En agosto de 2021, el teniente de la Policía Metropolitana de Bogotá, Juan Pablo Vallejo, fue asesinado mientras investigaba el asesinato de Cristian Romero en el área general de las Torres del Silencio en los Cerros Orientales, área contigua a una de las cuatro unidades de Policía de Carabineros desplegadas para la protección rural y ambiental de la ciudad.
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Tan solo desde 2012, en los Cerros y sus áreas contiguas -con características rurales- se ha registrado el empalamiento de Rosa Elvira Cely, la quema criminal de áreas de reserva, la construcción ilegal de mansiones, el incendio de asentamientos, así como asesinatos y atracos masivos a ciudadanos que osan desafiar un territorio de nadie.
Los riesgos de seguridad en espacios naturales o rurales incluyen terrorismo, violencia sexual, ocupación ilegal, control criminal y delitos ambientales, que caracterizan la cotidianidad del borde externo de la ciudad en todos sus puntos cardinales.
La localidad de Sumapaz, la conexión sur oriental con Cundinamarca y la integración con Sabana de Bogotá en el norte y el occidente enfrentan desafíos diferenciales que no pueden ser atendidos desde una visión basada en la seguridad urbana. Para la muestra, el robo y ataque a 10 personas que hacían deporte en Monserrate o el abandono de un carro con cuatro personas asesinadas sobre la autopista norte en la semana que acaba de terminar.
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Desde principios de siglo, la seguridad en el borde rural bogotano ha sido un desafío. En aquella época el cerco impuesto por las FARC a la ciudad exigió desarrollar capacidades de protección para frenar el intento terrorista de tomarse la ciudad y para bloquear el libre tránsito criminal. Un esfuerzo hoy agotado.
En la actualidad, la ciudad no cuenta con más de 160 Policías Carabineros distribuidos en 4 unidades, quienes prestan servicios de vigilancia en áreas naturales y rurales, al tiempo que servicios en áreas urbanas como la protección de eventos; una acción inconcebible ante la vulnerabilidad de las áreas rurales.
A mano alzada y teniendo en cuenta las limitaciones ordinarias del servicio de policía, el borde periférico de Bogotá es vigilado con base en una asignación promedio de 1 carabinero por cada 1.500 hectáreas de área rural-natural.
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Lo anterior coincide con la falta de infraestructuras, tecnología y servicios de apoyo para la vigilancia rural. Mientras que los carabineros del sur de la ciudad están a punto de ser desalojados, las demás instalaciones no consultan las necesidades del servicio. La localidad de Sumapaz, con más de 100.000 hectáreas rurales, no cuenta con un fuerte de Carabineros.
La administración distrital ha demostrado interés en la protección rural de la ciudad. Instalación de sensores de vigilancia en senderos, integración de servicios privados de seguridad en una oferta coordinada de vigilancia y diseño de una política de ruralidad con base en criterios de seguridad son algunas acciones en ese sentido.
No obstante, las pocas capacidades actuales y el refuerzo proyectado por parte de la administración no son suficientes frente a la criticidad de los desafíos delincuenciales, haciendo previsible que no haya un cambio positivo en los estándares de seguridad rural.
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Para poder avanzar en la solución de la inseguridad rural de la capital es necesario que la política de ruralidad distrital este fundada en un concepto estratégico que defina la magnitud real y el esfuerzo multidimensional que demandan la protección rural-natural de la ciudad y la eliminación de zonas grises entre mallas urbanas regionales.
Un concepto a partir del cual la Alcaldía Mayor ayude al Gobierno Nacional a comprender el riesgo de definir un servicio de policía ausente del control territorial y la ocupación espacial, funciones clave para construir estabilidad y garantizar la vigencia de la ley en áreas pobladas.
Esto resulta de la mayor importancia en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la misionalidad policial, que enfrenta el desafío de no quedar desnaturalizada frente a los retos que imponen los riesgos de seguridad. La transformación de seguridad rural a ambiental realizada durante el gobierno anterior ya es suficiente alarma.
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Asimismo, este concepto será el fundamento para impulsar el crecimiento del personal de carabineros a por lo menos 2.000 unidades, la multiplicación de las infraestructuras de vigilancia y control rural en el perímetro, el desarrollo de tecnologías y equipos para ampliar cobertura y agilizar respuesta, así como el mejoramiento de las alianzas interinstitucionales para gestionar estas áreas.
También permitirá una cuantificación realista y útil del aporte en capacidades que deben ofrecer algunas entidades distritales para la seguridad de sus áreas de responsabilidad. La vigilancia privada del sendero de acceso a Monserrate -dos vigilantes- demuestra la incomprensión del riesgo de seguridad, de la operación de vigilancia y de la complejidad del terreno.
Finalmente, servirá para definir un derrotero de desarrollo de la región metropolitana que integre conceptos de seguridad, conectividad, protección ambiental y servicios estatales, con miras a construir estabilidad sostenible.
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Reconocer y resolver las debilidades de seguridad rural contribuirá a una mejoría general de la seguridad y les devolverá a los bogotanos el disfrute pleno del patrimonio natural de su ciudad.
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