Un megaoperativo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) dejó al descubierto celulares, droga, dinero y armas blancas dentro de cárceles del país. La intervención se realizó en el marco del Plan Democracia, una estrategia activada para reforzar los controles de seguridad en los establecimientos penitenciarios de cara a las elecciones legislativas y consultas interpartidistas previstas para el domingo 8 de marzo.
El operativo comenzó a las 5:00 de la mañana del jueves 5 de marzo, cuando cerca de 3.500 funcionarios del INPEC intervinieron simultáneamente 122 establecimientos de reclusión del orden nacional. En total fueron inspeccionados 126 pabellones, donde se encuentran 17.740 personas privadas de la libertad.
Celulares, droga y armas: lo que encontraron en las cárceles
Durante los registros, las autoridades incautaron una serie de elementos prohibidos dentro de los centros penitenciarios. El balance oficial reportado por el INPEC incluye:
• 670 teléfonos celulares
• 375 tarjetas SIM
• 1.655 accesorios para celulares
• 23.391 gramos de estupefacientes
• 494 armas blancas
• COP 3.476.700 en efectivo
• 2.415 litros de licor artesanal
El director del INPEC, Daniel Gutiérrez, explicó que la cifra de celulares incautados es menor frente a operativos anteriores debido al fortalecimiento de los controles para evitar el ingreso de estos dispositivos.
“La cifra en celulares es menor porque se han venido trabajando temas de prevención al ingreso de teléfonos”, señaló el funcionario.
Preparativos para las elecciones en cárceles
El operativo también hace parte de los preparativos para garantizar la seguridad del proceso electoral dentro de los centros penitenciarios.
Según el INPEC, para las elecciones legislativas se habilitarán 121 puestos de votación en 117 establecimientos de reclusión del orden nacional, donde se instalarán 130 mesas de votación con el acompañamiento de 742 jurados electorales, quienes participarán en el desarrollo del proceso democrático dentro del sistema penitenciario.
En estos comicios podrán votar personas privadas de la libertad que se encuentran en detención preventiva y aún no tienen una condena definitiva, es decir, quienes conservan plenamente sus derechos políticos.
De acuerdo con el consolidado institucional, 10.639 personas se encuentran inscritas para ejercer su derecho al voto. De ese total, 3.316 son personas privadas de la libertad, mientras que 3.903 corresponden a funcionarios del sistema penitenciario y 3.420 a ciudadanos del personal civil que también participarán en la jornada electoral dentro de los establecimientos carcelarios.
Con el fin de fortalecer las condiciones de seguridad durante las votaciones, el INPEC anunció que emitirá orden de alistamiento de segundo grado a nivel nacional, una medida que permitirá reforzar los dispositivos de control y vigilancia en los centros penitenciarios.
Asimismo, los directores titulares de cada establecimiento serán los encargados de supervisar el desarrollo de la jornada electoral en coordinación con las autoridades electorales y las entidades competentes.
Durante el proceso también se activará un Puesto de Mando Unificado (PMU) institucional, desde donde se realizará el seguimiento permanente a las votaciones en las cárceles del país. En este esquema, el Grupo Estratégico de Información Penitenciaria (GEDIP) será el responsable de recopilar y analizar la información en tiempo real para emitir reportes de seguimiento al PMU.
Además, el proceso contará con el acompañamiento de autoridades electorales, organismos de control, entidades territoriales y las Fuerzas Militares, que brindarán apoyo en materia de seguridad externa a los establecimientos de reclusión.
Con estas medidas, el INPEC busca garantizar que la jornada electoral dentro del sistema penitenciario se desarrolle con orden, seguridad y plenas garantías, evitando presiones, actividades ilegales o cualquier tipo de interferencia en el proceso democrático.
Uno de los objetivos principales de los operativos es frenar la comunicación ilegal desde los centros penitenciarios, una práctica que suele facilitar delitos como la extorsión.
El director del INPEC explicó que, aunque algunos internos utilizan celulares para comunicarse con sus familiares, su tenencia dentro de los establecimientos sigue siendo ilegal.
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“A pesar de que el establecimiento tiene un plan piloto de videollamada, a veces resulta más económico adquirir un celular para tenerlo disponible. Sin embargo, es un elemento de prohibida tenencia dentro del establecimiento”, explicó.
El uso de estos dispositivos también puede afectar los beneficios penitenciarios de los internos, como la redención de pena o el acceso a visitas.
Inhibidores de señal para frenar comunicaciones ilegales
El director del INPEC también anunció que la entidad avanza en un plan para instalar inhibidores de señal celular en algunos centros penitenciarios del país.
La primera fase comenzará en la cárcel de Acacías (Meta) y posteriormente se espera ampliar el sistema a 10 establecimientos penitenciarios, en coordinación con operadores de telecomunicaciones y el Ministerio de Justicia.
Con esta medida, las autoridades buscan reducir las comunicaciones ilegales desde los centros de reclusión y fortalecer los controles contra delitos como la extorsión.
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Por Redacción Bogotá
