No es real que en Colombia estuviera prohibida la solicitud de permisos de tenencia o porte de armas de fuego. Desde la Constitución Política de 1991 y posteriormente con la Ley 62 de 1993, se abrió la posibilidad para que los civiles pudieran solicitar un permiso al Estado para la adquisición de armas; precisamente el Decreto ley 2535 de 1993 estableció no solo los tipos de armas en Colombia, sino el protocolo para poder adquirir una.
El proceso solo había suspendido nuevos permisos. La determinación de ello empezó a regir en el año 2016 durante la presidencia Juan Manuel Santos en el marco del proceso de paz, junto a otras siete iniciativas de Seguridad Ciudadanaque en su momento funcionaron.
La suspensión de nuevos permisos o cómo se conocían anterior y popularmente de “salvoconductos” se prorrogó durante la presidencia de Iván Duque y Gustavo Petro, con la claridad que siempre han existido unas excepciones, por ejemplo las empresas de seguridad privada avaladas y reguladas por la Superintendencia de Vigilancia, las empresas de transporte de valores y divisas, los escoltas y por supuesto el personal de la reserva activa y veteranos de nuestras fuerzas.
Todo esto para plantear que en ningún momento se puedeafirmar que lo realizado por el presidente De la Espriella es ilegal, inconstitucional o no tiene acervo jurídico, pues es potestad del presidente mantener o modificar los decretos de medidas de seguridad.
En cualquier caso, es importante reconocer que, fue luego de esta determinación normativa además de las otras apuestas en Seguridad Ciudadana, que se llegó a una de las tasas más bajas de homicidios en la historia de Colombia.
El decreto presidencial firmado por De la Espriella, aclara que el trámite no se ha modificado, por lo que la persona que desee tener un arma de fuego tiene que surtir un proceso ante el Departamento Nacional de Control de Municiones y Armas. El trámite contempla una serie de pasos que van desde un examen médico pasando por uno psicosocial,revisión de antecedentes, visita al domicilio, pruebas de aptitud y la justificación plena de la necesidad del arma
Pero ojo, incluso las personas que tengan un permiso de arma de fuego, no son exoneradas de los delitos que puedan llegar a cometer con ellas. En resumen, no se puede confundir que tener un permiso de arma de fuego, se convierte en un permiso para disparar a otra persona incluso en condiciones de defensa personal y no entrar a una investigación criminal.
Finalmente, según estudios de la Universidad de Boston y del Alto Centro De Investigación De Seguridad de Brasil, los territorios que flexibilizan el acceso a armas de fuego no terminan en una reducción directa de índices de criminalidad, sino en un aumento de violencias entre el 22%y el 28% en los primeros años. Así, los estudios demuestran que estas armas terminan activándose en problemas de convivencia entre ciudadanos pero no en mayor medida contra criminales o delincuentes.
Lea más: Grama El Campín: Personería investiga al director del IDRD y se endurecen controles a Sencia