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El nuevo articulado de reforma a la salud sigue en esencia teniendo el mismo propósito inicial de arrasar con el actual sistema para imponer un modelo de estatización copiado de Inglaterra que hoy padece graves problemas. Siguen vigentes sus dos ejes centrales, el primero, acabar con las EPS desapareciendo su función de controlar y pagarle a los hospitales, tarea que asumiría el gobierno a través de la ADRES; y el segundo, que todos los colombianos se inscriban a un CAPS, que sería el encargado de evaluar al paciente y remitirlo a un hospital de mayor complejidad.
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El primer gran problema es pretender estatizar un sistema como el de Bogotá, que es mayoritariamente privado, donde el 85% de sus habitantes están afiliados a EPS privadas y el 80% de las camas hospitalarias son de propiedad de este sector. El segundo gran problema es que no está claro cómo sería la transición entre ambos modelos, cuánto tiempo tomaría hacerlo y cuál sería su costo.
Esta incertidumbre generaría un enorme caos en la atención de los pacientes, quienes al desaparecer sus EPS ya no sabrían a quién pedirle la cita ni cómo o dónde reclamar sus medicamentos. Los CAPS que se requerirían no existen en Bogotá, el distrito tiene unos 20 y las EPS privadas dos veces esa cantidad, de los 400 necesarios (uno por cada 20 mil habitantes) que no se sabe cuánto van a costar, cuándo estarían disponibles ni de dónde saldrían los recursos para construirlos.
Los CAPS existentes nunca se han encargado de inscribir personar ni de remitirlas a otros prestadores. Esto implicaría enormes inversiones en historia clínica electrónica, contact center para asignación de citas, entrenamiento y contratación de más personal, que hoy no están ni se sabe cuánto van a costar, cuándo estarían disponibles ni de dónde saldrían los recursos para hacerlo.
La ADRES no tiene experiencia ni capacidad técnica ni humana para operar el volumen de facturas que hoy manejan las EPS en los procesos de auditoría y pago. Tampoco tiene experiencia ni capacidad para contratar hospitales y proveedores de servicios que hoy hacen las EPS. Esto generaría otro enorme desconcierto en la facturación y pago a hospitales que además de poner en riesgo el flujo de recursos hacia estas entidades y con ello la prestación de servicios, haría insostenible financieramente el sistema de salud que se vería abocado a una demanda impredecible de servicios al desaparecer el control que hacían las EPS.
El afán por cumplir unas promesas de cambio ha llevado a este gobierno a la improvisación reflejada en la falta de claridad sobre lo que se quiere hacer en salud, en lo que es una ingenuidad y hasta una irresponsabilidad con los pacientes creer que podrán hacerlo en 2 años. Como van las cosas, el remedio para el sistema de salud, que sí se necesita, va a terminar resultando mucho peor que los males que lo aquejan.
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