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Una semana de retraso y el tiempo justo para presentar la ponencia son los dos factores que marcan la parada en la discusión por el proyecto de acuerdo que presentó la alcaldía para establecer estímulos y otras disposiciones tributarias para la ciudad.
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En consecuencia, los tiempos para que la presentación se dé se tornan estrechos y podría darse el caso de sesiones extraordinarias para que la comisión discuta el proyecto y lo pase, eventualmente, a la plenaria para su aprobación o descarte. Incluso fuentes del cabildo le contaron a El Espectador, que la corporación se encuentra en algo así como una “operación tortuga” para ganar tiempo, pues al ser esta una discusión sobre impuestos en víspera preelectoral, los actores implicados están barajando sus cartas minuciosamente.
Por el momento, las fuerzas parecen equilibradas respecto a los tres ponentes, aunque podrían decantarse para uno u otro bando —es decir, para quienes se oponen y apoyan el proyecto— dependiendo de la postura en la ponencia que tome la cabildante Diana Diago, del Centro Democrático, una de las tres concejales designadas para esta función. Los otros dos, son el concejal Julián Espinosa, de la bancada Verde, que ya mostró su postura en contra, y la cabildante Cristina Calderón, del Nuevo Liberalismo, partidaria de la propuesta del Distrito. De momento, Diago ha manifestado que ella y su equipo se encuentran analizando la propuesta, con el fin de encontrar la solución más sensata para la ciudad.
Desde el Concejo solicitan retirar proyecto mientras se eligen alcaldes locales
Debido a los impedimentos que han aplazado la discusión, la falta de socialización denunciada por la oposición y al anuncio de la salida de los 20 alcaldes locales de la ciudad, la concejala Heidy Sánchez, de la bancada del Pacto Histórico, le solicitó al alcalde Carlos Fernando Galán retirar el proyecto de incentivos tributarios mientras se reacomodan las alcaldías locales.
Señala que “los impedimentos han sido presentados, en su gran mayoría, por concejales que hoy hacen parte de la bancada de gobierno y no es casualidad que varias bancadas hallan amenazado con declararse en independencia y la respuesta sea pedir la renuncia protocolaria para alcaldías locales en medio de la discusión de este proyecto de acuerdo”.
Advierte, además, que el proyecto no se ha socializado con sectores que podrían resultar afectados, como es el caso del sector comercial, industrial, las micro pequeñas, medianas empresas de la ciudad o el comercio nocturno.
“Alcalde, si usted quiere que este proyecto de acuerdo salga adelante con transparencia, retírelo, para que, una vez reorganice las alcaldías locales, se pueda discutir a fondo el proyecto de acuerdo, pues pareciera que el tema de las alcaldías responde más una componenda de reajuste burocrático que una decisión para enfrentar las denuncias de corrupción que en algunos casos se han hecho”, señala Sánchez.
Alcaldía pidió renuncia de los 20 alcaldes locales de Bogotá
El jueves 28 de agosto, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, informó que por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, pidió la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes y alcaldesas locales de la ciudad.
A través de un trino en su cuenta de X, Quintero justificó que “la evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública”. “Hemos avanzado, sin embargo, el seguimiento y la exigencia serán cada día más rigurosos. Las alcaldías locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados”, añadió.
La decisión llega luego de antecedentes como los presuntos sobrecostos de $40 millones en motos para la estación de Policía de Chapinero, por parte de la Alcaldía local. La denuncia fue hecha por el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, y el edil de Chapinero, Daniel Velasco, quienes señalaron que mientras en Suba, Engativá y otras localidades, cada moto tuvo un costo de no más de $50 millones, en Chapinero las compraron por $93 millones.
Esto no solo elevó las críticas, sino que provocó la revisión del contrato por parte del Distrito y el posterior anuncio de la cancelación del contrato, por parte de la Secretaría de Gobierno, así como una visita administrativa por parte de la Contraloría de Bogotá.
Precisamente este ente de control anunció la apertura de una indagación preliminar para determinar si hubo o no sobrecostos en las Alcaldías Locales para ejecutar, en este caso, la Política Pública de Protección y Bienestar Animal (en las vigencias 2023 y 2024).
De esta manera, revisarán las inversiones hechas en implantación en micro chips, esterilización animal, brigadas veterinarias, programas de adopción, campañas de sensibilización, atención de urgencias, adquisición de medicamentos y suministro de alimentos, en los 20 Fondos de Desarrollo Local de las Alcaldías.
“Las alcaldías locales son ruedas sueltas, tristemente se convirtieron en cajas menores para satisfacer intereses de unos cuantos. Ha faltado firmeza y determinación para acabar con las prácticas politiqueras de antaño. Acá hay una oportunidad alcalde, la microgerencia en la ciudad está muy debilitada”, declaró por su parte la concejala Diana Diago.
El futuro del proyecto de incentivos tributarios depende ahora de la capacidad del Distrito y del Concejo para superar los impedimentos políticos y administrativos que han frenado su avance. Mientras se reorganizan las alcaldías locales y se define la postura de los ponentes, el debate continúa en suspenso, con la posibilidad de que se convoquen sesiones extraordinarias para evitar que la propuesta quede archivada.
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Por Redacción Bogotá
