Para muchas personas en Bogotá es carísimo pagar 2.650 pesos en Transmilenio o 2.450 pesos en los azules. Claro, hay poblaciones vulnerables que tienen tarifas diferenciales, pero la mayoría de los usuarios del transporte público son personas de estratos 1, 2, 3 y 4, sectores fuertemente golpeados por la carestía. Esto significa que estamos frente a un problema social de enormes dimensiones.
Si a las dificultades para conseguir un empleo formal y a la elevada informalidad le sumamos el aumento de los precios de la comida, entre otros dolores de cabeza, veremos que las familias de menores ingresos están siendo duramente castigadas. Reducir la tarifa del transporte público se convierte en una política de inversión social inaplazable. ¿Cómo lograrlo?
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El gobierno nacional es quien más puede hacer en el corto plazo. Es clave que revise cómo se financia el transporte público. Hacerlo a punta de subir la tarifa no es sostenible ni económica ni socialmente. Es verdad que las ciudades pueden buscar ingresos para financiar el pasaje a costillas de los dueños del carro, pero la urgencia rebasa los esfuerzos locales. Bogotá está cubriendo cerca de dos tercios de lo que vale la operación, situación que se repite en casi todos los sistemas del país.
Necesitamos que el gobierno nacional sea solidario con Bogotá, como lo fue entre 2012 y 2014 con Cali, Bucaramanga y Cartagena, para financiar unas millonarias arandelas, incluidas en la tarifa, que castigan a los usuarios: pagar los buses chatarra, comprar la nueva flota y los equipos tecnológicos y construir los patio-talleres. Si solo pagáramos la prestación del servicio, podríamos lograr una reducción casi del 40% de lo que hoy pagamos. Bajar la tarifa haría atractivo al transporte público otra vez.
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El Distrito también tiene cosas por hacer
La empresa Transmilenio, como responsable del servicio, debe seguir trabajando en mejorar las rutas y las frecuencias, la seguridad en el sistema y la forma en que se comunica con sus usuarios. Bienvenidos los buses eléctricos, pero recuperar la confianza ciudadana es un gran desafío que va más allá de la tecnología. Es imperativo que el sistema no pierda más usuarios.
El Distrito debe renegociar los contratos de operación de Transmilenio. La situación económica de Bogotá, del sistema y de las mismas empresas requiere de ajustes a una nueva realidad menos próspera. A ninguno de los involucrados le conviene que el sistema se quiebre. Es evidente que si el distrito tiene que pagar alrededor de dos billones de pesos adicionales a lo que recauda por tarifa para cubrir lo que vale prestar el servicio, estamos ante un insostenible barril sin fondo.
Finalmente, aunque en la mayoría de los sistemas del mundo hay colados, la situación en Bogotá se salió de madre y los esfuerzos de Transmilenio, insuficientes. Señora candidata y candidatos presidenciales ¿Llegó la hora de gratuidad total? ¿Por qué no aprovechar esta difícil situación para que el transporte público sea un derecho de acceso fundamental?