El 10 de septiembre, el Distrito y el Gobierno Nacional realizaron el retorno de 568 personas Embera a sus territorios de origen desde la UPI La Rioja. Sin embargo, 295 permanecen en la UPI, entre ellas 161 niñas, niños y adolescentes.
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Y es que precisamente este grupo de menores estaría en un latente riesgo de inseguridad alimentaria, de acuerdo con la Secretaría de Integración Social, a raíz, de lo que aseguran, son bloqueos de algunos voceros para que accedan a servicios sociales (especialmente en lo relacionado con nutrición y entornos seguros y protectores) en los Centros Amar, jardines infantiles e instituciones educativas distritales, donde pueden recibir, por ejemplo, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que cubre el 22% de los requerimientos diarios con el desayuno y la media mañana, y hasta un 30% adicional con el almuerzo.
“En este contexto, los voceros Rosmira Campo y Leonival Campo han impedido el acceso al Centro Amar, mientras que Saúl Arias y Wilmar Arias han restringido el ingreso a jardines infantiles. Hasta hoy, solo 18 niñas y niños asistieron a un Centro Amar; la mayoría sigue privada de servicios fundamentales para su bienestar y seguridad alimentaria”, detalló Integración Social.
Aunque este diario intentó contactarse con Rosmira Campo para conocer su versión, al termino de esta publicación no hubo respuesta.
Cabe recordar que en diversos momentos, desde hace dos años, los entes de control han alertado las complejas situaciones de inseguridad, salubridad y hacinamiento en la UPI La Rioja, ubicada en el centro de Bogotá.
La Personería halló en 2024 elementos que configuran “riesgos biológicos por mal manejo de residuos, reflujo de aguas negras, presencia de vectores como ratas e insectos, conexiones improvisadas, peligro de explosión por cilindros de gas (existen entre 80 y 100 pipetas), cables eléctricos expuestos y, particularmente, riesgo de derrumbe de algunas estructuras”, según informó la entidad.
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La evidencia señala, además, que La Rioja no dispone de agua potable y que incluso hay filtraciones de agua en las paredes que representan un riesgo mayor debido a la cercanía con tomas eléctricas y pipetas de gas que tienen los puntos de las filtraciones. También se evidenció la insuficiencia de las baterías de baño y de servicios sanitarios en general, que ha traído consigo la proliferación de roedores e insectos y, por consiguiente, problemas de salud que afectan mayoritariamente a niños, niñas y adolescentes.
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Por Redacción Bogotá
