Por irregularidades, suspenden anticipadamente controversial contrato para obras en Fontibón
La Veeduría Distrital había advertido que la modalidad de contratación iba en contravía del decreto 342 de 2019 del Gobierno Nacional, ya que para obras de malla vial y de mantenimiento de la plaza de la localidad, la exalcaldesa local Johanna Bocanegra firmó un convenio interadministrativo por $19.000 millones, en vez de realizar una licitación.
El Distrito dio por terminado de manera anticipada el proceso contractual que se llevó a cabo el 30 de diciembre del año pasado para la renovación de la plaza fundacional de Fontibón y sus calles aledañas, la cual desató gran controversia, pues, según la Veeduría Distrital, hubo posibles irregularidades tanto por la forma en que se llegó a un acuerdo con el Sistema Universitario del Eje Cafetero (Sueje) como por la promesa de pagar un adelanto de casi $10.000 millones.
>>>En contexto: El convenio de última hora que tiene en líos a la exalcaldesa de Fontibón
Con la decisión, el contrato será liquidado por mutuo acuerdo, lo que significa que los cerca de $20.000 millones previstos, tendrán que ser ejecutados según las necesidades de la localidad respetando el Estatuto de Contratación.
Ante esto, el veedor distrital, Guillermo Rivera, anunció que, en el marco del control preventivo, la Veeduría estará atenta al proceso de liquidación de este contrato y al acompañamiento a otros procesos contractuales de las alcaldías locales.
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Los cuestionamientos
La primera alerta vino de la Veeduría Distrital. Pese a que la Alcaldía local le pidió acompañar el proceso, el ente de control rechazó la invitación al considerar que la modalidad de contratación iba en contravía del decreto 342 de 2019 del Gobierno Nacional, que adoptó los denominados “Pliegos Tipo”, en los que se establece que las actividades de intervención de la malla vial y espacio público no se pueden adjudicar a través de contratos interadministrativos.
Tras la adjudicación y ante las posibles irregularidades, el mismo ente de control lanzó el pasado 24 de enero una alerta temprana, por tratarse de un eventual caso de corrupción. En respuesta, la exalcaldesa explicó que su administración eligió ese tipo de contratación debido a los compromisos presupuestales asignados para la vigencia fiscal de 2019 al Fondo de Desarrollo Local y que si no los hubiera comprometido, la localidad habría perdido esos recursos.
Por otro lado, evidenciaron que en marzo de 2019 ya habían intentado adjudicar el mismo contrato por licitación, pero el proceso no prosperó, por lo que consideran que el principal error fue falta de planeación. De la misma forma, el ente de control aseveró que los recursos públicos podrían estar en riesgo, dado que la cláusula 4 estipuló el pago anticipado del 50 %, sin dar mayores explicaciones alrededor de la decisión, ni fijó un método para corroborar el cumplimiento de los trabajos. De esta forma la Veeduría desistió de acompañar el proceso el 13 de diciembre.
Otro de los cuestionamientos, fue que la asociación contratada no tenía la experiencia ni la idoneidad para realizar dichas obras de infraestuctura. Además, que todo contrato financiado con recursos públicos debe ser publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública Secop, máximo tres días después de haberse celebrado. Sin embargo, la información solo fue cargada hasta el 16 de enero de este año, es decir, al haber transcurrido medio mes.
El Distrito dio por terminado de manera anticipada el proceso contractual que se llevó a cabo el 30 de diciembre del año pasado para la renovación de la plaza fundacional de Fontibón y sus calles aledañas, la cual desató gran controversia, pues, según la Veeduría Distrital, hubo posibles irregularidades tanto por la forma en que se llegó a un acuerdo con el Sistema Universitario del Eje Cafetero (Sueje) como por la promesa de pagar un adelanto de casi $10.000 millones.
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Con la decisión, el contrato será liquidado por mutuo acuerdo, lo que significa que los cerca de $20.000 millones previstos, tendrán que ser ejecutados según las necesidades de la localidad respetando el Estatuto de Contratación.
Ante esto, el veedor distrital, Guillermo Rivera, anunció que, en el marco del control preventivo, la Veeduría estará atenta al proceso de liquidación de este contrato y al acompañamiento a otros procesos contractuales de las alcaldías locales.
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Los cuestionamientos
La primera alerta vino de la Veeduría Distrital. Pese a que la Alcaldía local le pidió acompañar el proceso, el ente de control rechazó la invitación al considerar que la modalidad de contratación iba en contravía del decreto 342 de 2019 del Gobierno Nacional, que adoptó los denominados “Pliegos Tipo”, en los que se establece que las actividades de intervención de la malla vial y espacio público no se pueden adjudicar a través de contratos interadministrativos.
Tras la adjudicación y ante las posibles irregularidades, el mismo ente de control lanzó el pasado 24 de enero una alerta temprana, por tratarse de un eventual caso de corrupción. En respuesta, la exalcaldesa explicó que su administración eligió ese tipo de contratación debido a los compromisos presupuestales asignados para la vigencia fiscal de 2019 al Fondo de Desarrollo Local y que si no los hubiera comprometido, la localidad habría perdido esos recursos.
Por otro lado, evidenciaron que en marzo de 2019 ya habían intentado adjudicar el mismo contrato por licitación, pero el proceso no prosperó, por lo que consideran que el principal error fue falta de planeación. De la misma forma, el ente de control aseveró que los recursos públicos podrían estar en riesgo, dado que la cláusula 4 estipuló el pago anticipado del 50 %, sin dar mayores explicaciones alrededor de la decisión, ni fijó un método para corroborar el cumplimiento de los trabajos. De esta forma la Veeduría desistió de acompañar el proceso el 13 de diciembre.
Otro de los cuestionamientos, fue que la asociación contratada no tenía la experiencia ni la idoneidad para realizar dichas obras de infraestuctura. Además, que todo contrato financiado con recursos públicos debe ser publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública Secop, máximo tres días después de haberse celebrado. Sin embargo, la información solo fue cargada hasta el 16 de enero de este año, es decir, al haber transcurrido medio mes.