La Procuraduría General de la Nación anunció que iniciará una investigación preliminar contra Heidy Sánchez, concejal de Bogotá por el partido Colombia Humana, por información publicada en sus redes sociales que presuntamente habría derivado en ataques a ambulancias durante las protestas del pasado sábado 22 de mayo.
El ente de control explicó en un comunicado que solicitó realizar diferentes pruebas “con el fin de verificar la ocurrencia de la presunta conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad”.
De igual forma anunció que entregó copias a las procuradurías distritales para que durante la investigación también se indague la denuncia que hizo la cabildante sobre las agresiones oculares que habrían sufrido algunos ciudadanos durante las protestas.
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Los hechos se remontan a la noche del sábado 22 de mayo, cuando la concejal publicó en su cuenta de Twitter un video en el que se ve a una manifestante denunciando que personas que participaban en las protestas habían encontrado gases lacrimógenos dentro de una ambulancia.
Ese mismo día, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, anunció que la información era falsa, pues la ambulancia que se dirigía hacia el lugar iba a recoger a un policía que había resultado herido en medio de las manifestaciones y que, debido al mensaje, la misión médica había sido atacada.
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Tras el anuncio de la investigación, la concejal informó por sus redes sociales que estará presta al requerimiento de cualquier entidad. “Estaré presta a cualquier llamado de la justicia y de las instituciones, esperando que se respeten todas las garantías en el marco del derecho al debido proceso. Reitero que los hechos de los que se me acusa ocurrieron ANTES de publicar los tweets señalados”, dijo en un trino.
Y agregó: “Sin embargo, hay que decir que sorprende la celeridad de la Fiscalía y la Procuraduría al abrir indagación preliminar en este caso, cuando no ha ocurrido igual a la hora de investigar las violaciones a los DDHH. Seguimos adelante en nuestra tarea: servir de voz para la gente”.
Finalmente la Procuraduría hizo un llamado a los funcionarios públicos a que sean “responsables de la información que suministran a la opinión pública, sus publicaciones en redes sociales, y las declaraciones a medios comunicación. Teniendo en cuenta que esta debe estar basada en datos comprobados, hechos ciertos, a fin de evitar que información tergiversada o desinformación, causen pánico, generen violencia o incentiven el odio”.
Por Redacción Bogotá
