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En el sector de La Azotea, en Ciudad Bolívar, una disputa entre el Distrito y un constructor privado llevó a la Procuraduría a intervenir para intentar destrabar un pleito que se arrastra desde hace varios años y que hoy expone, otra vez, las dificultades para ordenar el crecimiento urbano en zonas vulnerables de la ciudad.
En contexto: Nuevo frente de controversia por el fallido plan parcial Azoteas en Ciudad Bolívar
La controversia gira en torno a un proyecto de vivienda que nunca se materializó (plan parcial Ciudad Bolívar 75 – Azoteas) y que ahora enfrenta a la Alcaldía de Bogotá con el desarrollador urbano Grupo Malkenu. En medio del desacuerdo, la Procuraduría citó a las partes a una audiencia de conciliación extrajudicial, prevista inicialmente para el 21 de enero, pero que fue aplazada para el 3 de febrero de 2026, tras una solicitud presentada por la Secretaría Distrital de Planeación.
La Azotea no es un territorio cualquiera. Se trata de una amplia franja de más de 300 hectáreas, ubicada en la zona rural de Ciudad Bolívar, cerca de Mochuelo Alto y en el límite con Soacha. Durante al menos 15 años, este sector ha sido escenario de ocupaciones irregulares, disputas por la propiedad de la tierra y múltiples decisiones administrativas que han terminado anuladas por los jueces. En ese sentido, para cientos de familias el sector ha sido una opción precaria para levantar sus viviendas, mientras que para las autoridades, una problemática cada vez más compleja de manejar.
El plan parcial y el desacuerdo
En este contexto nació, en 2021, una ambiciosa propuesta privada para transformar la zona. El plan, denominado Ciudad Bolívar 75 – Azoteas, buscaba desarrollar cerca de 75.000 viviendas de interés social, con el argumento de llevar urbanismo formal a un territorio marcado por el abandono estatal y la presencia de urbanizadores ilegales, conocidos popularmente como “tierreros”.
Según el constructor, la propuesta fue radicada en diciembre de ese año y, por ley, el Distrito tenía 90 días para pronunciarse sobre su viabilidad. Sin embargo, la empresa sostiene que nunca recibió una notificación clara de la decisión que descartó el proyecto. A partir de ese supuesto silencio administrativo, Malkenu asegura haber sufrido un daño económico que calcula en casi 2 billones de pesos.
Desde la otra orilla, la Secretaría Distrital de Planeación reconoce que sí evaluó la iniciativa y que elaboró un documento técnico en el que explicó por qué el proyecto no podía avanzar. En ese análisis, la entidad concluyó que La Azotea presenta problemas graves: falta de acceso garantizado a agua potable, riesgos del terreno, dificultades ambientales y limitaciones en las vías de acceso. Todo ello para subrayar la inviabilidad de una urbanización de gran escala.
Planeación sostiene que la respuesta fue enviada, pero que un posible error en la dirección electrónica impidió que llegara al destinatario correcto. El desarrollador, por su parte, insiste en que nunca fue notificado dentro de los plazos legales.
En medio de ese cruce de versiones, la Procuraduría decidió convocar a una conciliación para evitar que el conflicto termine en los tribunales. La audiencia busca que el Distrito y el constructor exploren una salida negociada, antes de que se active una demanda multimillonaria contra la ciudad.
Entretanto, mientras el pulso jurídico avanza, la realidad en el territorio sigue siendo la misma. Las familias continúan viviendo en un sector con servicios limitados, riesgos ambientales y una incertidumbre permanente sobre el futuro del suelo que habitan. El anuncio de grandes proyectos y las promesas de transformación van y vienen sin que hasta ahora se traduzcan en una solución estructural.
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Por Redacción Bogotá
