Parqueaderos de El Campín: un golazo a Bogotá
Los predios, que son del Distrito, los explota hace 25 años un privado. Aunque han intentado que los restituya, no lo han logrado. La ciudad ha dejado de recibir casi $14.000 millones. La historia podría repetirse con los estacionamientos del parque Simón Bolívar, el parque La Florida y el parque deportivo El Salitre.
Alexánder Marín Correa (jamarin@elespectador.com)
Un día de fútbol, al menos 2.500 vehículos llegan a los parqueaderos de El Campín. Al final del compromiso cada conductor paga $12.000. Total: el recaudo alcanza los $30 millones, que debería ir a las arcas del Distrito, dueño de los predios. Sin embargo, hace 25 años van al bolsillo de un particular. Un golazo a la administración.
La historia es tan larga como absurda. Se remonta a junio de 1992, cuando Hernán Cortés Parada, entonces director del IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte), le arrendó por cinco años a Miguel Moreno Ramos los parqueaderos norte y sur del escenario, que suman casi 20.000 metros cuadrados. Sin embargo, en 1994 descubrió que el particular había incumplido las cláusulas y declaró la caducidad del contrato. Desde entonces, el Distrito ha hecho de todo por recuperar los predios, pero no lo ha logrado. (LEA: Los privados que pagan al Distrito arriendos de parqueaderos que “dan risa”)
Las condiciones iniciales del arrendamiento fueron claras: durante el primer año pagaría $30 millones por explotar los parqueaderos. A partir del segundo, el canon aumentaría 20 % cada año. Sin embargo, Moreno Ramos no sólo los usó como estacionamiento. También instaló sin autorización caseta con publicidad, venta de comestibles, vallas, avisos, carpas, mesas, sillas y andamios, y descuidó las instalaciones. Esto llevó al Distrito a terminarle el contrato en octubre de 1994.
El contratista adelantó una estrategia para no dejarse sacar. Primero pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anulara la resolución que ponía fin al contrato. Por el otro, presentó una tutela alegando violación al debido proceso, con la que logró que un juez le ordenara al Distrito abstenerse de expulsarlo hasta que el Tribunal tomara una decisión.
El contrato se venció en 1997, pero la Alcaldía tuvo que esperar hasta mayo de 1998, cuando el Tribunal rechazó las pretensiones de Moreno Ramos y ratificó la terminación del contrato. Sin embargo, él apeló y su caso llegó al Consejo de Estado, donde permaneció casi una década, tiempo que aprovechó para cederle el contrato a Bruno Felipe Acero Salamanca, representante de Organizaciones Acero y quien al tiempo libraba otros pleitos contra el Distrito, por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento de una zona verde del parque El Salitre (que el Consejo de Estado declaró ilegal) y por el incumplimiento del contrato de explotación de puestos de comidas en el Coliseo El Campín.
En noviembre de 2011, el Consejo de Estado avaló la terminación del contrato. Habían pasado 17 años y todo parecía listo para que el Distrito retomara el control de los parqueaderos. Sin embargo, cometieron un error: para no presentar una querella de restitución de bien de uso público, acordaron con Acero Salamanca la entrega voluntaria para el 28 de febrero de 2012.
Cuando se cumplió el plazo, sorpresivamente Acero dijo que antes de entregar era necesaria una conciliación ante la Procuraduría, ya que “existían obligaciones entre las partes que se debían negociar”. Su petición era una indemnización de $900 millones, por haber administrado los inmuebles y por gastos como sueldos, auxilio de transporte, aportes parafiscales, asesorías, mantenimiento, reparaciones, entre otras cosas.
La querella
Tras el fracaso de la negociación, el Distrito al fin radicó en junio de 2012 la querella de restitución ante la Alcaldía de Teusaquillo, que en noviembre de ese año ordenó a Acero Salamanca devolver los parqueaderos y lo declaró contraventor de la norma de espacio público. La decisión fue apelada y el expediente llegó en febrero de 2014 al Consejo de Justicia de Bogotá, que en julio de 2015 revocó la orden de restitución, al encontrar errores en el proceso, los que debía corregir la Alcaldía de Teusaquillo.
Sin embargo, ese despacho, en vez de acatar la directriz, archivó el caso y pidió al Distrito radicar una nueva querella. En esa oportunidad la que apeló fue la Alcaldía Mayor y el proceso lo asumió la alcaldía local de Los Mártires, que a pesar de haber ratificado en septiembre del año pasado la orden de restitución, hoy se encuentra resolviendo un nuevo recurso que tardará un año más.
De haber cumplido el pago de $30 millones el primer período y hubiera aumentado el canon 20 % cada año, en todo este tiempo el Distrito hubiera recibido casi $14.000 millones. No obstante, según los archivos de la tesorería del IDRD, a la fecha sólo reposan comprobantes de 10 consignaciones en 1998, que suman $53 millones, es decir, un poco más de lo que puede recaudar durante un fin de semana de fútbol en El Campín. “Revisados los archivos físicos entre 1992 y 2006, y el sistema digital desde 2007, sólo se encontraron esas consignaciones de Moreno Ramos”, indicó la administración en la respuesta a un derecho de petición del concejal Julio César Acosta.
Ya son 25 años de lucha jurídica, entre dilaciones, demora de las autoridades y una equivocada estrategia de la administración. Según Iván Darío González, director (e) del IDRD, “por estar en disputa legal la recuperación de los parqueaderos, en este momento el Distrito no percibe ingresos por la explotación de esos bienes”.
Ante esto, el concejal Acosta solicitó que los organismos de control y las entidades distritales “le den celeridad al fallo, que recupere de forma inmediata este predio que es de todos los bogotanos y no tiene por qué enriquecer a un particular”.
El Espectador intentó comunicarse con Acero Salamanca, pero su secretaria dijo que le daría la razón para que devolviera la llamada. Al cierre de esta edición no se había establecido contacto.
El arrendatario
Bruno Felipe Acero Salamanca es el representante legal de la Organización Acero, creada en octubre de 1997 y propietaria de establecimientos como Centro de Eventos Carpa Cabaret, American Circus, Parking Aceros y Taberna Show Carpa Cabaret. Es un viejo conocido del Distrito en los despachos judiciales. Antes del pleito por los parqueaderos, ya había librado otros dos contra la administración, relacionados con contratos de arrendamiento.El primero fue por un contrato de 1992, en el que la Junta Administradora de Deportes de Bogotá (hoy del IDRD) le arrendó por tres años los espacios para la venta de comestibles en El Coliseo El Campín, con un canon mensual de $500.000. El 20 de febrero de 1994, le impidieron a Acero el ingreso al Coliseo, ya que el Distrito le había alquilado el escenario a la Compañía Coinverpro Ltda, que decidió arrendar los espacios a otra empresa por $3 millones mensuales. Acero Salamanca demandó al Distrito y le ganó por incumplimiento de contrato.
El segundo pleito se inició justo en medio de las discusiones por el caso del Coliseo. En septiembre de 1994, la Junta de deportes le entregó en arriendo por cinco años una zona verde en la unidad deportiva El Salitre, para que él instalara una carpa para eventos. Cuando el Distrito se dio cuenta de que ese contrato no lo podían firmar, se echó para atrás. Acero Salamanca demandó y perdió en el Consejo de Estado, porque una zona verde no se puede arrendar.
Otros parqueaderos por recuperar
La situación de los parqueaderos del estadio El Campín, no son los únicos que hoy enfrenta la administración. También libra una batalla legal contra Parking Internacional, que explota los estacionamientos del parque Simón Bolívar desde 1996, cuando firmó un contrato por 5 años y con un arrendamiento mensual de $1,5 millones.Además, otra contra Parqueaderos de La Sabana, que explota desde 1997 los parqueaderos del parque La Florida y del Parque Deportivo Salitre, cada uno con un canon de casi $1 millón.
“La administración, hasta 2015, aplicó erróneamente la renovación automática de los contratos de arrendamientos. Al encontrar que era una mala interpretación de la norma, a partir de febrero de 2016 se iniciaron gestiones para la devolución voluntaria de los parqueaderos. Sin embargo, como las diligencias de entrega resultaron fallidas, el IDRD adelantar la restitución de bien de uso público por la vía judicial, proceso que está en curso”, explicó la administración.
Un día de fútbol, al menos 2.500 vehículos llegan a los parqueaderos de El Campín. Al final del compromiso cada conductor paga $12.000. Total: el recaudo alcanza los $30 millones, que debería ir a las arcas del Distrito, dueño de los predios. Sin embargo, hace 25 años van al bolsillo de un particular. Un golazo a la administración.
La historia es tan larga como absurda. Se remonta a junio de 1992, cuando Hernán Cortés Parada, entonces director del IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte), le arrendó por cinco años a Miguel Moreno Ramos los parqueaderos norte y sur del escenario, que suman casi 20.000 metros cuadrados. Sin embargo, en 1994 descubrió que el particular había incumplido las cláusulas y declaró la caducidad del contrato. Desde entonces, el Distrito ha hecho de todo por recuperar los predios, pero no lo ha logrado. (LEA: Los privados que pagan al Distrito arriendos de parqueaderos que “dan risa”)
Las condiciones iniciales del arrendamiento fueron claras: durante el primer año pagaría $30 millones por explotar los parqueaderos. A partir del segundo, el canon aumentaría 20 % cada año. Sin embargo, Moreno Ramos no sólo los usó como estacionamiento. También instaló sin autorización caseta con publicidad, venta de comestibles, vallas, avisos, carpas, mesas, sillas y andamios, y descuidó las instalaciones. Esto llevó al Distrito a terminarle el contrato en octubre de 1994.
El contratista adelantó una estrategia para no dejarse sacar. Primero pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anulara la resolución que ponía fin al contrato. Por el otro, presentó una tutela alegando violación al debido proceso, con la que logró que un juez le ordenara al Distrito abstenerse de expulsarlo hasta que el Tribunal tomara una decisión.
El contrato se venció en 1997, pero la Alcaldía tuvo que esperar hasta mayo de 1998, cuando el Tribunal rechazó las pretensiones de Moreno Ramos y ratificó la terminación del contrato. Sin embargo, él apeló y su caso llegó al Consejo de Estado, donde permaneció casi una década, tiempo que aprovechó para cederle el contrato a Bruno Felipe Acero Salamanca, representante de Organizaciones Acero y quien al tiempo libraba otros pleitos contra el Distrito, por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento de una zona verde del parque El Salitre (que el Consejo de Estado declaró ilegal) y por el incumplimiento del contrato de explotación de puestos de comidas en el Coliseo El Campín.
En noviembre de 2011, el Consejo de Estado avaló la terminación del contrato. Habían pasado 17 años y todo parecía listo para que el Distrito retomara el control de los parqueaderos. Sin embargo, cometieron un error: para no presentar una querella de restitución de bien de uso público, acordaron con Acero Salamanca la entrega voluntaria para el 28 de febrero de 2012.
Cuando se cumplió el plazo, sorpresivamente Acero dijo que antes de entregar era necesaria una conciliación ante la Procuraduría, ya que “existían obligaciones entre las partes que se debían negociar”. Su petición era una indemnización de $900 millones, por haber administrado los inmuebles y por gastos como sueldos, auxilio de transporte, aportes parafiscales, asesorías, mantenimiento, reparaciones, entre otras cosas.
La querella
Tras el fracaso de la negociación, el Distrito al fin radicó en junio de 2012 la querella de restitución ante la Alcaldía de Teusaquillo, que en noviembre de ese año ordenó a Acero Salamanca devolver los parqueaderos y lo declaró contraventor de la norma de espacio público. La decisión fue apelada y el expediente llegó en febrero de 2014 al Consejo de Justicia de Bogotá, que en julio de 2015 revocó la orden de restitución, al encontrar errores en el proceso, los que debía corregir la Alcaldía de Teusaquillo.
Sin embargo, ese despacho, en vez de acatar la directriz, archivó el caso y pidió al Distrito radicar una nueva querella. En esa oportunidad la que apeló fue la Alcaldía Mayor y el proceso lo asumió la alcaldía local de Los Mártires, que a pesar de haber ratificado en septiembre del año pasado la orden de restitución, hoy se encuentra resolviendo un nuevo recurso que tardará un año más.
De haber cumplido el pago de $30 millones el primer período y hubiera aumentado el canon 20 % cada año, en todo este tiempo el Distrito hubiera recibido casi $14.000 millones. No obstante, según los archivos de la tesorería del IDRD, a la fecha sólo reposan comprobantes de 10 consignaciones en 1998, que suman $53 millones, es decir, un poco más de lo que puede recaudar durante un fin de semana de fútbol en El Campín. “Revisados los archivos físicos entre 1992 y 2006, y el sistema digital desde 2007, sólo se encontraron esas consignaciones de Moreno Ramos”, indicó la administración en la respuesta a un derecho de petición del concejal Julio César Acosta.
Ya son 25 años de lucha jurídica, entre dilaciones, demora de las autoridades y una equivocada estrategia de la administración. Según Iván Darío González, director (e) del IDRD, “por estar en disputa legal la recuperación de los parqueaderos, en este momento el Distrito no percibe ingresos por la explotación de esos bienes”.
Ante esto, el concejal Acosta solicitó que los organismos de control y las entidades distritales “le den celeridad al fallo, que recupere de forma inmediata este predio que es de todos los bogotanos y no tiene por qué enriquecer a un particular”.
El Espectador intentó comunicarse con Acero Salamanca, pero su secretaria dijo que le daría la razón para que devolviera la llamada. Al cierre de esta edición no se había establecido contacto.
El arrendatario
Bruno Felipe Acero Salamanca es el representante legal de la Organización Acero, creada en octubre de 1997 y propietaria de establecimientos como Centro de Eventos Carpa Cabaret, American Circus, Parking Aceros y Taberna Show Carpa Cabaret. Es un viejo conocido del Distrito en los despachos judiciales. Antes del pleito por los parqueaderos, ya había librado otros dos contra la administración, relacionados con contratos de arrendamiento.El primero fue por un contrato de 1992, en el que la Junta Administradora de Deportes de Bogotá (hoy del IDRD) le arrendó por tres años los espacios para la venta de comestibles en El Coliseo El Campín, con un canon mensual de $500.000. El 20 de febrero de 1994, le impidieron a Acero el ingreso al Coliseo, ya que el Distrito le había alquilado el escenario a la Compañía Coinverpro Ltda, que decidió arrendar los espacios a otra empresa por $3 millones mensuales. Acero Salamanca demandó al Distrito y le ganó por incumplimiento de contrato.
El segundo pleito se inició justo en medio de las discusiones por el caso del Coliseo. En septiembre de 1994, la Junta de deportes le entregó en arriendo por cinco años una zona verde en la unidad deportiva El Salitre, para que él instalara una carpa para eventos. Cuando el Distrito se dio cuenta de que ese contrato no lo podían firmar, se echó para atrás. Acero Salamanca demandó y perdió en el Consejo de Estado, porque una zona verde no se puede arrendar.
Otros parqueaderos por recuperar
La situación de los parqueaderos del estadio El Campín, no son los únicos que hoy enfrenta la administración. También libra una batalla legal contra Parking Internacional, que explota los estacionamientos del parque Simón Bolívar desde 1996, cuando firmó un contrato por 5 años y con un arrendamiento mensual de $1,5 millones.Además, otra contra Parqueaderos de La Sabana, que explota desde 1997 los parqueaderos del parque La Florida y del Parque Deportivo Salitre, cada uno con un canon de casi $1 millón.
“La administración, hasta 2015, aplicó erróneamente la renovación automática de los contratos de arrendamientos. Al encontrar que era una mala interpretación de la norma, a partir de febrero de 2016 se iniciaron gestiones para la devolución voluntaria de los parqueaderos. Sin embargo, como las diligencias de entrega resultaron fallidas, el IDRD adelantar la restitución de bien de uso público por la vía judicial, proceso que está en curso”, explicó la administración.