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(Opinión) Terrorismo en Ciudad Bolívar: fin de la remisión

La desaparición temporal de actos terroristas nunca significó su superación definitiva. Es un deber moral y una obligación democrática que autoridades y ciudadanos nos reunamos para rechazarlos y combatirlos.

César Andrés Restrepo Florez
28 de marzo de 2022 - 08:55 p. m.
Fotografía cedida del 26 de marzo de especialistas en explosivos que inspeccionan el CAI donde explotó un artefacto en Bogotá (Colombia)
Fotografía cedida del 26 de marzo de especialistas en explosivos que inspeccionan el CAI donde explotó un artefacto en Bogotá (Colombia)
Foto: MINISTERIO DE DEFENSA - MINISTERIO DE DEFENSA

La remisión es una etapa del tratamiento de un paciente con cáncer en la que se ha logrado controlar el avance de la enfermedad o han desaparecido sus signos y síntomas. Esta puede durar meses o años, periodo en el que el medico tratante debe estar alerta a cualquier señal de recaída. El riesgo de volver siempre está acechante.

El terrorismo es una enfermedad social con características similares. Una vez presente, es imposible declararlo superado en el corto o mediano plazo, no importa cual sea el tratamiento aplicado.

Entre 2003 y 2021 la ciudad ha sufrido un total de 269 actos de terrorismo, entre los que se cuentan las masacres del Club El Nogal y la Escuela de Policía General Santander -perpetradas por los terroristas de las FARC y el ELN respectivamente -. También actos de bajo impacto contra comercios, oficinas o cajeros electrónicos ejecutados por bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión, el cobro de cuentas y el control social.

En enero de 2022 el Comando Central del ELN ordenó “Elenizar la ciudad”, un llamado al terrorismo. También se han intensificado las informaciones sobre la aparición de disidencias de las FARC con amplio historial terrorista en la franja sur de la ciudad. Ambas amenazas desplegadas en un territorio en el que las estructuras autodenominadas como Primera Línea cumplen tareas logísticas, de control urbano y coordinación.

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El sábado pasado Ivana Salomé Rangel y Daniel Duque, dos ciudadanos de 5 y 12 años, fueron asesinados en una acción terrorista contra el Comando de Atención Inmediata -CAI- de Arborizadora Alta, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. Apenas tres semanas atrás, otro ataque con explosivos fue realizado contra el Estación de Policía de Sierra Morena, en el mismo sector, por suerte sin victimas fatales.

Dos actos ocurridos en tan corto periodo en la misma área sugieren la existencia de redes de financiación, coordinación y logística que facilitan el terrorismo. Venta de drogas, sicariato, extorsión y delincuencia común se entrelazan para su robustecimiento. Un contexto que los ciudadanos de esa zona sufren en silencio por miedo a terminar siendo victimas de organizaciones que ejercen control social de facto.

La superación de este contexto favorable a la violencia terrorista enfrenta varios obstáculos. En primer lugar, la duda estratégica sobre la seguridad que las autoridades heredaron de los acuerdos de La Habana. La desmovilización incompleta de las FARC, la permanencia del ELN y las bandas criminales, son prueba suficiente de la supervivencia del terrorismo.

Asimismo, el deterioro de las capacidades de la Fuerza Pública. Inteligencia y contrainteligencia débiles en asocio con una vigilancia limitada en sus capacidades operacionales y preventivas, convierte el espacio urbano en terreno fértil pera estas acciones.

De otra parte, la ruptura de la alianza entre la Fuerza Pública y los ciudadanos, que es imprescindible para la construcción de estabilidad y seguridad. Aupada por políticos oportunistas y lideres irresponsables que rotulan a las instituciones de seguridad como criminales, esta es capitalizada por los criminales con actos de terror.

Por último, está la aceptación social de la violencia como herramienta para la gestión de intereses, frustraciones o descontentos. El paro nacional de 2021 disfrazó un sinnúmero de actos terroristas de reivindicaciones legitimas, dando origen a estructuras irregulares urbanas que son de utilidad logística y operacional para los terroristas.

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Los hechos ocurridos en Ciudad Bolívar obligan a considerar la posibilidad de que se estén ejecutando pruebas a la respuesta institucional y ciudadana contra el terrorismo. Siendo así, mientras las células terroristas y redes de apoyo no sean desmanteladas, no se pueden descartar hechos terroristas en el futuro cercano.

En términos de bienes públicos y privados, el sistema de transporte y nodos con actividad comercial podrían enfrentar un riesgo aumentado. Territorialmente, áreas que mezclan infraestructuras de transporte, servicios públicos y alto flujo de ciudadanos representan un objetivo valioso para quienes quieren golpear la ciudad. Los portales de Transmilenio de Usme y Tunal son casos para analizar.

La superación definitiva del terrorismo requiere la consolidación del imperio de la ley, su aplicación efectiva y la cauterización de sus fuentes de financiación y redes de apoyo. También el rechazo sin matices de los individuos y de la sociedad a toda intención o expresión de violencia. Poca distancia hay entre quemar un colegio, un bus y poner una bomba, para quien adopta la violencia como vía de expresión.

El terrorismo es una afección social cuya superación exige observación, vigilancia y acción sostenida. Validar a quienes ejercieron, ejecutan o amenazan con el uso de la violencia para la consecución de sus intereses es garantizar su regreso periódico.

El fin de la remisión terrorista es solo un recordatorio del trabajo que, como sociedad, aún tenemos pendiente para superarlo.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá, de El Espectador.

Por César Andrés Restrepo Florez

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