A raíz de lo sucedido en el partido entre Querétaro y Atlas, en el estadio La Corregidora de Querétaro el pasado 5 de marzo, diversas figuras políticas, comentaristas deportivos y políticos emitieron declaraciones en los medios de comunicación colombianos y mexicanos.
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Esa diversidad de opiniones tuvo, no obstante, una narrativa común: las hinchadas populares, y por ende los sujetos que las integran, deben recibir sanciones punitivas (penales y administrativas que llevasen al cierre del estadio). Ejemplo de ello es la nota “La violencia en los estadios en Colombia tampoco descansa”, publicada el pasado 7 de marzo en el periódico El Espectador.
Luego de revisar diferentes hechos violentos que involucran a los barristas colombianos, la nota es concluyente en afirmar lo siguiente: “No importa la ciudad, el equipo: el problema lo lleva en su genética el barrista colombiano”.
La explicación de estos hechos, sin embargo, no es tan simple. Tanto la reciente investigación académica como los programas efectivos de políticas públicas muestran las serias limitaciones de ese abordaje. Por eso desde la Línea de Investigación “Fútbol, Violencia y Participación Ciudadana” del Instituto Distrital de La Participación y Acción Comunal -IDPAC- se interrogan precisamente esas simplificaciones.
Esta línea viene haciendo un trabajo de investigación e intervención para contrarrestar ideas esencialistas sobre la violencia asociada con las barras futboleras. El presupuesto del que parte la línea es doble. Por un lado, plantea que no existe una única definición de barras bravas, pues existe una diversidad de expresiones asociativas del fútbol. De acuerdo con el “Estado del Arte sobre las causas de la violencia asociada al fútbol” realizado desde la línea, existen al menos diez tipos de procesos organizativos —incluyendo la distinción entre barras populares y tradicionales, los parches no copeo, guerreados, hinchadas populares, entre otros.
Para captar esa heterogeneidad de las barras futboleras, el segundo supuesto del que parte la línea es concebir a las culturas futboleras como una forma de acción colectiva (entre las que resulta fundamental el barrismo social en tanto ejercicio participativo). Por ende, evita usar el término “barra brava”, para, en cambio, usar los términos definidos por la ley, como barras futboleras.
Por otro lado, recoge los resultados de la investigación académica reciente sobre las prácticas violentas de las barras futboleras. Esto permite situar esas prácticas en relación con dos niveles: primero, con las violencias vividas en las instancias de socialización (familia, escuela, prisión). Segundo, con las dinámicas de violencia urbana, ligadas a las bandas y el tráfico de drogas, así como la rural, al tener contacto con actores del conflicto armado en las carreteras del país. No es, por tanto, que la violencia (en singular) se origine en las barras futboleras, sino que se trata de pensar cómo sus prácticas recrean y agudizan violencias ya presentes en la sociedad.
Es decir, que actualmente es insostenible el postular una presunta genética violenta en lo(a)s barristas colombiano(a)s —tal como está planteado en la nota de El Espectador. De lo que se trata más bien es de analizar el fenómeno en su complejidad y diversidad, vinculándolo con las diversas violencias que atraviesan a la sociedad colombiana —y mexicana—.
De hecho, la nota muestra cómo algunos hechos de violencia relacionados con las barras futboleras colombianas se han dado en otros países (lo cual es síntoma de la dimensión global del fenómeno). No se trata entonces de promover la sindicación de ciertos grupos o el manejo estrictamente policivo del asunto. Dado que esta es una problemática social, atravesada por coordenadas de clase, edad, género y región. Se requieren estrategias de intervención diversas que se enfoquen en lo preventivo —y menos en lo punitivo-. El primer paso para ello es la comprensión apropiada del fenómeno.
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