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La Personería de Bogotá DC encendió hoy una alerta roja sobre el estado de la Nueva EPS, calificado por el personero Andrés Castro Franco como un colapso estructural que ya está vulnerando el derecho a la salud de muchas familias bogotanas.
Según su registro, entre enero y septiembre de 2025 la institución ha recibido 1.943 quejas de afiliados que no lograron ser atendidos: un dato fuerte, que no admite medias tintas.
Las barreras para recibir atención con esta EPS son graves: cerca del 49 % de las quejas se originan por demoras en la entrega de medicamentos, mientras un 36 % de los usuarios reportan que no consiguen citas médicas. Son fallas que, en el lenguaje de la Personería, no son incidentales, sino síntomas de una crisis técnica y financiera.
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De hecho, se ha identificado que la EPS enfrenta problemas con su sistema de gestión —un software nuevo que no termina de funcionar— y con obligaciones económicas que ha acumulado frente a operadores farmacéuticos como Audifarma. Todo eso termina pagando el paciente.
Este descontrol ha generado un “efecto dominó”: algunos hospitales de alta complejidad, como el Hospital de San José, han anunciado que suspenderán servicios para pacientes de la Nueva EPS, al no poder responder a sus deudas.
El resultado es que usuarios quedan sin cita, sin tratamiento y —en los peores casos— sin medicinas para enfermedades que no admiten pausas. Y quienes sí acuden a la EPS cuando su situación empeora reciben respuestas tibias: según la Personería, el 95,3 % de las quejas deben escalarse a la Superintendencia Nacional de Salud, porque la EPS no responde directamente.
Castro Franco no es diplomático en su denuncia: “Esto es un colapso de la atención. La Nueva EPS está fallando en lo más básico: medicinas y citas. Estamos hablando de vidas en riesgo. Hago un llamado urgente para que la EPS y la Superintendencia actúen ya. La salud de los bogotanos no es un trámite que pueda esperar”. Con esa frase, la Personería deja claro que su vigilancia no es simbólica: ya evalúa acciones legales para proteger a los ciudadanos más vulnerables.
Este llamado no llega en un vacío. La crisis financiera de algunas EPS ya ha sido documentada con cifras contundentes: más de 14 billones de pesos embargados a algunas entidades prestadoras, lo que evidencia una presión enorme y sistémica dentro del sistema de salud.
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Por Redacción Bogotá
