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No cesan los reparos a la gestión de las obras en Bogotá. Los retrasos por parte de los contratistas, las prórrogas infinitas y hasta los líos prediales, siguen siendo el pan de cada día en la prensa y las diversas denuncias que tanto la comunidad, como los políticos, ha hecho sobre el tema.
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La novedad ahora es que la Personería de Bogotá, en medio de una maniobra de inspección de los trabajos en la malla vial de la ciudad, cuantificó el problema de los retrasos. Lo hizo a través de una visita aleatoria a 255 segmentos viales de la ciudad, de los 1.803 contratados, en los que encontró 110 irregularidades: 53 con presunta incidencia disciplinaria, 17 con presunta incidencia fiscal, 3 con presunta incidencia penal y 37 administrativos.
Los hallazgos, presentes en las 20 localidades de Bogotá, tienen en vilo la ejecución presupuestal de $350 millones invertidos en la reparación de la malla vial de Bogotá. En especial Antonio Nariño, Chapinero, Puente Aranda y Kennedy. También fisuras, empozamientos, mal estado o deterioro de algunos sectores intervenidos, como se observó en Barrios Unidos, Engativá y Rafael Uribe Uribe.
La concejal del Nuevo Liberalismo, Cristina Calderón Restrepo, hizo eco sobre las irregularidades hallados por la Personería. Lo de las suspensiones y prórrogas es escandaloso: En Antonio Nariño se extendió en un 100% el plazo inicialmente acordado, en Suba se suspendió en 4 ocasiones el contrato, en Rafael Uribe Uribe había fijado una entrega en 9 meses y llevan 40 meses en ejecución, en Kennedy la situación es crítica, pues 50 de los tramos planeados no se intervinieron y aún se desconoce el porqué, afirmó la cabildante.
Regresando al reporte de la Personería, la improvisación, los sobrecostos y las demoras, son las variables de común reiteración en cada uno de los frentes de obra analizados. En Ciudad Bolívar, por ejemplo, fueron trasladados $1.500 millones del rubro de subsidios tipo C, presupuestados para la atención a adultos mayores, para adicionar el contrato de malla vial. También con recursos de la Secretaría de Ambiente se adicionó el contrato para incluir nuevos segmentos viales.
Ambos cambios, dice el informe, “se realizaron sin la aprobación del comité de contratación y, lo más grave, sin soportes ni tener claro qué segmentos y por qué valores se iban a intervenir, pues no tenían estudio técnico ni de diseño”.
Por el momento, en el marco de lo que será el Plan Distrital de Desarrollo que la alcaldía le presentará a la ciudad, se espera una ansiada reforma al IDU que corrija estos contratiempos. La cruzada, que está siendo liderada por Calderón, y su bancada, que además es la de gobierno, pretende modernizar los parámetros jurídicos y técnicos que actualmente rigen la norma bajo la cual se rige la entidad, cuya antigüedad, además, data de los años ochenta.
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Por Redacción Bogotá
