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El decreto nacional 1077 define los puntos críticos como “…aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, por la generación de malos olores, focos de propagación de vectores, y enfermedades, entre otros.”
En contexto: La respuesta de la UAESP a la Contraloría por fallas en el servicio de aseo
En esencia, corresponden a los cada vez más comunes “basureros urbanos” que los bogotanos advierten en alguna esquina de su barrio, alrededor de las canecas metálicas ubicadas sin rigor alguno en los andenes capitalinos -consecuencia de la errada contratación del servicio de aseo en 2018 y ligereza de la UAESP- o, simplemente, en cualquier vía o espacio público de la ciudad, especialmente en zonas comerciales.
Frente a ellos se está tentado a afirmar que las empresas prestadoras del servicio de aseo no están haciendo bien su trabajo. La verdad es que tal afirmación no es del todo correcta, porque si bien lo es que la generación de esos puntos críticos puede obedecer -en parte- a que los prestadores del servicio no han previsto debidamente o no están cumpliendo con las rutas, frecuencias y horarios de la recolección domiciliaria de residuos, la realidad es que son los mismos usuarios domiciliarios -residenciales y comerciales- del sector, quienes sin justificación alguna abandonan toda suerte de residuos en cualquier lugar, sin que las autoridades administrativas y de policía distritales adopten oportuna y de forma ejemplarizante las acciones preventivas, correctivas y sancionatorias que la ley prevé.
La recolección de los residuos ubicados en los puntos críticos no hace parte de las actividades de recolección y transporte del servicio ordinario de aseo y, por tanto, su costo no está incluido en las tarifas, más allá del deber de los prestadores de hacer el censo de los puntos, realizar operativos iniciales de limpieza y remitir la información a la UAESP y a la autoridad de policía para que adopten las medidas administrativas y de policía respectivas.
El costo de esta actividad más allá de la realización del censo y el operativo de limpieza inicial debe ser asumido por el presupuesto público -en este caso por la UAESP-, que bien puede contratar el servicio con los prestadores de aseo o con terceros. En cualquier caso, respetando las reglas del Estatuto de la Contratación de la Administración Pública y del régimen legal de protección de la competencia. Aspecto que a menudo se pasa con especial ligereza por alto en el Distrito Capital.
En los puntos críticos pueden encontrarse mezclados residuos orgánicos, inorgánicos, de construcción y demolición, animales muertos y hasta peligrosos. Lo que obliga, según la reglamentación vigente, a que estos deben ser gestionados obligatoriamente de manera separada, lo que hace que lo propio sea aún más costoso. Mucho me temo que esa gestión no se está cumpliendo así.
El primero y mayor de los responsables de la existencia de los puntos críticos son los usuarios del servicio de aseo que terminan deteriorando torpemente sus propios entornos y a quienes se le suman los funcionarios de las autoridades administrativas y de policía distritales que, notoriamente, han sido y son ineficaces para adoptar y ejecutar estrategias efectivas que cumplan con el deber de persuadir y, llegado el caso, de sancionar a los contraventores. Asignar a terceros responsabilidades que corresponden a las autoridades distritales, sin que estos tengan facultades policiales, es ineficaz y contrario a la ley.
La solución está en manos de la UAESP y la Policía Metropolitana. Se necesitan determinación, recursos estatales suficientes, autoridad y estrategias operativas serias y concretas para enfrentarla. Lo demás es activismo mediático inane.
