Opinión: urge sacar la protesta social del debate de la Policía

Protesta en contra del asesinato de lideres sociales y firmantes de paz.

Foto: El Espectador - José Vargas

Analizar el lío, que ya parece libreto, como en Bogotá con “Los jueves de tropel en la Nacho” nos debe impulsar a reflexionar algo que parece básico, pero quizás no lo es: la mejor forma de atender la protesta social es que se tenga claridad sobre qué es protesta y que no. El asunto es que en Colombia no se protestaría tan constantemente si las necesidades de la población estuvieran resueltas, pero en este país no se vive, se sobrevive y la capital es una burbuja de la realidad colombiana.

La protesta es un tema de DDHH, aclarando que no los es por si interviene o no la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden UNDMO; sino desde la óptica que hasta que no haya garantías y discursos informados de salud, educación, vivienda o empleo, seguirán las protestas y esa carga no la puede seguir llevando solo nuestra Policía.

Es claro que en la mayoría de casos, quienes salen a protestar, lo hacen sin hacer parte de grupos armados o sin buscar vandalismos pagados, como se ha argumentado en la polarización ideológica. El problema es que en ciertos casos, unos pocos, hacen ver mal la protesta, pues pareciera que el fin último no fuera manifestar un descontento o exigir un derecho, sino buscar enfrentamiento con la Policía para provocar un error en el procedimiento que dé causas políticas para las elecciones vinientes. Eso sin contar los que creen que protestar es solo bloquear, en el caso de Bogotá, el sistema Transmilenio, afectando a miles de ciudadanos.

En Colombia, la protesta es un derecho, como también lo son la libre locomoción o la movilidad, pero en este país hay miedo sobre cómo abordar el tema, ya sea por el costo político o el desconocimiento del mismo, que si bien ha sido desarrollado con instrumentos como el Estatuto Nacional de Protesta Pacífica del 2021 o la circular 25 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Al final no se logran dar detalles y lineamientos específicos que desemboquen en protocolos claros frente al diferencial manejo de acuerdo a la divergencia entre protesta, marcha, plantón, bloqueo, manifestación, reclamo, vías de hecho y vandalismo.

Al final, cada puesto de mando unificado termina en medio de la tensión de un evento con la necesidad de aplicar un protocolo nacional a medio hacer y en el que todos tienen miedo de tomar decisión y acción por los costos jurídicos a futuro; en ese escenario, lastimosamente resulta la Policía Nacional pagando los platos rotos, investigaciones, sanciones y retiros, siendo que al final son los únicos que intentan cumplir con todo a pesar del enredo jurídico.

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