La más reciente encuesta de opinión pública en las localidades de Bogotá, realizada por La Luciérnaga de Caracol Radio, RED+ Noticias y el Centro Nacional de Consultoría, encontró que el 62% de los encuestados consideran a la inseguridad como su mayor preocupación, superando en 45 puntos porcentuales asuntos como el desempleo, la movilidad y la inflación.
La necesidad ciudadana de contar con seguridad, estabilidad y confianza obliga a que quien sea elegido como alcalde Mayor para el periodo 2024-2027 cuente con una propuesta de seguridad factible si quiere gobernabilidad.
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La semana anterior señalé que las promesas de seguridad de los candidatos no pueden estar sujetas a responsabilidades que superen los poderes y autoridades que le serán otorgadas como alcalde, si su interés es cumplirlas.
Con esta condición, es necesario que la promesa de seguridad sea una respuesta integral y multidimensional a los riesgos y amenazas urbanas. Es decir, que la seguridad y la confianza ciudadana no son asuntos de policías y ladrones, sino de gerencia urbana y funcionalidad, un desafío al modelo de ciudad.
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El crimen, la violencia y las incivilidades no son causas sino efectos. Son el resultado de asuntos que la sociedad no atiende adecuadamente. Algunas veces porque no los logra ver en su integralidad. Otras porque, frente a los costos y sacrificios que demandan su resolución, gobernantes y ciudadanos prefieren aplazar su atención.
También son resultado de la falta de una visión de gobierno urbano integral. Todo el gabinete de la ciudad es corresponsable en la generación de estabilidad urbana. Sus actuaciones individuales contribuyen o no a la consolidación de una ciudad en la que espacios públicos y privados promueven la convivencia y el imperio de la ley.
Construir vivienda, desarrollar malla vial, crear comedores comunitarios, generar una oferta de espacios y actividades para menores de edad, además de atender objetivos sectoriales, aporta a generar confianza, certeza de legalidad, sensación de seguridad y estado de ánimo positivo en la ciudad.
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No hay duda de que una mala sensación de seguridad urbana es producto de una gestión pública y una gerencia urbana fallidas, que no consultan la realidad ni atienden las demandas de los ciudadanos. Crimen y conflictividad son la materialización de ese escenario.
En tal sentido, la mejoría de la seguridad y convivencia urbana exige que quien esté al frente de esa tarea entienda que las acciones más rentables para atender estos desafíos se relacionan con acciones dirigidas a mejorar la funcionalidad de la urbe, la experiencia de ciudad y a anticipar los efectos de sus transformaciones.
A partir de lo cual debe desarrollar un ecosistema institucional de seguridad, convivencia y justicia para atender las tareas que superan la capacidad y voluntad de construir estabilidad, comunidad y seguridad, con base en principios de oportunidad, eficacia y legitimidad.
En su gran mayoría, los programas que compiten por el voto de los bogotanos dejan ver una predilección por la promesa de acciones contra fenómenos criminales y el desarrollo de capacidades para vigilar y luchar contra el crimen, prevaleciendo una visión de seguridad estimada como una causa y no como un efecto.
Mantener este paradigma aumenta el riesgo de que el próximo cuatrienio la ciudad no supere sus desafíos de seguridad.
De acuerdo con los resultados del Índice Integral de Seguridad en las Localidades aplicado por Probogotá Región para 2022, las asimetrías en servicios, infraestructura y espacios de uso público son determinantes de la incidencia del crimen, la violencia y las incivilidades.
Solo hay que ver estas categorías expresadas en un mapa para entender por qué sur, occidente y centro de la ciudad enfrentan tantos factores de riesgo, así como qué factores que dan más seguridad a las zonas norte y oriental.
De otra parte, aunque movilidad y transporte son temas que la mayoría de las propuestas asocian con el tema de seguridad, solo un par de programas los integran tratando de delinear el orden urbano como base de una ciudad segura, condición necesaria para entender las causas de la inseguridad.
Para retroceder en el camino hacia una ciudad donde impera la ley del más fuerte,
la promesa de seguridad debe ser un plan integral para recuperar el orden con miras a disminuir la conflictividad entre ciudadanos, de estos con las autoridades, y de esa forma aislar y visibilizar a criminales y violentos para someterlos al imperio de la ley.
Una apuesta que reivindique los derechos, las libertades y la ley recuperando el control urbano; impulsando el orden y el cuidado del espacio público, transporte y movilidad; cerrando espacios físicos, económicos y sociales al crimen; reduciendo las fuentes de conflicto y desarrollando capacidades para gestionar riesgos multidimensionales.
La promesa de seguridad más confiable es aquella que prometa una gestión integral de la ciudad que reconozca como uno de sus ejes el círculo virtuoso orden-convivencia-seguridad para devolverle la estabilidad y la confianza a Bogotá.