Tal parece que desde el Concejo de Bogotá hay un grupo de cabildantes que se resisten a ver morir, antes de que nazca a la vida jurídica, el acuerdo Ruta por la Vida, iniciativa que aprobó la corporación y que, explican sus promotores, pretende crear un conjunto de estrategias para garantizar de manera integral los derechos de las mujeres gestantes y lactantes, así como de la vida por nacer.
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Desde que lo aprobaron y el acuerdo quedó para sanción del alcalde Carlos Fernando Galán, han sido múltiples las voces en contra, entre ellas las de las cabezas de las secretarías de Salud y de la Mujer, que hace una semana advirtieron casi al unísono que dicha ruta excedía las competencias de cabildo y que presentaba problemas de constitucionalidad.
Sin embargo, como el alcalde Galán sigue sin pronunciarse oficialmente sobre el acuerdo, la concejal Clara Lucía Sandoval se jugó una última carta para tratar de salvar la iniciativa. Por eso, a través de un extenso oficio, le solicitó al mandatario distrital sancionar la norma, ya que todos están malinterpretando su alcance.
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En diálogo con El Espectador, la cabildante defendió el proyecto y afirmó que no invade competencias del Ministerio de Salud; no crea una Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS), ni impone barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), como lo mencionó Gerson Bermont, secretario de Salud.
Según explicó, el proyecto sencillamente busca crear un conjunto de acciones para garantizar de manera integral los derechos de las mujeres gestantes y lactantes, así como de la vida por nacer. Entre sus principales objetivos están brindar información clara, completa y oportuna para la toma de decisiones, y ofrecer alternativas a la interrupción del embarazo, sin afectar la autonomía de las mujeres.
Además, fortalecer el acompañamiento en salud mental; articular acciones con las Manzanas del Cuidado y otras entidades, e impulsar estrategias de apoyo psicosocial y comunitario. “No se están regulando actos médicos ni modificando el sistema de salud. Se está fortaleciendo el acompañamiento y la información”, agregó la concejal.
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Las críticas y el argumento legal detrás de la iniciativa
Otra es la lectura que han hecho organizaciones sociales, colectivos feministas y sectores académicos, que han advertido posibles riesgos. Entre las principales críticas se encuentran que crearía una nueva Ruta Integral de Atención en Salud sin competencia legal; que impondría barreras al aborto, y que obligaría a la práctica de exámenes psicológicos como requisito para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
Frente a estos señalamientos, Sandoval aseguró que ninguno está sustentado en el articulado y afirmó que “basta con leer el proyecto para ver que se respeta la voluntad de las madres”. Para reforzar los argumentos, citó fallos, leyes y la Sentencia C-055 de 2022, con la que la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24, para intentar demostrar que nada va en contravía del acuerdo, al estar permitido generar políticas públicas de prevención y acompañamiento, siempre que no impongan restricciones. “Informar no es restringir. Acompañar no es imponer”, reiteró.
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Salud mental, eje central de la propuesta
Uno de los puntos que más resaltó la cabildante es el enfoque en salud mental. Citó cifras oficiales según las cuales entre 2020 y 2023 se registró un aumento del 47 % en conductas suicidas en mujeres embarazadas, un dato que, a su juicio, refuerza la necesidad de fortalecer el acompañamiento emocional durante el embarazo y el posparto. “Es una etapa crucial de la vida y el Estado no puede ser indiferente”, afirmó.
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Sandoval insistió en que el alcalde debe actuar con “rigor jurídico” y no ceder ante presiones ideológicas o la desinformación. Según explicó, el proyecto es constitucional, legal y coherente con la jurisprudencia, por lo que pidió su sanción para que pueda entrar en vigencia como política pública distrital.
La Ruta por la Vida se suma a una larga lista de iniciativas que, en Bogotá y en el país, han generado tensiones entre sectores que defienden el acceso pleno a los derechos reproductivos y quienes promueven políticas de acompañamiento a la maternidad.
Mientras la Alcaldía analiza si sanciona o no el acuerdo, el proyecto sigue siendo objeto de discusión pública, en medio de un debate que combina argumentos jurídicos, posturas ideológicas y preocupaciones sociales. En los próximos días se espera una decisión oficial que defina el futuro de esta iniciativa en la capital.
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Por Ana Rodríguez Novoa
