Ni Uber ni taxistas, mejor una regulación que beneficie a Colombia
En el debate de quién puede ser parte del negocio de transporte, cada promotor y detractor de la regulación de plataformas tira para su lado. Sin embargo, coinciden en que desde su extremo buscan lo que consideran mejor para el país.
Diego Ojeda / @diegoojeda95
El representante a la Cámara Mauricio Toro actualmente impulsa un proyecto de ley, el 292 de 2019, con el que busca regular el “servicio privado de transporte intermediado por plataformas digitales”. Esta iniciativa propone la creación de una categoría (la del servicio privado de transporte), para que compita en ‘cancha nivelada’ con el servicio público que prestan los taxistas.
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Él resume su proyecto en seis pilares: 1. Que a los conductores de servicio privado les exijan la misma licencia que a los taxistas. 2. Que estos tengan una póliza que no solo los proteja a ellos, sino a pasajeros, peatones y al patrimonio público. 3. Que los taxistas puedan cobrar tarifa dinámica. 4. Que sean las plataformas, y no los usuarios, las que paguen los impuestos. 5. Que se elimine el sistema de cupos y se compense la inversión a los taxistas descontando el 1 % de las ventas que hagan las aplicaciones. 6. Que se restrinja a siete años la edad máxima del parque automotor.
Toro argumenta que la regulación permitirá la coexistencia de estas dos categorías de transporte, la mejora en la prestación del servicio, y estimula que este mercado deje de ser un “monopolio” y pase a ser una libre competencia. “No vamos a acabar con el trabajo de nadie, porque con la eliminación de los cupos adquirir un carro será más fácil para un taxista”, explica el congresista.
Del otro lado está Hugo Ospina, como sindicalista en el gremio de taxistas, quien ha expresado por años su desacuerdo con equiparar los servicios. Para él es claro que no se necesita una jugada legal que defina el futuro del servicio de transporte. Citando leyes, decretos y resoluciones, este transportador asegura que la legalidad de las plataformas tipo Uber no es asunto de discusión, porque de hecho él mismo acepta que son legales. Lo que contempla como ilegal es que este tipo de servicio sea operado por vehículos particulares.
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Más allá de los argumentos que emplean los taxistas para describir la competencia desleal de las plataformas, Ospina usa otros que parecieran defender el bien común. Uno es que con la eliminación del cupo, cualquiera podría comprar un carro barato y ponerlo a trabajar como servicio de transporte. Según sus previsiones, esto ocasionaría más congestiones en ciudades como Bogotá. Además, se acabaría con el denominado “Uno a Uno”, en el que para que un taxi nuevo pueda operar se tiene que chatarrizar uno viejo.
“El proyecto quiere acabar con las empresas, los propietarios y los conductores. Si se legaliza la posibilidad de que particulares presten servicio de pasajeros me compro varios y los pongo paralelo al Transmilenio, porque les voy a poner aplicación. Ni siquiera discrimina de cuántos pasajeros es, por eso Uber entró con una categoría de XL, que prácticamente es un bus”, comenta Ospina.
En su defensa, Toro asegura que el mismo mercado se encargará de definir cuántos vehículos de transporte necesita el país y, por lo tanto, no existirá sobreoferta.
En lo que ambos están de acuerdo es que desde el Gobierno se debe propender para que el servicio de transporte sea operado con vehículos que brinden seguridad a los pasajeros. Los denominados “zapaticos”, por ejemplo, son carros que no las ofrecen.
¿Cómo ven las aplicaciones el panorama en Colombia?
Para Eduardo Abud, gerente de comunicaciones de InDriver, el escenario colombiano, más que una amenaza, representa una oportunidad. “En los 31 países y más de 300 ciudades donde prestamos servicio siempre hemos encontrado diferencias. Sin embargo, nos hemos percatado que al enfocar la atención en satisfacer las necesidades, tanto de pasajeros como de conductores, se puede establecer un consenso que beneficie a todos”, dice.Como compañía asegura que tienen el potencial para ser un motor económico en el país y generar empleo, que brinde soluciones de movilidad a las personas con tarifas justas. “Debemos darnos cuenta de que el mundo evoluciona y necesitamos adaptarnos”, concluye.
Por su parte, Alejandro Arbeláez, gerente general de Beat Colombia, cree que es importante que existan plataformas para que las personas tengan más opciones a la hora de movilizarse. Sin embargo, su plataforma tendría cambios de llegarse a implementar el proyecto de Toro, pues hoy opera con algunos vehículos modelo 99.
“Para Beat la regulación es una prioridad y es el momento para que Colombia tome el liderazgo en la industria. Las cifras que acompañan la operación muestran que hay mercado para todos, pues la demanda sigue creciendo”, menciona.
Finalmente, Uber considera que ya es hora de que se actualicen las reglas de juego, pues el sector transporte se ha regido bajo unas normativas que fueron emitidas desde los años 90.
En suma, más allá de los intereses de ciertas compañías, esta discusión se debe enfocar en lo que resulta más conveniente para la ciudadanía. Lo único claro es que las plataformas llegaron para quedarse y serán parte del futuro de la movilidad.
El representante a la Cámara Mauricio Toro actualmente impulsa un proyecto de ley, el 292 de 2019, con el que busca regular el “servicio privado de transporte intermediado por plataformas digitales”. Esta iniciativa propone la creación de una categoría (la del servicio privado de transporte), para que compita en ‘cancha nivelada’ con el servicio público que prestan los taxistas.
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Él resume su proyecto en seis pilares: 1. Que a los conductores de servicio privado les exijan la misma licencia que a los taxistas. 2. Que estos tengan una póliza que no solo los proteja a ellos, sino a pasajeros, peatones y al patrimonio público. 3. Que los taxistas puedan cobrar tarifa dinámica. 4. Que sean las plataformas, y no los usuarios, las que paguen los impuestos. 5. Que se elimine el sistema de cupos y se compense la inversión a los taxistas descontando el 1 % de las ventas que hagan las aplicaciones. 6. Que se restrinja a siete años la edad máxima del parque automotor.
Toro argumenta que la regulación permitirá la coexistencia de estas dos categorías de transporte, la mejora en la prestación del servicio, y estimula que este mercado deje de ser un “monopolio” y pase a ser una libre competencia. “No vamos a acabar con el trabajo de nadie, porque con la eliminación de los cupos adquirir un carro será más fácil para un taxista”, explica el congresista.
Del otro lado está Hugo Ospina, como sindicalista en el gremio de taxistas, quien ha expresado por años su desacuerdo con equiparar los servicios. Para él es claro que no se necesita una jugada legal que defina el futuro del servicio de transporte. Citando leyes, decretos y resoluciones, este transportador asegura que la legalidad de las plataformas tipo Uber no es asunto de discusión, porque de hecho él mismo acepta que son legales. Lo que contempla como ilegal es que este tipo de servicio sea operado por vehículos particulares.
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Más allá de los argumentos que emplean los taxistas para describir la competencia desleal de las plataformas, Ospina usa otros que parecieran defender el bien común. Uno es que con la eliminación del cupo, cualquiera podría comprar un carro barato y ponerlo a trabajar como servicio de transporte. Según sus previsiones, esto ocasionaría más congestiones en ciudades como Bogotá. Además, se acabaría con el denominado “Uno a Uno”, en el que para que un taxi nuevo pueda operar se tiene que chatarrizar uno viejo.
“El proyecto quiere acabar con las empresas, los propietarios y los conductores. Si se legaliza la posibilidad de que particulares presten servicio de pasajeros me compro varios y los pongo paralelo al Transmilenio, porque les voy a poner aplicación. Ni siquiera discrimina de cuántos pasajeros es, por eso Uber entró con una categoría de XL, que prácticamente es un bus”, comenta Ospina.
En su defensa, Toro asegura que el mismo mercado se encargará de definir cuántos vehículos de transporte necesita el país y, por lo tanto, no existirá sobreoferta.
En lo que ambos están de acuerdo es que desde el Gobierno se debe propender para que el servicio de transporte sea operado con vehículos que brinden seguridad a los pasajeros. Los denominados “zapaticos”, por ejemplo, son carros que no las ofrecen.
¿Cómo ven las aplicaciones el panorama en Colombia?
Para Eduardo Abud, gerente de comunicaciones de InDriver, el escenario colombiano, más que una amenaza, representa una oportunidad. “En los 31 países y más de 300 ciudades donde prestamos servicio siempre hemos encontrado diferencias. Sin embargo, nos hemos percatado que al enfocar la atención en satisfacer las necesidades, tanto de pasajeros como de conductores, se puede establecer un consenso que beneficie a todos”, dice.Como compañía asegura que tienen el potencial para ser un motor económico en el país y generar empleo, que brinde soluciones de movilidad a las personas con tarifas justas. “Debemos darnos cuenta de que el mundo evoluciona y necesitamos adaptarnos”, concluye.
Por su parte, Alejandro Arbeláez, gerente general de Beat Colombia, cree que es importante que existan plataformas para que las personas tengan más opciones a la hora de movilizarse. Sin embargo, su plataforma tendría cambios de llegarse a implementar el proyecto de Toro, pues hoy opera con algunos vehículos modelo 99.
“Para Beat la regulación es una prioridad y es el momento para que Colombia tome el liderazgo en la industria. Las cifras que acompañan la operación muestran que hay mercado para todos, pues la demanda sigue creciendo”, menciona.
Finalmente, Uber considera que ya es hora de que se actualicen las reglas de juego, pues el sector transporte se ha regido bajo unas normativas que fueron emitidas desde los años 90.
En suma, más allá de los intereses de ciertas compañías, esta discusión se debe enfocar en lo que resulta más conveniente para la ciudadanía. Lo único claro es que las plataformas llegaron para quedarse y serán parte del futuro de la movilidad.