el pasado 28 de febrero.
¿Qué dice la Alcaldía?
La secretaria de Planeación, Úrsula Ablanque, señaló que la mañana del lunes 10 de marzo, asistió, junto a otros secretarios del Distrito, a una reunión con el Ministerio de Ambiente. “En la reunión dejamos claro que no aceptamos tener espacios de observaciones al borrador de resolución de los lineamientos ambientales. Nosotros lo que queremos es una instancia de coordinación, de participación con incidencia”, señaló Ablanque.
Además, señaló que el Distrito pidió una reunión entre la ministra de Ambiente y el alcalde Carlos Fernando Galán, para que “podamos restablecer esa confianza y que no digan en qué marco, o cómo van a ser estas instancias, y qué incidencias van a tener de cara a la construcción de la resolución”, puntualizó la secretaria.
Si bien, el Ministerio de Ambiente ha sido enfático en que socializó la futura resolución hasta en 30 espacios de diálogo y trabajo previos a la apertura de la consulta, los gobiernos municipales y del Distrito Capital afirman lo contrario. De ahí, que el punto sobre la concertación fue uno de los más protagonizó los reproches de quienes se oponen a la resolución.
De tal modo, que la ampliación del plazo es innegablemente un avance importante en la construcción del proyecto de resolución y la eventual conciliación de todos los puntos de vista que han surgido tras la publicación de los que serían los lineamientos de la directriz.
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La resolución de MinAmbiente
Una directriz del Ministerio de Ambiente reactiva el choque entre el Distrito y la nación. Se trata de la reciente consulta pública por un proyecto de resolución que cambiaría el ordenamiento territorial de los municipios de la sabana de Bogotá. En ella se delimitan cinco zonas (recarga de acuíferos, bosques naturales andinos, bosques secos subxerofíticos, humedales y áreas de amenazas naturales) y las declara áreas de especial importancia ambiental, cobijando con medidas de protección a casi 581.000 hectáreas (ha), lo que obligaría a acogerse a nuevas reglas ambientales a cualquier iniciativa urbanística, minera o agrícola.
En este pleito hay una verdad irrefutable: el flujo migratorio desde la capital hacia los municipios vecinos generó una creciente demanda de vivienda, obras de urbanismo y zonas de producción, que vienen ejerciendo presión en los ecosistemas de una zona originalmente rural. Y esto se respalda en cifras: según Bogotá Cómo Vamos, entre 2005 y 2018 la población de estos municipios pasó del 47 % al 63 % y, según el DANE, la tasa de crecimiento poblacional aumentó 117 %.
En lo ambiental, cerca del 70 % de los humedales han sufrido alguna modificación por la expansión, y la conectividad hídrica se ha visto fragmentada un 85 %. Para completar, de 2000 a 2018 se perdieron 36.000 ha con potencial agrícola (casi el 10 % de la zona más fértil de la sabana) y el acceso al agua también se ha visto afectado: gran parte de los municipios reportan demandas muy altas, sobrepasando la oferta hídrica. De ahí, que nueve de las diez cuencas de la sabana se encuentren en riesgo.
Pero construir de manera desmedida en un territorio como la sabana, a través del relleno de humedales, también tiene sus consecuencias. 21.570 hectáreas están en zonas de alta amenaza por inundaciones y deslizamientos. De hecho, sucesos como el de hace unos años en Mosquera, en cercanías del humedal La Herrera, o las inundaciones en la autopista norte del año pasado, fungen como el ejemplo perfecto.
Aunque varios actores reconocen la importancia y el legado a la preservación de la resolución, una vez sea expedida, hay otros actores que han presentado sus reparos. Entre ellos, la Alcaldía de Bogotá y el gremio constructor, quienes aseguran que lo planteado en la resolución impactaría el desarrollo de nuevas unidades de vivienda y la realización de obras como la ampliación de la autopista norte, la Av. Boyacá; así como la PTAR Canoas.
Dichas críticas han sido desestimadas por expertos, quienes aseguran que la resolución no reemplazaría ni suprimiría lo estipulado en los POT Y PBOT de Bogotá y los 35 municipios, sino que daría nuevas directrices para la preservación de este ecosistema de interés nacional. No obstante, tanto el Distrito como los demás opositores, sostienen que existen puntos ambiguos en la norma que “les generan incertidumbre”.
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Por Redacción Bogotá
