Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En el extremo norte de Bogotá se libra una pelea entre pilotos de aeronave y una de las constructoras más grandes del país: Amarilo. Y todo, por cuenta de un proyecto inmobiliario denominado Hacienda El Bosque, ubicado detrás del centro comercial Bima, al pie de la futura avenida Guaymaral, y a menos de un kilómetro de la cabecera de la pista del aeropuerto Guaymaral. Mientras los pilotos dicen que es un riesgo para la operación aeronáutica, la constructora señala que todo está en regla para avanzar en su proyecto.
LEA: Ojo con quién hace citas de negocios por la web: robos y muerte vienen en aumento
Este pleito, que cumple varios meses, ya llegó a los estados judiciales. Bajo el argumento de “evitar una tragedia”, la Asociación de Pilotos y Propietarios de Aeronaves (AOPA) radicó una acción popular en contra la constructora y el proyecto, en la que piden su suspensión, pues, según dicen, “por su cercanía al aeropuerto, pondría en grave riesgo la seguridad de los futuros residentes”. El recurso legal ya lo admitió el juzgado 67 administrativo de Bogotá.
Dice la AOPA, que el proyecto vulneraría el derecho a la vida, a la seguridad y al medio ambiente de los consumidores, pues se pretende edificar en una zona sobre la cual pesa desde 2016 concepto desfavorable de la Aeronáutica Civil por ruido (ratificado en 2023), hecho que no lo estarían informando a los compradores, al igual que como los posibles riesgos de vivir cerca de un aeropuerto con operaciones diarias.
Le puede interesar: Investigan muerte de niña de 3 años que habría sido víctima de abuso y maltrato, esto se sabe
Resaltan los accionantes que, según un concepto experto, la edificación representa un peligro para las operaciones de aeronaves monomotor, debido a que el conjunto queda en la ruta de planeo para aterrizaje de emergencia, “lo que limita el campo de acción de las tripulaciones”. Esto, sumado al concepto del ruido, llevó a los pilotos a promover el recurso judicial, tras el fracaso de su trámite ante la Curaduría Urbana 3 de Bogotá, a la cual inicialmente le pidieron no se expidiera la licencia de construcción.
“El interés de la Asociación de Pilotos no es oponerse al desarrollo de la ciudad en la zona norte de Bogotá, sino prevenir la ocurrencia de un desastre futuro”, dicen los accionantes, quienes resaltan que el aeropuerto de Guaymaral es clave para las operaciones aéreas de Bogotá y el país, ya que allí pretenden trasladar el 20% de la aviación comercial , para descongestionar el tráfico en El Dorado; es espacio de formación para las nuevos pilotos, así como para el crecimiento de la industria aeronáutica, ambulancias aéreas, patrulla aérea colombiana con vuelos humanitarios y aviación del estado, entre otros.
Todo está en regla
Ante la admisión de la acción popular, la constructora Amarilo se pronunció defendiendo el proyecto y resaltando que antes de llegar a la licencia de construcción se cumplió un largo y riguroso proceso, liderado por la secretaría de Planeación, al hacer parte de un plan parcial, incluido en el plan de ordenamiento zonal del norte Lagos de Torca.
“En el marco de este proceso, liderado por la secretaría de Planeación, se agotaron varios procedimientos en el que múltiples entidades públicas, así como particulares, participaron y revisaron el proceso de expedición del plan parcial. En particular, destacamos que varios interesados presentaron observaciones al proyecto, las cuales fueron resueltas por la secretaría de Planeación que dio viabilidad al Plan Parcial”, explicó la constructora.
Más información: Si va a viajar el fin de semana recuerde el pico y placa regional. Así funcionará
Agregaron que, en el trámite de la expedición de la licencia, ante la curaduría urbana, también hubo espacio para presentar objeciones y recursos, trámite en el que la asociación de pilotos participó como tercero interesado, ejerciendo su oposición. No obstante, tanto la Curaduría como el Distrito confirmaron el visto bueno a la construcción, al contar con los estudios técnicos y fundamentos jurídicos para su desarrollo. En cuando al ruido, dicen que se adelantaron estudios acústicos y se hicieron ajustes en los diseños.
Ante la acción popular, aseguran que ejercerán sus derechos en el proceso y allegará las evidencias que desvirtúan las afirmaciones de los demandantes. Por lo tanto, al tener licencias vigentes, las obras seguirán adelante. “Confiamos en que quedará demostrado que el proyecto es plenamente viable tanto en sus aspectos técnicos como jurídicos y que con su desarrollo no se vulnerará ningún derecho”, concluyó la constructora.
Frente al pleito judicial, el Distrito también se pronunció, señalando que ambas actividades pueden convivir de manera armónica, desde que ambas partes cumplan las normas que les corresponda. Por ahora, la acción popular apenas empieza. Será el juez quien decida quién tiene la razón.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Alexánder Marín Correa
