Durante la alcaldía del presidente Petro y al amparo de Basura Cero, se produjo la mayor crisis de basuras desde la existencia de la Empresa Distrital de Servicios Públicos (Edis) y el derrumbe del Relleno Sanitario Doña Juana en 1997.
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Su pretexto de ese programa, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) asumió abruptamente la prestación del servicio de aseo, quien, por su incapacidad para hacerlo, suscribió un contrato con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Esta, a su vez, dada su falta de experticia en la materia, hizo lo propio con su filial Aguas de Bogotá SA ESP, quién tenía menos experticia aún. ¡El resultado: nefasto!
Las calles de la capital estuvieron atiborradas de basura y sin acceso a un servicio eficiente durante varios días, no obstante los cientos de miles de millones de pesos gastados para tales propósitos. El efecto de ese importante gasto público en el cambio real de las condiciones de los recicladores y en la gestión adecuada de los residuos: significativamente ¡ninguno!
Se contrataron estudios con resultados mediocres para poner en marcha el fallido e ilegal esquema transitorio de aseo y el mal concebido programa Basura Cero. Se gastaron miles de millones de manera ineficiente en el alquiler de camiones compactadores que trajeron de EEUU donde estaban en desuso, en la compra de vehículos deficientes para los recicladores y de una nueva flota de camiones compactadores de residuos. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca impuso a Daewoo Truks SAS, proveedor de los compactadores, una millonaria condena por las fallas técnicas de los camiones.
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Estos desafueros los lideró Diego Bravo, gerente de la EAAB. En repetidas oportunidades, Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de salud del alcalde Petro, advirtió que la gestión al respecto del gerente iba muy mal. Nadie lo escuchó. Fue de tal nivel la desfachatez e improvisación gerencial, que Bravo debió finalmente salir a rogarle a los propietarios de las empresas prestadoras de aseo —las que semanas atrás habían expulsado— para que volvieran a recoger el desastre y estabilizaran el servicio. Lo hicieron, y en unas breves horas.
La postura gubernamental distrital de entonces confundía Basura Cero, con el servicio público de aseo —parece que se sigue haciendo—. También desconoce el real contenido y alcance de la orden de la Corte Constitucional de realizar acciones afirmativas en favor de la población recicladora de oficio en estado de vulnerabilidad y tiene una apreciación antitécnica que lo lleva a equiparar erradamente los botaderos a cielo abierto con la técnica de relleno sanitario para el enterramiento ambiental de desechos.
Basura Cero, no es un programa del servicio de aseo sino una política ambiental, que desborda el alcance de este servicio. Esta política propende por fomentar la reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento de residuos, mediante el establecimiento de una cultura ambiental, modelos de economía circular y ecología industrial, reduciendo la presión sobre los rellenos sanitarios. En Colombia el 96,60% de los residuos van a rellenos sanitarios, solo el 1,30% van a botaderos a cielo abierto. Estos últimos están prohibidos por ley.
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En Colombia desde 1998 se halla definida una política nacional para la gestión de los residuos con los objetivos de minimizar generación, aumentar aprovechamiento —reúso, reciclaje, economía circular, etc.—, y mejorar sistemas de eliminación y disposición final. Los municipios y distritos tienen la obligación de definir, adoptar y poner en marcha planes al respecto (PGIRS), pero todo se queda en el papel y centrado erradamente en el servicio de aseo. Por eso sus efectos han sido de poca o ninguna significancia. Bienvenida la política de Basura Cero, pero bien concebida y liderada.
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