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La semana pasada, Bogotá amaneció consternada por un video viral en el que una mujer, evidentemente en estado de embriaguez, salía al balcón de su apartamento y realizaba varios disparos al aire. El hecho despertó alarma entre ciudadanos, autoridades y medios de comunicación, quienes clamaron por sanciones ejemplares contra esta acción imprudente y temeraria. Después de los hechos, la persona involucrada emitió un comunicado explicando que el arma utilizada no era de fuego, sino un arma de fogueo. Si bien puede parecer una diferencia menor, en realidad abre una discusión urgente sobre la regulación y el manejo de este tipo de armas en Colombia.
En contexto: Habló la mujer que disparó desde un balcón en Bogotá: “el arma no era de fuego”
Para entender mejor el problema, es crucial aclarar las diferencias entre estos tipos de armas. Las armas de fogueo son réplicas casi exactas de armas reales, que aunque no usan munición convencional, sí pueden causar daños físicos a corta distancia. Las traumáticas, por su parte, disparan proyectiles de goma o plástico duro y pueden infligir heridas severas, especialmente si son modificadas ilegalmente para convertirse en armas letales. Para el ciudadano promedio, sin embargo, estas armas son prácticamente indistinguibles de las reales, tanto en apariencia como en el temor que generan.
Lo preocupante no es solo la similitud visual o la posibilidad de causar daño físico, sino la facilidad extrema con la que pueden adquirirse estas armas en Bogotá. Comprar una pistola de fogueo es casi tan sencillo como adquirir un juguete o una pistola Nerf: basta entrar a cualquier plataforma digital o visitar ciertos comercios físicos, pagar desde 400 mil pesos, y llevarse a casa un objeto idéntico en apariencia a un arma real, sin ningún control preventivo.
Actualmente, la regulación existente es básica e insuficiente. Aunque formalmente cualquier persona que adquiera un arma de fogueo debe acudir a Indumil para marcarla y obtener el permiso correspondiente, en la práctica muchos compradores desconocen o ignoran este trámite, facilitando una tenencia irresponsable que incrementa los riesgos para la seguridad pública. Como resultado, estas armas se han convertido en herramientas comunes en la comisión de delitos, accidentes y actos intimidatorios frecuentes en Bogotá.
Hace varios años, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) realizó un análisis sobre este tema, revelando cifras alarmantes: entre 2009 y 2020, Colombia pasó de importar aproximadamente 8.500 armas a cerca de 190.000. Hoy podríamos estar fácilmente por encima de las 250.000 unidades en circulación, lo que refleja la magnitud del problema y la urgencia de medidas regulatorias efectivas.
La solución no admite más demora. Es imperativo que antes de comprar un arma de fogueo o traumática, estas deban estar previamente registradas ante Indumil, tal como sucede con cualquier arma de fuego. Es decir, ningún arma debería ser vendida sin estar
debidamente registrada y autorizada previamente por las autoridades competentes. Adicionalmente, la Alcaldía de Bogotá, en colaboración con Indumil y las autoridades nacionales, debería reforzar inmediatamente los operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en los comercios, asegurando el cumplimiento riguroso de estos protocolos.
Finalmente, es clave enfatizar que Colombia enfrenta un debate recurrente sobre la regulación de armas en general, especialmente impulsado por sectores políticos que buscan flexibilizar el porte y la tenencia de armas de fuego. Esta propuesta de flexibilización suele justificarse en modelos como el estadounidense, que ha probado ser extremadamente peligroso y costoso en términos de vidas humanas. Es vital mantener la prohibición del uso indiscriminado de armas de fuego en nuestro país, una política que se ha sostenido a lo largo de gobiernos de diferentes ideologías. Colombia no puede permitirse caer en el error del populismo armamentista que solo incrementaría el riesgo de violencia y muerte entre sus ciudadanos.
