Quienes lo han denunciado lo hacen sin pruebas ni sustento verídico y, como algo momentáneo, sin darse a la tarea de profundizar en el tema ni de extender la denuncia en el tiempo hasta obligar a una respuesta del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación.
Ese cuento de que a Bogotá no la ha tocado el conflicto armado no sé hasta cuándo sea posible sostenerlo, porque llegar a la capital del país no es difícil; instalarse, tampoco. Otra cosa es que jamás se verán campamentos del ELN, de las disidencias o del Clan del Golfo en los parques de las diferentes localidades de la ciudad.
En Bogotá, el conflicto armado puede estar pasando de agache y de forma invisible ante las narices de las autoridades nacionales y distritales, pero no para ejecutar enfrentamientos armados en mitad de la Plaza de Bolívar o del Parque Simón Bolívar, sino para lavar dineros.
Bien lo dijo en su momento el entonces representante a la Cámara, Simón Gaviria, en su debate sobre Interbolsa: los grupos armados ilegales hicieron operaciones bursátiles a través de la Bolsa de Valores para sacar dineros al exterior y llevarlos a paraísos fiscales.
Vaya uno a saber si, entre todo el efectivo que se mueve en la capital del país, no habrá uno que otro billete que provenga de actividades ilícitas.
Es aquí donde pregunto: ¿dónde están los 18 representantes a la Cámara por Bogotá? Se supone que son ellos quienes deben hablar ante el Gobierno Nacional y la Fiscalía en nombre de la capital del país.
¿Qué han hecho estos congresistas por defender a la ciudad del conflicto armado? ¿Se les olvidó que la llegada a las curules que ocupan fue gracias a los votos y a la confianza que los bogotanos les otorgaron?
¿Por qué a los representantes a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, Andrés Forero y José Jaime Uscátegui, quienes dicen vivir preocupados por los temas de seguridad y orden público, nunca se les ocurrió hacer un debate al Gobierno Nacional para que responda, de una buena vez, qué está haciendo para proteger a la capital de los grupos armados ilegales?
¿Cuándo será que los representantes a la Cámara por Bogotá van a asumir su responsabilidad con la ciudad? No puede ser que a estos señores solo se les vea en época electoral, por las calles abrazando gente y tomándose fotos para ganar simpatías y el posterior voto, y que, una vez posesionados en la curul, se olviden por completo de la obligación que tienen con la capital.
Si en este aspecto calificáramos a los 18 representantes a la Cámara por Bogotá, fácilmente los reprobaríamos a todos, sin excepción, y por supuesto les negaríamos el voto para su reelección, porque quitaron sus ojos de Bogotá y los pusieron únicamente en el Palacio de Nariño, ya sea para defender a Gustavo Petro o para hacerle oposición.
En días pasados escuché al concejal de Bogotá, Julián Uscátegui, quien en solitario estaba realizando la labor que les corresponde a los congresistas de la capital en la Cámara de Representantes: pedir explicaciones porque, de acuerdo con su investigación, en la ciudad se estaría conformando una célula urbana del ELN.
Esa respuesta, por supuesto, no puede darla la Secretaría de Seguridad, sino el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación; y es a la Cámara de Representantes o al Senado de la República, a través de una de sus comisiones, a quienes les corresponde hacer el debate.
Por supuesto, le pregunté al concejal Julián Uscátegui si esa inquietud o reclamo no se le ocurrió también a su hermano, el representante José Jaime Uscátegui, a quien se le distingue por sus declaraciones emocionales y pasionales, con argumentos poco serios y poco estudiados. Era claro que el cabildante iba a defender a su familiar, pero lastimosamente los hechos hablan por sí solos.
Por eso, con total seguridad y firmeza puedo afirmar que el compromiso de los 18 representantes a la cámara por Bogotá, con la seguridad de la ciudad durante estos cuatro años, fue totalmente nulo.
Por cierto: El Paseo Millonario al que un grupo de delincuentes sometió a Diana Ospina demuestra que este delito sigue ejecutándose en Bogotá.
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