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El servicio público de aseo no solo es una relación contractual entre quien paga y quien presta. Su sentido es también comunitario: una buena prestación se expresa en calles transitables, parques limpios, entornos saludables y espacios comunes que todos disfrutamos. Aunque exista una factura individual, la limpieza de una ciudad es un resultado colectivo. Por eso, la regulación no puede limitarse a definir costos; también debe dar herramientas para que la ciudadanía conozca, participe, vigile y exija calidad.
Esa es la orientación del nuevo Marco Tarifario del Servicio Público de Aseo, adoptado mediante la Resolución CRA 1040 de 2026 para aproximadamente 42 millones de habitantes de 273 municipios. El marco vincula la tarifa con resultados verificables y reconoce las diferencias territoriales de la prestación. Su concepto de "área limpia" es ilustrativo: después de la recolección, el barrido y la limpieza urbana, el resultado debe poder verse en calles, parques y zonas comunes libres de residuos. La regulación se conecta así con la salud pública, el ambiente sano y el cuidado de lo común.
La tecnología ayudará a verificar ese resultado. Herramientas asociadas al internet de las cosas, GPS e indicadores operativos permitirán seguir actividades como el barrido, el corte de césped, el lavado de áreas públicas, las rutas, los horarios y las frecuencias. Esa trazabilidad complementará los reportes empresariales y hará posible contrastar lo informado con lo ocurrido. Además, las peticiones, quejas y reclamaciones resueltas a favor del suscriptor podrán identificar incumplimientos y activar descuentos. Si la tarifa remunera una prestación, el ciudadano debe poder comprobarla.
La factura también puede convertirse en una herramienta de ciudadanía. Al mostrar componentes, cantidades, descuentos, subsidios y contribuciones, permite entender qué se cobra, reconstruir el valor facturado y formular reclamaciones sobre aspectos concretos. Más información reduce la asimetría entre prestadores y ciudadanos y fortalece el control social. En esa misma lógica, el Número Único de Identificación por Suscriptor permite reconocer que un mismo inmueble puede contener viviendas o actividades económicas distintas, y que compartir una acometida no significa necesariamente ser un único suscriptor de aseo. Identificar bien a cada unidad ayuda a aplicar correctamente la clasificación, el subsidio o la contribución que corresponda.
La eficiencia también protege al ciudadano. El marco reconoce que barrer una vía plana no supone las mismas condiciones que hacerlo en zonas con pendientes, altas temperaturas u otras particularidades. Al mismo tiempo, en recolección y transporte se comparan alternativas para reconocer la opción eficiente y, en tratamiento, se contrastan valores de referencia con los costos del servicio. Innovar es necesario, pero no cualquier costo debe trasladarse automáticamente a la tarifa.
La corresponsabilidad ciudadana adquiere, además, efectos concretos. Separar los residuos en la fuente deja de ser solo una recomendación ambiental: algunas señales del aprovechamiento dependen de que los materiales sean presentados separadamente y de que esa condición pueda verificarse para percibir un alivio tarifario. El ciudadano no está al final de la cadena; sus decisiones inciden en cuáles materiales regresan a los ciclos productivos y cuáles terminan en disposición final. Por tanto, es imperativo que cada usuario entregue recursos y materias primas, y no desechos y basura, al servicio público de aseo.
Por eso, la transición a un modelo circular en la gestión de residuos empieza a hacerse visible en la propia estructura tarifaria. El marco diferencia aprovechamiento, tratamiento y disposición final, reconoce rutas selectivas para residuos orgánicos y envía señales para priorizar alternativas de tratamiento. También reconoce que evitar la disposición final genera valor: incorpora un parámetro asociado al costo ambiental evitado por cada tonelada tratada y considera los ingresos derivados de subproductos. Transformar residuos puede producir beneficios ambientales y económicos que deben reflejarse en la remuneración del servicio, no convertirse simplemente en un costo adicional para el ciudadano.
Estas herramientas transforman la relación de la ciudadanía con el servicio público de aseo. El ciudadano puede comprender su factura, verificar la prestación, documentar incumplimientos, presentar reclamaciones y exigir los descuentos a que haya lugar. Pero esta capacidad también supone corresponsabilidad: respetar los horarios de recolección, separar los residuos en la fuente y participar activamente en el cuidado de los espacios comunes. La corresponsabilidad, sin embargo, no significa trasladar al ciudadano las obligaciones del prestador: significa que cada actor asuma su papel para garantizar un servicio eficiente, de calidad y comprometido con el bienestar colectivo.
Una tarifa justa debe traducirse en la ruta que llega, el horario que se cumple, la calle que se barre, el árbol que se poda, los residuos que encuentran alternativas al relleno sanitario y el espacio público que permanece limpio. Poner al ciudadano en el centro de la regulación significa reconocer que los servicios públicos no son simplemente una relación entre quien cobra y quien paga, sino una responsabilidad compartida que hace posible la vida en comunidad. Ese es el propósito esencial del nuevo marco tarifario del servicio público de aseo en Colombia: transformar las reglas de prestación en resultados verificables, las tarifas en bienestar colectivo y la participación ciudadana en una garantía efectiva del cuidado de lo común.
* Por Juan Camilo Acevedo Páez – Experto Comisionado CRA
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