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Hechos recientes como el reporte de la Contraloría General sobre el estado de las EPS a diciembre de 2024 y el fallo de Corte Constitucional ordenándole al gobierno devolver a sus dueños la EPS Sanitas, demuestran con claridad que las intervenciones por parte del gobierno han resultado ser un rotundo fracaso. Ponen en tela de juicio su utilidad y por el contrario sugieren que no se deberían seguir haciendo a menos que se reformule a fondo la forma como se adelantan.
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Las EPS bajo control gubernamental que afilian al 60% de la población, muestran un deterioro institucional, de servicios y financiero sin precedentes, que en palabras de la misma Contraloría “compromete la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el acceso efectivo a los servicios para millones de colombianos”. Según el ente de control, de los $32,9 billones de las deudas de estas entidades, el 80% corresponden a las EPS intervenidas.
El ejemplo más palpable corresponde a la EPS Sanitas que afilia cerca de 5,2 millones de ciudadanos, su mayoría en Bogotá, ciudad que como consecuencia ha visto afectados los servicios de salud. Le sigue la Nueva EPS con más de 11,2 millones de beneficiarios, buena parte también en Bogotá, organización que a pesar de completar casi dos años de haber sido intervenida, ha visto crecer sus deudas exponencialmente y sin que a la fecha haya podido presentar sus estados financieros de años anteriores. Estos hechos acrecientan la incertidumbre sobre su manejo y debilitan aún más la confianza de la población destruyendo en ambas EPS su principal activo: la reputación.
Las medidas adoptadas por el actual gobierno reflejan improvisación e indolencia, porque a pesar de los sufrimientos de miles de pacientes para conseguir un medicamento o acceder a un servicio, insisten en seguir haciéndolo. Fiel evidencia de que desconocían sus efectos sobre la prestación de servicios que ha generado un enorme desbarajuste que arriesga su continuidad, como evidentemente lo señalan el crecimiento de las quejas y tutelas por negación de servicios. Paradójicamente tuvieron que echarse para atrás en su idea inicial de acabar con las EPS, negándole a dos de ellas, Sura y a Compensar que pidieron su retiro voluntario, al darse cuenta que sin EPS y sin un plan para reemplazarlas el colapso sería inmediato.
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Parecería que la verdadera intención de este gobierno es causarles el mayor daño posible a las EPS y así cobrar venganza de la enhorabuena negativa del Congreso de aprobar la reforma con la que pretendían acabarlas, sustentada exclusivamente en razones ideológicas de animadversión hacia el sector privado.
Desperdiciaron una oportunidad de oro al haber tenido bajo su control a la mayoría de las EPS del país, con lo que hubiesen podido realizar los cambios que quisieran sin necesidad de una reforma, evidente prueba de su desconocimiento e incapacidad para manejar el sistema adobada con sesgos ideológicos. Al próximo gobierno le corresponde reconstruir el sistema más que reformarlo.
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