MinAmbiente se pronunció sobre concesión de agua subterránea de Coca Cola

Agua que fluye por una de las cajas de mampostería que recubren los manantiales bajo el control de Femsa, filial de Coca Cola en Latinoamérica.

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El tema sobre la concesión de agua subterránea, con la cual la multinacional Coca Cola, a través de la embotelladora INDEGA S.A capta 3,23 litros por segundo de agua proveniente de siete manantiales, continúa en el ojo del huracán del debate público.

Tras las denuncias efectuadas por la congresista María del Mar Pizarro, sobre presencia de cemento en los manantiales desde los cuales la empresa capta el agua para venderla, ahora fue el Ministerio de Ambiente el que se pronunció sobre la concesión.

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La encargada de hacer el pronunciamiento fue la ministra (e) Irene Vélez, que le pidió a la Corporación Autónoma de Cundinamarca, (CAR) revisar la concesión y priorizar el consumo humano por encima de los usos industriales.

“La ley es clara: el agua para la gente tiene prioridad. Nuestra normativa, en particular el decreto 1073 de 2015, establece que las concesiones de agua solo pueden prorrogarse en el último año de vigencia. Y aun así, deben priorizar el consumo humano”, sentenció Irene Vélez.

La ministra, al igual que la congresista Pizarro, insistió sobre la conveniencia de prorrogar automáticamente la concesión, luego de que la misma lleve cuatro décadas activas, y solicitó el despliegue de una mesa técnica con la autoridad ambiental del departamento.

En dicho espacio, que según Vélez se llevará a cabo a finales de octubre, se discutirán cuatro puntos: El estado actual del trámite de prórroga, si se ha considerado abrir un proceso de concesión nuevo, de qué forma se incorporaron los argumentos de la audiencia pública del pasado 15 de mayo y los estudios técnicos utilizados para tomar la decisión.

Si bien, la CAR ha sido enfática en que todavía no se toma una decisión, la ministra (e) también convocó a una junta extraordinaria del consejo directivo de la corporación autónoma, en la cual el Gobierno Nacional es representado por Maria Mercedes Maldonado, con el fin de discutir los puntos anteriormente mencionados.

Puntos clave del debate

En diciembre del año pasado se venció la concesión con la cual INDEGA S.A, filial del gigante internacional de las bebidas, Coca Cola, capta 3,5 litros de agua subterránea proveniente de 7 manantiales ubicados en la vereda Santa Helena, jurisdicción del municipio de La Calera.

Seis meses después de esta fecha límite, la opinión pública conoció la cabalidad la existencia de esta concesión, pese a llevar cuatro décadas de funcionamiento. Lo hizo, además, en pleno periodo de racionamiento, por lo cual la naturaleza de esta captación de agua subterránea, para fines industriales, se convirtió en el centro del debate público sobre el recurso.

Tal fue la controversia alrededor de la concesión, que la CAR convocó a una audiencia pública, la primera en la historia para discutir ese tipo de permisos, para escuchar los reparos de la sociedad civil y los expertos a que la concesión se prorrogara por diez años más, como lo solicitó la embotelladora en 2024. En la diligencia, también se escuchó a los campesinos de la zona rural del municipio cundinamarqués y a los representantes de la empresa, quienes defendieron la concesión.

Los argumentos que se plasmaron en el evento, que duró cerca de nueve horas y recopiló la intervención de cerca de 500 interesados, están siendo analizados por la autoridad ambiental para determinar si prorroga, modifica o cancela la concesión.

Adicional al reclamo por la presencia de cemento en los manantiales y la sostenibilidad de la concesión, la congresista Pizarro también denunció que la embotelladora se ha beneficiado de prórrogas ilegales, haciendo énfasis en la que se aprobó en 2014.

Según Pizarro, el artículo 55, del decreto ley 2811 de 1974, señala que estos permisos no pueden prorrogarse automáticamente y deben suspenderse una vez caduquen, mientras la autoridad ambiental adelanta un nuevo proceso de concesión. Ese mismo argumento fue el que citó la ministra e, Irene Vélez, para discutir las condiciones en las cuales la CAR evalúa la solicitud de prórroga.

Bajo esta misma línea, Alfred Ballesteros, director de la CAR, le explicó a El Espectador que Pizarro incurre en un error, ya que en este caso aplica otra norma, relacionada con concesiones ambientales. “Por código de recursos naturales, todas son prorrogables. Imaginemos que no fuera la concesión para embotellamiento, sino la del acueducto de Bogotá, un acueducto veredal o para producir alimentos. Yo no podría quitarles el agua, apenas se cumplan los 10 años”, explicó el funcionario.

De otro lado, expertos en derecho ambiental dieron una explicación similar. “Es una interpretación errada, pues el artículo que citó la congresista regula los permisos ambientales. Para las concesiones está el Decreto 1076 de 2015 (que compila el Decreto 2811 de 1974) y que regula las concesiones. Allí establece que las concesiones no se pueden otorgar a más de 10 años, salvo la prestación de servicios públicos, pero que pueden ser prorrogadas, salvo por razones de conveniencia pública”, explicaron.

Finalmente, el punto álgido de la concesión, al margen de lo ambiental, reside en el precio que paga la embotelladora por captar el agua, el cual es de tan solo $ COP 11 millones. No obstante, las tarifas por este tipo de concepto dependen directamente del Ministerio de Ambiente, por lo cual expertos, activistas y mandatarios han solicitado mayor celeridad a la cartera ambiental para actualizar este tipo de tarifas.

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