La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al exsecretario de Educación, Abel Rodríguez, por irregularidades en el proceso contractual adelantado para la compra del predio El Clavel para reubicar el Centro Educativo Distrital Mochuelo Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar.
En la determinación de única instancia se impuso la misma sanción a Yaneth Liliana González Vargas, en su calidad de profesional de la subdirección de plantas físicas de la Secretaría de Educación de Bogotá y destituyó e inhabilitó por 10 años a los señores Ángel Augusto Pérez Martínez, subsecretario administrativo para la época de los hechos y Jairo Iván Loaiza Agudelo, en su calidad de subdirector de Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito.
La Procuraduría estableció que la Secretaría de Educación adquirió el mencionado predio pese a los problemas técnicos que en su momento fueron advertidos por un ingeniero catastral contratado para analizar la viabilidad de los diferentes predios ofrecidos para la reubicación de la citada institución educativa, y que sumados a los inconvenientes jurídicos, imposibilitaban la construcción del centro educativo.
Dentro de la investigación, el Ministerio Público destaca que el predio no contaba con las exigencias para la prestación de servicios públicos, estaba localizado en una zona de alta fragilidad, el predio estaba afectado por el paso de una línea de transmisión de energía de 115 kilovatios, lo que exige una franja de aislamiento de 10 metros a lado y lado del eje y sobre este lote, entre otros aspectos.
De otra parte, se presentaron sobrecostos en la adquisición del pedio El Clavel, situación que generó un incremento patrimonial injustificado a favor del propietario, pues de acuerdo con el avalúo realizado por la Cámara de la Propiedad Raíz – Lonja Inmobiliaria el predio tenía un valor total de $192.680.80 y la Secretaría de Educación pagó $1.491.043.208, “a lo cual debe agregarse que el disciplinado reconoció un ajuste del precio por la cabida del inmueble, cuando éste se había prometido en venta como cuerpo cierto”.
Igualmente, el Ministerio Público encontró responsable al exsubsecretario administrativo de la Secretaría de Educación, Ángel Augusto Pérez Martínez, de haber participado en el proceso de adquisición sin advertir al secretario de Educación que este predio resultaba inconveniente para la construcción de un centro educativo.
Adicionalmente, permitió que se efectuara la compra de este terreno en condiciones de sobreprecio y se incrementara injustificadamente el patrimonio de un tercero, en este caso del propietario del predio El Clavel.
Por estos mismos hechos, la Procuraduría sancionó disciplinariamente al señor Jairo Iván Loaiza Agudelo en su condición de subdirector de Plantas Físicas de la Secretaría de Educación, y la señora Yaneth Liliana González Vargas, profesional de la misma subdirección.
Contra esta decisión de única instancia procede el recurso de reposición ante el despacho del procurador general de la Nación.
La historia que lleva a la citación de Rodríguez comenzó en 2005, año en el cual la Secretaría adelantaba diligencias para reubicar el colegio Mochuelo Bajo debido a que recibía los malos olores provenientes del Relleno Sanitario Doña Juana. En ese entonces, se identificaron tres lotes que podrían servir como posible sede: El Clavel, El Cerezo y El Mochuelo.
En octubre 18 de 2005 el ingeniero Walter Álvarez Bustos envió una comunicación a la señora González Vargas, en la cual exponía los resultados del análisis de los tres predios mencionados. “Es un lote que por su magnitud (casi seis hectáreas, más de 51 mil metros cuadrados) representaría el realizar un gran esfuerzo económico por parte de la SED, no solamente para su adquisición, sino para la construcción del colegio y adecuación de otros espacios lúdicos y deportivos. Es para el suscrito la opción C”, dice el informe al referirse al lote El Clavel. En el informe del ingeniero Álvarez consta que el mencionado lote se encuentra en un proceso de “sucesión de Telésforo González Ramírez. Partición distribuida en cuatro adjudicatarios”.
Por El Espectador
