En el 28° Congreso de Andesco, celebrado en Cartagena días atrás, el director general de la CAR, Alfred Ballesteros, advirtió que "la seguridad hídrica no empieza en el tubo; la seguridad hídrica empieza en los ecosistemas" y exigió a los sectores productivos -incluidas las empresas de servicios públicos- invertir mucho más de lo que hoy hacen. Días después, repitió el mensaje en una entrevista radial de amplia audiencia. El diagnóstico sobre las dificultades en la gestión del recurso hídrico -protección y administración- en efecto es crítico; lo llamativo y paradójico es quién lo plantea, cuando es a quien corresponde prevenirlas oportunamente.
Ballesteros dirige por segunda vez la máxima autoridad ambiental de la región -ya lo hizo entre 2012 y 2015, antes de ser reelegido para el período 2024-2027-: la entidad que, por el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, recibe de los municipios un porcentaje ambiental del impuesto predial -entre el 15 % y el 25,9 %- destinado justamente a proteger cuencas y páramos, y que además cobra, por los artículos 42 y 43 de la misma ley, las tasas retributivas y por utilización de aguas que pagan esas mismas empresas a las que hoy exhorta a invertir más.
Lo que presenta como un gesto voluntario de responsabilidad social, además, ya es para buena parte de esas empresas una obligación legal: el parágrafo 1 del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 -reproducido hoy en el artículo 2.2.9.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015, decreto compilatorio de la reglamentación ambiental- obliga a todo proyecto licenciado que capte agua de una fuente natural a invertir no menos del 1 % de su inversión total en recuperar y vigilar la cuenca que lo abastece. Verificar y hacer cumplir ese 1 % -no solo exhortarlo tardía y mediáticamente- es la función de la autoridad ambiental que dirige.
A ello se suma que ninguna expansión urbana o agroindustrial sobre las zonas de recarga hídrica de la Sabana y toda la jurisdicción de la CAR ha podido adoptarse sin la concertación ambiental previa de la Autoridad Ambiental Regional, obligatoria según los artículos 10 y 24 de la Ley 388 de 1997. Si hoy existen microcuencas degradadas, buena parte de la responsabilidad recae en las concertaciones de los POT que la propia Corporación aprobó durante años y en la falta de un ejercicio oportuno y riguroso de sus funciones de control.
Ballesteros, además, confunde los roles. Según los artículos 23 y 31 -numerales 2 y 9- de la Ley 99 de 1993, es la CAR, como máxima autoridad ambiental, la encargada de administrar con rigor, idoneidad, oportunidad y planeación el recurso hídrico, y de otorgar las concesiones de su uso. No les corresponde a las empresas de servicios públicos -que solo tratan y distribuyen, para consumo humano, el agua que la propia CAR ya les concesionó- cargar con una crisis que es, ante todo, de administración del recurso.
El 14 de septiembre, al anunciar el blindaje de las zonas de recarga que abastecen a Bogotá y a 29 municipios, el propio Ballesteros fue más preciso de lo que parece advertir: "no podemos seguir actuando cuando la crisis ya está encima. Eso es gestión reactiva y eso ya fracasó." La frase pareciera describir con exactitud a su propia entidad: ¿una CAR que solo revisa concesiones cuando el 33 % de su territorio ya está en estrés hídrico?
La diferencia la marca la gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, quien el 26 de septiembre descartó racionamientos para la capital durante este fenómeno de El Niño gracias al manejo anticipado y técnico de sus embalses -Chingaza opera hoy al 95 % de su capacidad-. Mientras esa empresa asume con resultados verificables lo que le corresponde, la máxima autoridad ambiental de la región prefiere señalar a terceros antes que administrar lo suyo.
¿Será que la burocracia y eventualmente la politiquería de la Corporación se están llevando esos recursos? Esa es la cuenta -del predial, de las tasas, del 1 % y del recurso hídrico mismo- que el director debería rendir antes de repartir lecciones ajenas.
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