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Más de 200 estudiantes del Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá, le pidieron al Gobierno nacional que escuche sus razones y promueva un espacio de diálogo para estudiar alternativas que permitan mantener abierto el colegio. La solicitud está contenida en una carta fechada el 9 de noviembre y dirigida al presidente, a la primera dama y al vicepresidente.
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La petición llega después de que la Gobernación de Cundinamarca ratificara la cancelación de la licencia de funcionamiento de la institución, en la que estudiaba Valeria Afanador, menor de 10 años que desapareció el 12 de agosto de 2025 y cuyo cuerpo fue encontrado 18 días después en inmediaciones del río Frío, cuyo cauce corre contiguo al colegio. Para los alumnos, la decisión no solo implica cambiar de salón o de uniforme: significa dejar atrás a sus compañeros, profesores, proyectos y un lugar en el que varios han pasado buena parte de su infancia.
La carta surgió por iniciativa de estudiantes de grado décimo, de la promoción que espera graduarse en 2027, y recibió el respaldo voluntario de alumnos de otros cursos y trabajadores de la institución. En ella, los jóvenes reconocen el dolor que dejó la muerte de Valeria y la necesidad de que se esclarezca lo ocurrido. Insisten en que no buscan restarle importancia al caso ni frenar las investigaciones, pero consideran que las consecuencias de lo sucedido no deberían recaer también sobre niños y adolescentes que no tuvieron responsabilidad en los hechos.
“Somos niños y jóvenes. También tenemos sentimientos, también necesitamos tranquilidad y también merecemos estabilidad emocional”, escribieron. Según cuentan, los meses recientes han estado marcados por la tristeza, la angustia y la incertidumbre sobre su futuro escolar. Algunos temen perder los apoyos que reciben en la institución y que, aseguran, no han encontrado en otros colegios; otros advierten que un traslado podría interrumpir procesos educativos y terapéuticos que adelantan hace varios años.
Uno de los argumentos que más se repite en la carta es el de los estudiantes de décimo, a quienes les falta un año para terminar el bachillerato. Quieren graduarse juntos en 2027, como lo habían planeado. También mencionan a los niños de cursos inferiores, que han preguntado qué pasará con el colegio y que, según el documento, se sienten seguros y acompañados allí.
Los firmantes piden que las autoridades escuchen a estudiantes, familias y profesores, y que estudien posibilidades para proteger la continuidad de su educación sin que necesariamente tengan que perder la institución. La solicitud también incluye a los trabajadores: el comunicado que acompañó la carta estima que cerca de 100 personas dependen de la actividad del colegio, entre docentes, personal administrativo, cocina, mantenimiento y transporte.
La decisión que dejó en vilo al colegio
La petición de los estudiantes contrasta con el proceso administrativo que llevó a la cancelación de la licencia. El 14 de octubre de 2026, mediante la Resolución 007360, la Gobernación de Cundinamarca resolvió la apelación presentada por el colegio y confirmó la decisión adoptada en junio, cuando declaró administrativamente responsable a la institución.
El proceso está relacionado con la desaparición y muerte de Valeria Afanador. La niña desapareció el 12 de agosto de 2025 mientras se encontraba en el Gimnasio Campestre Los Laureles. Su cuerpo fue encontrado el 29 de agosto en el sector de Fagua, cerca del río Frío, a unos 220 metros del plantel. El caso abrió cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y vigilancia dentro del colegio y dio lugar a actuaciones administrativas y penales.
Algunas imágenes el día de la desaparición dan cuenta de los momentos previos y se ve a la menor sin la supervisión necesaria para una niña de su edad.
En el marco de la medida, la institución debía presentar un plan de reubicación individual para sus estudiantes. La disposición contemplaba atención especial para quienes tienen discapacidad, necesidades educativas especiales o siguen procesos terapéuticos, además de medidas de acompañamiento psicosocial y prevención de la estigmatización y el ciberacoso. La Secretaría de Educación de Cundinamarca, por su parte, debía divulgar la oferta educativa disponible en Sabana Centro.
Mientras tanto, la carta señala que la decisión también se encuentra en discusión ante instancias judiciales, aunque no precisa cuáles son los procesos ni su alcance. En el comunicado que acompañó la solicitud, la institución sostiene que el futuro definitivo del colegio depende de lo que resuelva la justicia.
Los estudiantes cierran su petición con una frase que resume el sentido de su reclamo: “No les pedimos que olviden lo que pasó. Les pedimos que no se olviden de nosotros”. Su solicitud no plantea desconocer las responsabilidades que puedan establecer las autoridades por la muerte de Valeria, sino que las decisiones sobre el futuro del colegio también consideren a quienes hoy estudian allí y a sus familias.
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Lola(15127)•12 de noviembre de 2026 – 16:24No debieron cerrar el colegio, eso es negarle el derecho a la educación a los estudiantes que venían estudiando allí.
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Rod(24557)•12 de noviembre de 2026 – 15:29Sin desconocer la gravedad de la causa inicial; este es el resultado de permitir una justicia mediática y populista que resultó en la afectación de toda una comunidad. Al decidir populistamente la gobernación.
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LaviolenciaNotieneGénero(n6tpz)•12 de noviembre de 2026 – 14:20Muy complejo el tema, quizás la medida de la gobernación fue desproporcionada no por lo grave de lo sucedido, sino por la afectación masiva a tantas personas. Deberían autorizar que el colegio continúe bajo algún tipo de intervención o vigilancia especial.