Opinión: Es la impunidad, estúpido

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Foto: El Espectador

Después de un mes de conversación con comunidades en varias localidades de la ciudad queda como conclusión que sus preocupaciones sobre la inseguridad en la ciudad están bastante alejadas de lo que la oferta informativa y las redes sociales explotan de manera sistemática.

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Si bien la criminalidad y la violencia son los elementos disparadores del temor y el descontento, los ciudadanos tienen claro que las respuestas a estos problemas están mucho más allá de esas manifestaciones. La desocupación, la falta de integración productiva, el débil relacionamiento entre las comunidades y la incomprensión del territorio local por los actores relevantes de la ciudad juegan un rol determinante.

Frente a la pregunta ¿Cómo mejorar la seguridad? los bogotanos alzan la voz quejándose de la inexistencia de justicia y el efecto empoderador que esto ofrece a los delincuentes. La comunidad reconoce que parte de la incapacidad policial de protegerlos es el resultado de la poca eficacia de la justicia.

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Abordar este tema es inmensamente complejo. Dados los principios de nuestro sistema político, poner el foco en las debilidades de la justicia y su aporte al desorden nacional generalmente se asocia con una aproximación que debilita la democracia. Sin embargo, la incapacidad de la rama judicial de comprender la sociedad y el país en el que administra justicia es lo que realmente nos conduce a su debilitamiento.

En 2020, como parte de la encuesta de seguridad y convivencia ciudadana, el DANE desarrolló un modulo de necesidades jurídicas que dejó como resultado que el 76,7% de las necesidades jurídicas expresadas por los encuestados no se solucionaron. En el caso de delitos el 67,3%, mayoritariamente relacionados con hurto, estafa, fraude, extorsión, amenazas, lesiones y, en menor medida, ciberdelitos.

Respecto a la credibilidad de la justicia como un mecanismo de resolución de conflictos, el 44,8% de los encuestados prefirió no hacer nada frente a una necesidad de justicia. Solo el 35,2% de los ciudadanos consideraron la vía institucional como una ruta posible. El deterioro del servicio de justicia también es resultado de una ciudadanía que se resignó a que en Colombia la justicia no exista.

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Adicionalmente, el 38,1% de quienes acudieron a las instituciones señalaron que fueron a buscar justicia acudiendo a la Policía Nacional . La segunda puerta de entrada a la justicia fue la Fiscalía General de la Nación con un 9,8%. Esta diferencia prueba la desnaturalización de las funciones y responsabilidades en la administración de justicia, con efectos catastróficos en la confianza de los ciudadanos en el servicio de policía.

Lo anterior debería prender las alarmas en cualquier análisis sobre reforma policial, dando lugar a una discusión seria sobre la incidencia de roles primarios y secundarios en el servicio, así como de los costos que le significa a esa institución asumir tareas que superan sus capacidades institucionales o transforman su naturaleza.

Otras dificultades devienen de la pobre estructura de gestión de la justicia, su limitada oferta y barreras de acceso. Una muestra de esto es la localidad de Ciudad Bolívar, que con más de 640.000 habitantes cuenta con solo una casa de justicia, dos comisarias de familia y una inspección de policía, para administrar justicia y promover la convivencia.

La simplificación de los problemas de justicia a una discusión concentrada en las altas cortes y sus juegos electorales invisibiliza la realidad de las debilidades de despliegue, servicio e impacto de la acción judicial en el mejoramiento social.

Los ciudadanos exigen seguridad y confianza en las ciudades. Lograrlo requiere desmantelar los factores de riesgo y consolidar las rutas de prevención, cerrando espacios al crimen, la violencia y las incivilidades. Esto no es viable sin un servicio de justicia que responda a las características de la sociedad que atiende y a las necesidades de los ciudadanos que representa.

La aplicación de la ley va más allá de una captura. Es un asunto de ampliación de la oferta, eliminación de barreras de acceso, mejoramiento de infraestructura física y tecnológica, una comprensión precisa de los problemas que conduzca a leyes creíbles y disuasivas, rendición de cuentas y exposición pública de la rama judicial a la veeduría ciudadana.

Por más esfuerzo policial en la facilitación de la convivencia y la lucha contra el delito, sin justicia no habrá seguridad.